Es imposible dejar de pensar que los 29 no fueron una ofrenda a Washington
La semana pasada asistimos a un hecho del que no se tenía registro, el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos a 29 generadores de violencia, como llaman ahora a los líderes de la delincuencia organizada. Entre la lista de los entregados destacaba de manera especial Rafael Caro Quintero, quien era requerido por el vecino del norte por el asesinato en México del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. También estaban los líderes y fundadores de los “Zetas”, el “Z40” y el “Z42”, además del fundador de la “Familia Michoacana”.
En conferencia de prensa los titulares de Seguridad, Defensa, Marina y el fiscal general de la República intentaron explicar el traslado de los delincuentes a territorio estadounidense, pero como se dice comúnmente se les hizo bolas el engrudo.
En su aparición pública los funcionarios cuidaron bien el uso de las palabras. En ningún momento apareció, ni por error, la palabra extradición. De haberlo hecho hubieran dado armas a los equipos jurídicos de los capos para causar algunos dolores de cabeza a los fiscales en EU, ya que estos personajes fueron entregados en respuesta a una solicitud estadounidense hecha por motivos de seguridad nacional y no extraditados.
Algo que influyó en la decisión, dijeron, fue que contaban con información de que los delincuentes tenían acuerdos con jueces para ser liberados. Lo que me hace pensar que prefirieron patear el balón antes que dar la batalla en los tribunales. ¿Dudaban de su capacidad?
Pero lo que me llamó la atención fue que el fiscal Gertz Manero dijera que el fundamento jurídico de la acción fueron el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el 89 de la Constitución, ya que ninguno habla sobre “traslados”, “entregas” y/o extradiciones.
El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional define lo que se consideran amenazas a la seguridad nacional, las cuales son enlistadas en 13 puntos que van desde actos tendentes a consumar espionaje, hasta sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio en contra de México dentro del territorio nacional.
En el artículo 89 de la Constitución se establecen las obligaciones y facultades del presidente, entre las que obviamente está la de preservar la seguridad nacional usando todos los medios que la ley le autorice.
Cuando surgió la pregunta sobre la participación de la presidenta Sheinbaum, es decir, si estaba enterada, o si ella había autorizado la entrega, el titular de la Secretaría de Seguridad federal dijo que se trató de una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad en la que la mandataria no tuvo nada que ver. En otras palabras, puso sobre ella un frágil manto protector, ya que es imposible siquiera imaginar que la entrega no estuviera palomeada por la mandataria, sobre todo cuando se argumenta que con la acción se estaba dando cumplimiento a su obligación de cuidar la seguridad nacional.
La entrega de los capos más que un acto de autoridad, como lo definió el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó la debilidad añeja del Estado mexicano de resistir las presiones extranjeras, ya que ante la debilidad de los argumentos jurídicos es imposible dejar de pensar que los 29 no fueron una ofrenda a Washington para demostrar que aquí se trabaja contra la delincuencia organizada de manera contundente.
Pero el sainete de las negociaciones no sirvió de nada, ya que Trump tiene otros datos y aplicó los tan temidos aranceles. Inició ya la guerra comercial… ¿Resistiremos?
EN EL TINTERO
-La nota de este martes sin duda alguna será la exposición de los planes A, B, C y D del gobierno mexicano para enfrentar los aranceles de Trump. Seguramente estarán cargados de nacionalismo patriotero.
-Sería muy bueno que nos hiciéramos los mejores amigos de Canadá para enfrentar lo que se viene.
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