Tres dictámenes periciales independientes señalan que los vales de Mercomuna de 2025 incumplen con ocho de14 medidas de seguridad
Los vales del programa Mercomuna del Gobierno de la Ciudad de México presentan deficiencias en sus medidas de seguridad, lo que los hace susceptibles de falsificación y pone en riesgo los recursos públicos destinados al programa, de acuerdo con tres dictámenes periciales independientes publicados en el sitio dictamen-mercomuna.com.
El programa, que busca apoyar a 355 mil familias capitalinas en 2025, cuenta con un presupuesto de 440 millones de pesos, y se estima que alcanzará mil 240 millones al término del sexenio.
Según los peritajes, los vales emitidos por la empresa de nueva creación Previvale, adjudicataria del contrato, incumplen con ocho de las 14 medidas de seguridad exigidas por la propia administración capitalina.
Entre los elementos ausentes se encuentran la marca de agua, gramaje del papel, tintas de alta seguridad y termocromática, secuencia Eurión, algoritmo alfanumérico, código QR y código de barras, este último distinto al requerido oficialmente.
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Dichas omisiones, indican los especialistas, permiten que los vales puedan ser reproducidos mediante una simple copia, lo que genera un riesgo operativo y patrimonial tanto para el gobierno como para los comercios participantes.
Los peritajes ya fueron entregados a las autoridades capitalinas, y diversos medios nacionales han señalado el riesgo jurídico y económico que implican estas fallas de seguridad, tanto para el erario como para los establecimientos que aceptan los vales.
El riesgo podría incrementarse si la misma empresa, Previvale, resulta adjudicada esta semana con la licitación de los vales de fin de año del Gobierno de la Ciudad de México, cuyo monto supera los 3 mil 700 millones de pesos.
De acuerdo con documentos públicos de la junta de aclaraciones celebrada el 30 de octubre, las nuevas bases de licitación eliminaron el requisito de presentar estados financieros auditados de los últimos tres años, lo que había sido una práctica constante en licitaciones anteriores.
Analistas consultados advierten que, al ser el proveedor quien debe responder por cualquier irregularidad o falsificación, la combinación entre la falta de medidas de seguridad y la ausencia de controles financieros podría representar un alto riesgo jurídico y económico para la administración capitalina.
Con información de López-Dóriga Digital
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