Mientras convertía al país en narcoestado, eliminó de la Constitución capitalina el respeto a la propiedad privada, legalizó la ocupación, obligó a los dueños informar sobre el uso de sus casas y, por último, quitó las propiedades de opositores que no las ocupen
Mientras convertía al país en narcoestado, eliminó de la Constitución capitalina el respeto a la propiedad privada, legalizó la ocupación, obligó a los dueños informar sobre el uso de sus casas y, por último, quitó las propiedades de opositores que no las ocupen.
Así fue la estrategia seguida para controlar la vivienda en el populismo venezolano, hasta llegar, hoy, a la confiscación de propiedades de emigrados y opositores, para usarlas por cuerpos de seguridad, y por funcionarios a quienes simplemente les gusten.
El chavismo venezolano arrancó su Plan Okupa con un conteo de propiedades, que detectó cuatro millones de hogares cuyos dueños no las ocupaban, porque se habían ido temporalmente del país en espera del fin de las actuales crisis económica y de seguridad.
La convocatoria, disfrazada de “censo de viviendas”, fue denunciada por dirigentes comunitarios y víctimas de invasiones, como un operativo gubernamental dirigido a ubicar inmuebles desocupados, y llenarlos con usurpadores fieles al régimen.
Armando.Info y CONNECTAS publicaron una historia sobre la expropiación chavista de casas, que es idéntica a la confiscación del gobierno cubano a los inmuebles de quienes se van al en busca de mejores condiciones de vida, como millones de mexicanos.
Ponen a las viviendas la etiqueta de “Incautada” y les cambian la cerradura. Se llevan documentos, ropa y otros bienes. Es un proceso autoritario sin ningún tipo de justificación legal, más que el dedo acusatorio del dictador Maduro, en sus conferencias diarias.
Cuenta un afectado, José Ignacio Hernández:
“En mi casa tenía mis recuerdos, tarjetas de Día del Padre, fotografías, libros. Te confiscan tus memorias, eso es lo más doloroso. Más allá del inmueble, que además también era mi principal patrimonio, al final te quitan la memoria física de tu vida”.
El reportaje provoca espanto, y recuerda la política rapaz de Hitler contra las propiedades de los judíos:
“Allegados al mayor general Iván Hernández, titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar, compartieron fotografías de la fiesta de boda del militar en una casa, cuya dueña es Isabel González Capriles. Su abuelo construyó la casa y allí crecieron su madre, y luego Isabel y sus cuatro hermanas.
Isabel vive en Alemania. Rentó la casa, pero le fue ocupada sin orden legal alguna. Al inquilino y a su familia les exigieron desalojar y les dieron 15 días para retirar todas sus pertenencias. El patrimonio de esa familia es ahora lugar de fiestas para funcionarios”.
El texto detalla el modo de operar: los agentes del gobierno ingresan a la propiedad deshabitada y se llevan autos, computadoras, cajas y bolsas llenas de como ropa y juguetes. Son ladrones oficiales. Toman el país como su piñata.
Y no hay a quién reclamar, porque el gobierno controla al Poder Judicial.
Simplemente es: ¡Exprópiese!
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