En vez de empezar por lo más abordable y urgente para hacer eficiente la búsqueda de personas, tal parece que la 4T está aprovechando la situación para hacerse de los datos ciudadanos que no pudo cuando quiso desaparecer el INE
LIC. ERNESTINA GODOY,
CONSEJERA JURÍDICA,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:
A la oportunidad la pintan calva.
Refrán popular
Usted estaba terminando la carrera de Leyes, cuando el presidente José López Portillo lanzó a través de la SEGOB un plan para crear la Cédula de Identidad Personal. No prosperó. La izquierda se opuso terminantemente a la implantación de este documento para los ciudadanos por su desconfianza hacia el gobierno y el uso que podría hacer de los datos personales. Así que el esfuerzo se quedó en que solo los burócratas pudieron ser registrados, recibiendo éstos su mica; no obstante, fue el nacimiento de la Clave Única del Registro de Población.
Después ha habido uno que otro intento, todos fallidos, sobre todo a partir de la emisión de la Credencial de Elector en la década de los 90s, pues la población no desconfió del entonces Instituto Federal Electoral. A la fecha, la “credencial del INE”, como se le llama coloquialmente, es la que todos usamos como identificación oficial.
Lo anterior viene a cuento por lo que usted informó en la mañanera de ayer; ante la cantidad de desapariciones y la dificultad para localizar a las personas, la actual administración se propone crear la Plataforma Única de Identidad (PUI) a partir de la CUPR y agregando foto y huellas dactilares. Mmmmhhh…
Me explico, doña Ernestina: soy partidario del orden, de los bancos de datos y del uso de la tecnología; de hecho, los países más que menos democráticos y desarrollados cuentan desde hace décadas con una cédula, carné o documento nacional de identificación. Los ciudadanos la traen permanentemente consigo, igual que los mexicanos traemos nuestro INE.
Varias preguntas saltan al respecto. La primera si pretende sustituir a la credencial del INE y cómo la PUI va a garantizar la protección de datos personales, sobre todo cuando se pretende aprovechar los registros en manos de particulares, que van desde los servicios financieros, pasando por los de salud y telecomunicaciones.
Y le pongo un ejemplo. Un buen día recibí la llamada de la Secretaría del Bienestar para informarme que ya estaba mi tarjeta de pensión para adulto mayor, la cual yo no solicité porque no considero que deba ser universal. Al preguntar de dónde sacaron mi teléfono y demás datos, la telefonista me indicó los obtuvieron de la base de datos de las vacunas COVID; por supuesto, la llamada ocurrió previo a las elecciones del 2024. Curioso, ¿verdad?
La segunda pregunta tiene que ver con el presupuesto, máxime que las finanzas públicas están tan de capa caída y que el T-MEC está pendiendo de un hilo, licenciada Godoy. Hasta donde tengo información, la credencial del INE es muy costosa porque tiene muchos candados de seguridad; he de suponer que la PUI tendría las mismas características, pues si llegara a ser falsificable, pues para qué serviría. ¿Tendrá la actual administración los recursos para credencializar a 98 millones de ciudadanos?
Entiendo la urgente, muy urgente necesidad de contar con datos e información para facilitar la localización de personas desaparecidas, sobre todo cuando hay tantos cadáveres “NN” (sin nombre, sin datos) en los SEMEFOs. Un banco con huellas dactilares y datos de identificación de las personas sería utilísimo en este caso; de hecho, ya existe en el INE, aunque fue creado para otros propósitos. Nuevamente me pregunto si no hay manera de configurar un acuerdo con el INE para compartir solo de manera específica los datos de fallecidos no identificados y/o desaparecidos; es decir, no necesariamente de todos los ciudadanos.
Para los menores de edad, el Registro Nacional de Población puede idear algún documento de identidad, con la obligación de actualizarlo cada determinado tiempo, como se hace con los pasaportes de niños y jóvenes por aquello de los cambios físicos.
También se ven como más urgentes otras de las medidas que usted misma anunció ayer; me refiero a aumentar el número de Ministerios Públicos (MP) en las fiscalías. Según datos del INEGI al 2023, cada MP del fuero federal tiene a su cargo 38.4 casos, mientras que el del fuero estatal tiene ¡354! Evidentemente no todas las carpetas se refieren a desparecidos o a asesinatos, pero como sea son muchísimas.
Sí es de celebrar la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la ampliación y actualización del Banco de Datos Forenses; falta ver cuál es el esquema, protocolo y datos que cada fiscalía contempla. Compatibilizar los procesos de clasificación de cada entidad no será tarea menor.
En síntesis, doña Ernestina, en vez de empezar por lo más abordable y urgente para hacer eficiente la búsqueda de personas, tal parece que la 4T está aprovechando la situación para hacerse de los datos ciudadanos que no pudo cuando quiso desaparecer el INE.
P.D. PARA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA:
Leí la transcripción de la mañanera de ayer. Impresionante que de los reporteros que tomaron la palabra, todos avalaron la versión oficial -hasta ahora- de que en el rancho Izaguirre no hay indicios de exterminio. No platearon preguntas, sino discursos de apoyo, al tiempo que criticaron a los otros medios no coincidentes con esta visión. ¿Hasta cuántos asesinados ya cuenta como exterminio? Curioso el periodismo en tiempos de la 4T.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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