Los colectivos de buscadores están sustituyendo al gobierno en el trabajo más ingrato y difícil: ir a rascar la tierra para encontrar, aunque sea, los restos de sus familiares. Y lo hacen prácticamente solos
LIC. ROSARIO PIEDRA IBARRA,
PRESIDENTA,
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS:
+La ausencia duele,
la esperanza alimenta.
Lo que tenía que ocurrir, finalmente ocurrió: Teresa Guadalupe Reyes Sahagún renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda dado que su posición era insostenible ante el rechazo de su gestión por parte de los colectivos de buscadores. No era solo su falta de experiencia para el cargo, sino el trato que dio a los familiares de personas desaparecidas.
El gobierno ha ofrecido hacer una consulta entre los colectivos y lanzar una convocatoria que detalle el perfil del cargo, mientras que los familiares exigen que no se escoja a algún funcionario “experto de escritorio”, sino que conozca las complejidades que implica el rastreo, que esté dispuesto a acompañarlos y apoyarlos. Porque lo cierto es que los colectivos han localizado fosas y no han podido cavar por falta de apoyo y coordinación de la Comisión.
Las cifras sobre las desapariciones son un verdadero horror, doña Rosario. Se las comento porque creo que a la CNDH le pasaron de noche.
En el sexenio pasado ocurrieron 150 mil desapariciones, de las cuales dos terceras partes fueron localizadas, aunque lamentablemente ocho mil fueron encontradas sin vida; así que terminó el sexenio con 52 mil 575 casos, de acuerdo con el reporte Desapariciones en México. Histórico de Casos al 29 de julio de 2025, elaborado por TResearch International.
Durante los primeros años lopezobradoristas, el número de desapariciones rondaba los 700 casos mensuales, pero a partir de febrero de 2023 hay una curva ascendente para concluir el sexenio con mil 308 casos mensuales. En la actual administración, el promedio mensual de desapariciones ha bajado a mil 200, totalizando 27 mil 232 personas hasta la fecha; de éstas, la mayoría han sido ubicadas, pero permanecen sin ser localizadas 11 mil 829 personas.
El problema de las desapariciones ha llamado la atención a nivel internacional, a tal punto de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó un mecanismo que le permitiría presentar el asunto con carácter urgente en la Asamblea General. Como era de esperar, la doctora Claudia Sheinbaum se opuso a dicho mecanismo, aduciendo que el Estado mexicano no lleva a cabo desapariciones forzadas. Gran parte de lo anterior es cierto, no estamos en los años de la guerra sucia; no obstante, es poco lo que hace el gobierno para evitar que el crimen organizado continúe secuestrando, explotando y/o matando a los jóvenes.
Sí, a los jóvenes. Porque resulta que del total de desaparecidos reconocidos por Comisión (129 mil), 60 mil son hombres de entre 15 y 39 años; en cuanto a las mujeres, el rango de edad se concentra de los 15 a los 25 años. Es de suponer que los varones son incorporados a las bandas, mientras que las mujeres son explotadas sexualmente.
Justo es reconocer que mientras en el sexenio pasado los colectivos fueron invisibilizados, con el gobierno actual el trato es -en principio- diferente. López Obrador nunca recibió a ningún representante de los colectivos; pero eso sí, se entrevistó con las Madres de la Plaza de Mayo. En cambio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha tenido varias entrevistas e intercambio de ideas con los familiares de las víctimas. Usted, doña Rosario, brillo por su ausencia.
Una de las medidas que el gobierno ha implementado para facilitar la localización de personas, son las nuevas legislaciones sobre Población, Desaparición Seguridad e Inteligencia, las cuales no dejan de provocar dudas. La Plataforma Única de Identidad, conformada a partir de la CURP con datos biométricos, parte de supuestos equivocados, según han expresado los expertos en derechos humanos, pues es altamente improbable que una persona secuestrada o reclutada realice trámites u operaciones que requieran sus huellas.
Otro aspecto que las nuevas leyes no contemplaron fue el relanzamiento del Centro Nacional de Identificación Humana, el cual se creó en 2022 para, como su nombre lo indica, identificar los cadáveres que se encuentran en las morgues, ya sea a través de pruebas de ADN o huellas dactilares. Lamentablemente, en 2024 prácticamente cerró su puertas siendo que hay un rezago forense de 72 mil cuerpos.
Para lo que sí es posible que ayude la Plataforma Única de Identidad es para la identificación de los nuevos cadáveres que desafortunadamente lleguen a las fiscalías. También se espera que represente un avance la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la cual en teoría podrá ser consultada por las distintas entidades.
Los colectivos reclaman y con toda la razón que el gobierno les apoye en las búsquedas, pues todas las hacen con sus propios recursos; también piden mayor coordinación con la Comisión, para acelerar los trabajos en las miles de fosas que faltan de rascar.
Los colectivos de buscadores están sustituyendo al gobierno en el trabajo más ingrato y difícil: ir a rascar la tierra para encontrar, aunque sea, los restos de sus familiares. Y lo hacen prácticamente solos.
Por cierto, ¿qué ha hecho la CNDH para apoyarlos? Me temo que nada.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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