Al cabo de una década de sobresaltos, poco queda de la reforma educativa suscrita en el Pacto por México. Y de la estructura sindical que validó la agenda peñista, menos
La reforma al sistema de pensiones para la burocracia ocurrió en el 2007. El entonces presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, habían pactado que Miguel Ángel Yunes se hiciera cargo del ISSSTE. Desde el foxismo, los panistas cedieron el control del organismo encargado de los servicios médicos, la vivienda y las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, a los incondicionales de la poderosa lideresa magisterial.
Hubo otras organizaciones gremiales sujetas al apartado B del artículo 123 Constitucional que recurrieron a la movilización y al litigio estratégico —interpusieron una cascada de amparos— para frenar esa reforma legal. Para noviembre del 2008, sin embargo, un millón 800,000 burócratas quedaron bajo el supuesto del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, mientras que la membresía de PensionISSSTE aglutinaba apenas 294,000 trabajadores.
El magisterio ya había experimentado un plan piloto, en su esquema de ahorro para el retiro. En el 2000 pactó con la SEP crear el FORTE en el que se acumularon 20,000 millones de pesos… que se esfumaron en el 2020. La representación sindical en ese fideicomiso, en la etapa crítica, tuvo al actual secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas y a Helena María Sanguinetti Dobal como protagonistas.
La SCJN atendió las quejas de los burócratas y el Reglamento de Pensiones de la Nueva Ley —publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009—redujo el impacto en materia pensionaria sólo al incremento en la edad —y, por consecuencia, los años de servicio, con el tope de los 10 salarios mínimos, ya presente en la Ley 83.
Por decreto, la presidenta Sheinbaum frenará la aplicación de la norma vigente, que establece 58 años como edad mínima de jubilación para mujeres y 60 años para hombres en 2028.
Tuvieron que pasar tres sexenios para que —vía decreto— el gremio magisterial quedara exento de ese transitorio. Para los maestros que se jubilarán bajo el régimen de cuentas individuales aplicará el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007 es una insistencia del magisterio democrático. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfilado a cumplir esa demanda.
Al cabo de una década de sobresaltos, poco queda de la reforma educativa suscrita en el Pacto por México. Y de la estructura sindical que validó la agenda peñista, menos.
Juan Díaz de la Torre, quien sustituyó a Elba Esther Gordillo como presidente del Consejo General Sindical, concluyó con el periodo de la designación (de seis años) y al frente del gremio magisterial quedó interinamente Alfonso Cepeda Salas.
La directiva del SNTE debía convocar a un Congreso Nacional para aprobar una reforma al Estatuto para que los 60 secretarios seccionales y el Comité Ejecutivo Nacional sean electos por voto directo y secreto de la membresía del sindicato.
Cepeda Salas ya cumplió un sexenio como interino. Su mandato, de acuerdo con los registros laborales, expiró el 11 de febrero del 2024 pero los comicios presidenciales y recientemente la elección en el Poder Judicial impidieron la convocatoria a los comicios en el SNTE.
Antes de renovar su dirigencia nacional, el SNTE necesariamente debe acudir a un Congreso Nacional Extraordinario.
Efectos secundarios
PROGRESIVO. En el arranque del periodo extraordinario, la Cámara de Diputados aprobó tres reformas, entre ellas la transferencia de las funciones del Coneval al Inegi. Este martes, los diputados debatirán sobre las leyes relativas a la GN y el miércoles, la Ley de Seguridad Pública. En el Senado de la República, mientras tanto, avanzarán en la dictaminación de un paquete legislativo que incluye la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones.
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