La Reforma al Poder Judicial no tiene pies ni cabeza, por lo cual el proceso comicial está lleno de parches e inconsistencias que afectan su legalidad y su legitimidad.
LIC. HUGO AGUILAR ORTIZ,
PRÓXIMO MINISTRO PESIDENTE,
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:
¿Ya leyó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones del Poder Judicial en México? No tiene desperdicio. A la presidenta Sheinbaum no le agradó y lo tomó como un acto injerencista, lo cual dista mucho de la intención original.
Mire, don Hugo, el informe describe los sucesos sin calificarlos y al final de cada capítulo hace recomendaciones en función de los principios y normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, a las que México se ha adherido.
Después de leerlo, confirmo lo que en varias ocasiones escribí en este espacio: la RPJ no tiene pies ni cabeza, por lo cual el proceso comicial está lleno de parches e inconsistencias que afectan su legalidad y su legitimidad.
Hay un problema de fondo en la RPJ: quienes hacen las postulaciones son dos poderes partidizados y politizados. Por ello, el relator recomienda “que sean únicamente órganos independientes de los poderes políticos” los que preparen las listas para garantizar que los elegidos no le deban el cargo a nadie.
El informe hace notar que los requisitos para contender tenían la vara muy baja; por ejemplo, para jueces de distrito “no se exige ninguna experiencia que acredite un mínimo de desempeño o actividad profesional en el área jurídica”. Ninguno de los candidatos presentó un examen de conocimientos, por lo cual “no hay garantías de que quienes resulten electos/as tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas que los cargos que, asumirán, requieren”. Espero no sea su caso, don Hugo.
Las elecciones judiciales se realizaron sin actualizar la Ley Electoral, lo cual provocó un “vacío normativo, que el INE debió ir cubriendo, (… y) en la práctica el Congreso delegó sus facultades legislativas a la autoridad electoral”. Y como no había reglas claras -principio indispensable en una elección- cada comité de selección operó como mejor Dios le dio a entender, algo que ya habíamos comentado en este espacio.
Por ello, el informe recomienda que para la próxima elección se hagan los ajustes en la Ley Electoral, se estandarice el procedimiento, sí se aplique un examen y para los niveles de magistrado y ministro se exijan estudios de posgrado. No se me hace mucho pedir, ¿a usted?
A los observadores les preocupa que los jueces elegidos estén a prueba un año; me temo que esto significará presión para actuar de tal manera que no incomoden al Tribunal de Disciplina Judicial. Vislumbro como consecuencia posible que los jueces pongan la línea de pensamiento morenista por encima de la esencia de la ley al momento de dictar sus sentencias. Otra consecuencia posible sería la rotación en los cargos al designar interinos, en demérito de la profesionalización.
Los observadores también recomiendan cuestiones de orden práctico, como que se amplíe el calendario para la convocatoria a fin de analizar a fondo los CV y aplicar exámenes a los postulantes. También señala que el modelo de comunicación fue “excesivamente restrictivo” en cuanto al tope de gastos de campaña y acceso a medios para darse a conocer.
El informe señala la inconveniencia de que la elección judicial coincida con otros comicios locales y, por supuesto, mucho más improcedente con los federales. Razón no le falta: en Durango y Veracruz, donde se renovaron alcaldías y diputaciones, el porcentaje de votos nulos y/o incompletos en la elección judicial alcanzó 36% y 35.7%, respectivamente. Además, el INE no puede con tanta carga de trabajo.
Los acordeones no escaparon a la atención de los observadores de la OEA. Como ya sabemos, ciertos candidatos a la Corte y al Tribunal de Disciplina Judicial estaban incluidos en dichas “guías”, usted entre ellos… En este punto cabe recordar lo escrito por mi colega Mario Maldonado en El Universal tres semanas antes de la elección. Maldonado relata una reunión sostenida en SEGOB durante la cual los asistentes habrían recibido una boleta simulada con los nombres de ciertos candidatos; y, ¿adivine qué? Los nombres que aparecen en dicha boleta y en el acordeón, son los ganadores. ¡Qué coincidencias tiene la vida, ¿verdad?
El espacio se me acaba, licenciado Aguilar, para comentar muchos otras fallas de las elecciones judiciales, así que solo me referiré al último párrafo del informe, donde se sugiere que las instituciones y la ciudadanía evalúen si este modelo es el adecuado para fortalecer la administración de justicia. De tiempo atrás, juristas, abogados, analistas y un largo etcétera nos opusimos a la elección de jueces, que no a una buena sacudida al Poder Judicial. La ciudadanía ya lo evaluó con ese 13% de votación.
Con todo respeto a la mandataria y al Congreso que aprobó la Reforma al Poder Judicial (RPJ), dudo que tengan argumentos para refutar a la Misión. No queda más, pues, que coincidir con el informe: “no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región” y aquí en México hacer una contrarreforma al Poder Judicial ¡a la voz de ya!
Minuto a minuto
