Esto derivó en la Guerra Cristera, que dejó, según diversas estimaciones, 250 mil muertos, en los tres años que duró
El asedio a quienes profesan o son guías, sacerdotes o pastores de una religión no es nuevo ni exclusivo de México. Pero sí es preocupante pues según el más reciente reporte bianual de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, titulado “Libertad religiosa en el mundo 2025”, en México se vive un aumento de discriminación.
Y la causa principal es la “discriminación por Organización criminal”.
Según este estudio, en México, el 95.7 por ciento de la población es de cristianos; seguido de musulmanes (0.09%), budistas (0.02%), hindúes (0.01%) y judíos (0.03%).
Aunque en México la libertad religiosa está garantizada por la Constitución y su ejercicio está regulado por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el informe advierte que la violencia del crimen organizado, la impunidad y la corrupción amenazan gravemente este derecho.
Establece que: “Se documentaron asesinatos de sacerdotes, laicos y líderes evangélicos, además de profanaciones y extorsiones contra iglesias, en un clima de creciente inseguridad”.
Es tajante: “El Centro Católico Multimedial (CCM), que lleva recopilando datos desde 1990 y publicando informes anuales desde 2018, registra los episodios de violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia católica que se producen en México. Los informes de 2023 y 2024 recogen los asesinatos de tres sacerdotes, así como cinco casos de agresión con agravantes. Señalan que durante los seis años de mandato del presidente López Obrador, 10 sacerdotes fueron asesinados, otros 10 fueron víctimas de violencia y se produjeron alrededor de 900 episodios de extorsión que afectaron a miembros de la Iglesia católica”.
Ejemplifica que:
– Eduardo Cervantes Merino, obispo de Orizaba, y los sacerdotes que lo acompañaban, fueron asaltados y le robaron sus pertenencias, incluido el anillo episcopal
– Al obispo Gonzalo Alonso Calzada Guerrero le robaron, le ataron y le abandonaron en una ladera.
– La Asociación de Pastores Evangélicos denunció que narcotraficantes de Chiapas exigían el pago de 1,500 dólares al mes, para permitir que las iglesias permanecieran abiertas.
Por eso el estudio advierte que “el actual clima de impunidad favorece que las organizaciones criminales repitan estos actos de intimidación contra los miembros del clero que se resisten a sus exigencias”.
Concluye que: “México sigue enfrentándose a un panorama desolador de asesinatos de clérigos y laicos, así como de agresiones, extorsiones y profanación de lugares de culto y objetos sagrados, todo ello agravado por un clima de flagrante impunidad. El crimen organizado, el tráfico de drogas, los conflictos por la tierra y la corrupción continúan. Otros informes han concluido que México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el trabajo pastoral. Ante la falta de acción del Estado, en las zonas dominadas por el crimen organizado, los líderes religiosos alzan su voz contra la violencia y asumen el papel de protectores de sus comunidades. Esto los convierte en objetivos para imponer el miedo y el silencio a los habitantes de los pueblos, lo que a su vez permite a los grupos criminales seguir traficando con armas y drogas.
Conforme el informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, la perspectiva, ya de por sí negativa, ha empeorado tras los cambios en el Gobierno y en el poder judicial, que favorecen la impunidad y alientan la audacia de los delincuentes.
No tenemos en México buenos antecedentes de este tema.
Hace casi un siglo, en 1926, la relación entre el gobierno de México y la iglesia católica se turnó áspero.
Fueron expulsados sacerdotes extranjeros y el gobierno de Plutarco Elías Calles cerró conventos y colegios, debido a que los religiosos no acataron un nuevo reglamento que imposibilitaba la existencia de las escuelas católicas.
Esto derivó en la Guerra Cristera, que dejó, según diversas estimaciones, 250 mil muertos, en los tres años que duró.
A veces no aprendemos del pasado.
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