La condena de Bolsonaro es un hito judicial de alcance histórico en defensa de la democracia y sus instituciones, pero no resuelve por sí sola la fractura política de Brasil
Por Daniel Zovatto
Director y editor de Radar Latam 360
La política brasileña acaba de ingresar en un terreno inexplorado. La condena del Supremo Tribunal Federal (STF) contra el expresidente Jair Messias Bolsonaro no es un fallo más: es la primera vez en los 135 años de la República que un expresidente y altos mandos militares son declarados culpables de planear un golpe de Estado. La decisión, adoptada en la Sala Primera por cuatro votos contra uno, constituye un parteaguas en la historia democrática del país y se da, además, en el simbólico año en que Brasil celebra cuatro décadas de su redemocratización.
Un fallo histórico y sin precedentes
El veredicto condena a Bolsonaro por cinco delitos —entre ellos intento de golpe de Estado, abolición del orden democrático y pertenencia a organización criminal— junto a tres exgenerales, un almirante y un teniente coronel. La jueza Carmen Lúcia Antunes Rocha, cuyo voto fue decisivo, señaló la existencia de un “plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas” orientado a impedir la alternancia pacífica en el poder tras las elecciones de 2022.
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Las pruebas presentadas en el proceso fueron contundentes: un borrador para anular los comicios, la presión para involucrar a las Fuerzas Armadas, la descalificación sistemática del sistema electoral, amenazas al Poder Judicial e incluso planes de atentar contra altas autoridades, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La dimensión de la conspiración confirma que no se trató de excesos aislados, sino de un intento coordinado y deliberado de quebrar violentamente el Estado de Derecho e instalar una dictadura.
La votación quedó 4 a 1 en contra del expresidente: los jueces Alexandre de Moraes, Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin se pronunciaron por la condena, mientras que Luiz Fux consideró que el Supremo carecía de competencia para juzgarlo y pidió su absolución. Esa minoría, sin embargo, podría ser utilizada más adelante como argumento para quienes exploran amnistías o indultos.
La condena impuesta a Bolsonaro es contundente e inédita: 27 años y tres meses, siendo 24 años y nueve meses en prisión, en régimen cerrado.
Bolsonaro, un líder condenado pero aún influyente
Este fallo rompe con una tradición de impunidad hacia militares y exmandatarios involucrados en complots golpistas. Envía, al mismo tiempo, una señal de que en Brasil nadie está por encima de la Constitución. Pero no implica, necesariamente, el debilitamiento político inmediato de Bolsonaro.
Las encuestas reflejan una sociedad profundamente dividida: el 36% de los brasileños niega su responsabilidad en el intento de golpe, el 39% considera injusto su arresto domiciliario y el 42% lo percibe como víctima de persecución política. Para millones de seguidores, la condena lo eleva a la categoría de mártir frente a lo que llaman una “dictadura judicial”. En este clima de victimización, la polarización se mantiene intacta e incluso podría intensificarse de cara a las elecciones de 2026.
Conviene recordar que el expresidente ya acumulaba inhabilitaciones anteriores dictadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE): en junio de 2023 fue sancionado por desacreditar el sistema electrónico de votación ante embajadores, y en octubre de ese mismo año, junto a su excompañero de fórmula el general Braga Netto, fue condenado a ocho años de inelegibilidad por el uso electoral de las celebraciones del 7 de septiembre de 2022. Como resultado, Bolsonaro no podrá competir en elecciones hasta 2030.
Sus partidarios, sin embargo, buscan revertir esta situación. La opción más discutida es la aprobación de una amnistía en el Congreso, aunque un eventual veto de Lula o una declaración de inconstitucionalidad del Supremo la hacen incierta. Otra alternativa es un indulto, en caso de triunfo de un candidato de derecha o extrema derecha en 2026.
El desafío mayor: resiliencia democrática
La condena de Bolsonaro es un hito judicial de alcance histórico en defensa de la democracia y sus instituciones, pero no resuelve por sí sola la fractura política del país. Al contrario, la puede profundizar.
El gran desafío ahora es doble: por un lado, contener la reacción de los grupos bolsonaristas que ya movilizan narrativas de persecución; por otro, medir la respuesta de la administración Trump en Estados Unidos, cuya afinidad con Bolsonaro podría tener repercusiones regionales.
Brasil debe poner así nuevamente a prueba la fortaleza de sus instituciones en un contexto de democracia fatigada y polarización creciente. La justicia ha marcado un límite claro contra la impunidad, pero la política debe encontrar los caminos para que esta rendición de cuentas se traduzca en más confianza ciudadana y no en una espiral de radicalización.
Conclusión
La decisión del STF marca un antes y un después en Brasil y en la región. Envía un mensaje claro: los intentos de subvertir el orden democrático tendrán serias consecuencias y no habrá impunidad. Sin embargo, el futuro de la democracia brasileña no se definirá únicamente en los tribunales, sino en la capacidad de sus instituciones y liderazgos políticos de reconstruir consensos, reducir la polarización y evitar que la justicia se convierta en un nuevo combustible para la confrontación.
El fallo contra Bolsonaro marca, sin duda, el fin de una era de impunidad, pero también inaugura un nuevo y complejo capítulo en la lucha de Brasil por consolidar una democracia fuerte, resiliente y capaz de resistir tanto las amenazas internas como las presiones externas.
Indudablemente, la democracia brasileña tiene aún un largo camino por recorrer, plagado de obstáculos, desafíos y riesgos, pero hoy ha dado un paso histórico en la dirección correcta. Y ese avance no solo tiene un enorme valor para Brasil, sino también para todas las democracias de América Latina.
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