La nueva versión de la ley restaría eficacia al amparo, quitándole su razón de ser en la defensa de las garantías de los ciudadanos
LIC. ERNESTINA GODOY,
CONSEJERA JURÍDICA,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:
+Garantía: aval, resguardo, respaldo.
Diccionario de la Real Academia
A todos nos queda claro que ha habido cierto abuso del amparo, como en casos de pago de impuestos o de delincuentes que buscan evadir la justicia; ciertamente enoja ver que un fulano con un negro historial salga de la prisión preventiva porque le concedieron un amparo. Pero no dejo de preguntarme si estos casos obedecen a que las fiscalías preparan mal sus casos, si los jueces son corruptos o las dos juntas.
Entiendo que la iniciativa para modificar la Ley de Amparo busca contener tales abusos, pero a decir de varios abogados con lo que he platicado, nos coloca en la tesitura de pagar justos por pecadores. Una de las críticas que los abogados hacen a la iniciativa es que exigiría más requisitos al solicitante, con lo cual se reduciría la protección a los individuos y esto es un contrasentido en la 4T que se dice humanista.
Otra de las limitaciones que implica la propuesta de modificación es que el solicitante deberá demostrar que el interés público está por debajo del peso de sus garantías constitucionales. Pongamos un ejemplo hipotético, doña Ernestina: imaginemos que un padre de familia, habitante de Tula, se ampara contra el funcionamiento de la Refinería ubicada en ese municipio.
El acto de autoridad impugnado estaría en el funcionamiento de la refinería, sobre el cual el padre estaría alegando que produce una gran cantidad de contaminación, al punto de que en esa zona la incidencia de cáncer y otras enfermedades es mucho mayor que la media nacional. Ahora imaginemos también que los miembros de esta familia todavía no están enfermos.
Cómo cree usted que deba resolver el juez: ¿a favor de PEMEX, alegando la necesidad del país por contar con soberanía energética, o a favor de un ciudadano que teme por la salud propia y la de sus hijos? Porque con otra, doña Ernestina, la nueva ley exige que los amparos no se concedan preventivamente para un daño.
Asimismo, el beneficio por el otorgamiento de un amparo para un individuo ahora no podría ser extensivo para otras personas que se encuentren en el mismo caso. Ello nos lleva a otro ejemplo: seguramente usted recuerda cuando el expresidente quiso modificar la Ley de la Industria Eléctrica en el sentido de que obligadamente se despachara primero la energía generada por la CFE, sin tomar en cuenta si la generada por empresas privadas era más barata y de origen más limpio.
Tal ley tenía un problema de constitucionalidad, pues contravenía un artículo que define que México se rige por una economía de mercado de libre competencia para brindar los productos y servicios al mejor precio posible en beneficio de los ciudadanos. Además, estaba desconociendo contratos previamente firmados entre el Estado mexicano y los productores de energía.
Pues bien, una de las empresas presentó una defensa jurídica contra la nueva ley y le fue concedido el amparo, el cual se hizo extensivo a las demás empresas que se encontraban en la misma situación. Me pregunto qué pasaría con la nueva ley si la protección del amparo no abarcaría a otros quejosos en las mismas circunstancias.
Hay otro aspecto de la iniciativa que, me temo, no han calculado las consecuencias y es el que se refiere a darle carta blanca a la Unidad de Inteligencia Financiera en la aplicación de sus sanciones. Una vez que la UIF haya concluido que los dineros de X persona podrían tener procedencia ilícita, ese capital quedaría congelado hasta que el afectado demuestre lo contrario en un juicio. Nótese, doña Ernestina: el acusado tendría que demostrar su inocencia y no la UIF demostrar la culpabilidad. Esta parte de la iniciativa seguramente va a espantar a muchos capitales y se los van a llevar fuera del país.
En fin, señora Consejera, todo indica que no es modificando la ley como se evitan esos abusos, sino contando con jueces, ministerios públicos y fiscales capaces e íntegros. Por cierto, si la mitad de los jueces son nuevos, en teoría los mejores, y si ya existe un Órgano de Disciplina que vigila su desempeño, también en teoría no debería haber problemas con el abuso de los amparos. ¿O no fue para eso que se hizo la Reforma al Poder Judicial?
Platiqué off the record con un distinguido abogado sobre la iniciativa para modificar la Ley de Amparo y lo menos que me dijo es que “al gobierno ya no le gusta seguir perdiendo y, en vez de poner gente más calificada para resolver sus casos, cambia las reglas del juego”.
Y lo más grave, licenciada Godoy: la nueva versión de la ley restaría eficacia al amparo, quitándole su razón de ser en la defensa de las garantías de los ciudadanos.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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