En manos de este funcionario, agrónomo de profesión, se encuentra la venezolanización de la vivienda en el país, aunque esta venezonalización se desarrolla también en la CDMX
Infonavit legalizó la ocupación de casas: es una puerta abierta a la violencia. El 2 de abril, una señora de 73 años mató a quienes habían ocupado su casa en Chalco. Carlota “N” denunció la ocupación a la autoridad, sin resultados. Y tomó justicia por mano propia.
Pero la orden del gobierno es que quienes habiten viviendas de forma irregular, no serán desalojados. El director del Infonavit, Octavio Romero, informó que en el país hay 145 mil casas habitadas ilegalmente y se permitirá a sus ocupantes comprarlas.
Sin embargo, eso de “comprarlas” es mentira: se las robaron; no las van a pagar nunca. La medida del gobierno federal se suma a la eliminación de la Constitución de la CDMX del término “respeto a la propiedad privada”.
Aunque lo más seguro es que Romero hará un desastre en el proceso de legalización de la ilegalidad, si se tiene en cuenta que, como director de Pemex, dejó quebrada a la paraestatal: Pemex debe a sus proveedores el equivalente a su presupuesto anual.
Además, Romero dejó un récord mundial: desde su segundo año al frente de Pemex, provocó la pérdida de 257 millones de pesos por hora. Y cerró gestión con el peor desplome en 10 años: perdió 620 mil millones de pesos en 2024.
En manos de este funcionario, agrónomo de profesión, se encuentra la venezolanización de la vivienda en el país, aunque esta venezonalización se desarrolla también en la CDMX, de la mano de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Brugada impuso en el Código Fiscal capitalino el requisito para que los propietarios de inmuebles con valor mayor a 4.5 millones, informen sobre el uso que les dan, con la idea de hacer un censo que le permita decidir luego qué hacer con esos inmuebles.
La medida está en el artículo 132 Código Fiscal, que los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial deberán presentar “una declaración informativa” sobre el estado que guardan sus inmuebles.
Y, en septiembre de 2024, el entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres, reformó la Constitución capitalina para asentar que el gobierno “puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
Todo esto está inspirado en el régimen de Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro va detrás de cuatro millones de viviendas de dueños que no las ocupan, porque se han ido del país en espera de que mejoren algún día las actuales crisis económica y de seguridad.
La convocatoria de Maduro está disfrazada de “censo”, y ha sido denunciada por dirigentes comunitarios y víctimas de invasiones, como un operativo gubernamental para ubicar inmuebles desocupados, y llenarlos con usurpadores fieles al régimen.
Y, las señales en México, son que vamos en esa dirección.
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