Ese caso ocurrió en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle y no se resolvió en la primera administración morenista, de Miguel Barbosa
Por el presunto pago de sobornos y tráfico de influencias, empresarios mexicanos estarían en la mira del Tesoro estadounidense. Entre los primeros indiciados, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, con proyectos en intereses en el centro-sur del Golfo de México.
Roma Energy, empresa establecida en Houston, Texas, es razón social de la proveedora de Pemex que habría incurrido en actos de corrupción. En 2016 obtuvo un contrato en la ronda 1, para explotar un campo maduro en Paraíso, Tabasco, aunque los sobornos —que incluyen artículos de lujo y dinero en efectivo— habrían sido entregados entre 2019 y 2021.
También en la mira estarían, según las denuncias digitales de Simón Levy Dabbah –“aspirante a agente de la DEA”, minimizó la presidenta Claudia Sheinbaum—otros empresarios del sureste, también del ramo energético, con vínculos familiares con la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Los presuntos implicados son Santiago Jara Gutiérrez y Luis Abelardo Gonzáles colaboran con Christoph Mayrhofer, el principal directivo de la firma Oneart Aventia, enfocada a la comercialización de tecnología para el tratamiento y purificación de aguas residuales. En México tienen la representación del fabricante alemán INTEWA GmbH, presente en el mercado desde 1993.
González fungió como jefe de la Unidad de Energías Renovables en la SENER en el primer tramo del sexenio lopezobradorista. Su paso (breve) por el servicio público estuvo precedido por su participación en la Corporación Ecoenergiza, dedicada a los servicios de equipamiento.
Las puertas giratorias. Hace tres años comenzó su colaboración con la asociación Sol y Litio, al tiempo que públicamente expresaba sus simpatías por el diputado Ignacio Mier y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
El diferendo entre Simón Levy y los empresarios están ligados a la llegada a México de proyectos de inversión de capital chino e involucran a las constructoras CNBM y Chendong Housing. Sus proyectos en Sonora, Nuevo León y Puebla, donde quisieron expandir sus negocios en el periodo que Sergio Salomón Céspedes Peregrina estuvo al frente del gobierno estatal, como interino.
La cancelación de los proyectos llevó a un litigio mediático, en principio, que ahora deberá resolverse en tribunales de Estados Unidos. “Beatriz ha sido acusada por más de 10 empresarios por malversación de fondos y cobro de comisiones”, reveló el empresario. “Tengo todos los testigos, documentos y pruebas que la incriminan. Es una enorme tristeza enterarme de esto y haber recibido a su familia, por toda la confianza que les tuve”.
Levy Dabbah aludió indirectamente a Rodrigo Gutiérrez Müller y a Santiago Jara, su sobrino. Sobre el primero, hace un mes reveló que intervino en el desarrollo de un proyecto inmobiliario en Ciudad Modelo, que se canceló por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta, comprometido a evitar extorsiones y despojos.
Después de que hace unos días el gobernador poblano reconociera su existencia, se sabe que el “Cártel del Despojo” operaba de esta forma: personas se presentan en predios o casas afirmando ser los propietarios originales y, con el aval de las autoridades judiciales de Oaxaca que dictaminaban y avalaban esa afirmación, lograban hacerse de propiedades en Puebla; proceso en el que también participaban jueces y notorios públicos de esta entidad.
Los despojos tienen una larga historia. Por ejemplo, se sabe que una persona, de nombre Carlos Juárez Camacho, quien se apropió desde hace 8 años de 170 hectáreas del pueblo La Resurrección, en plena Angelópolis, ubicado frente al estadio de futbol Cuauhtémoc, para venderlos a un particular.
Los pobladores, que cuentan con escrituras con más de 50 años de antigüedad, así como diversos amparos, mantienen el caso vivo en espera de recuperar sus propiedades, incluidas nueve hectáreas de su Panteón Municipal. Ese caso ocurrió en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle y no se resolvió en la primera administración morenista, de Miguel Barbosa.
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