Así también lo reconoce el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien considera que el riesgo de que fueran liberados por jueces fue lo que motivó el traslado de 29 delincuentes hacia Estados Unidos
El gabinete de Seguridad tiene facultades para actuar de acuerdo con la integridad del país, sorteando incluso al Poder Judicial y evitando amparos amañados que dañen al país en su integridad como Nación, fue así como se actuó contra 29 miembros de la delincuencia organizada, de los cuales por lo menos la mitad estarían libres antes de terminar el año, por diferentes disposiciones de jueces corruptos.
Así también lo reconoce el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien considera que el riesgo de que fueran liberados por jueces fue lo que motivó el traslado de 29 delincuentes hacia Estados Unidos.
No se trata de una extradición, sino de un traslado por lo cual los implicados carecen de protección que la Ley de Extradición les podría ofrecer, de ahí que algunos de ellos estén temerosos de ser ejecutados luego de ser sentenciados a muerte.
La Ley de Extradición protege a los mexicanos que se envían al vecino país del norte extraditados ante la posibilidad de que, aun siendo culpables, no puedan ser condenados a muerte sino solo a cadena perpetua. Pero en este caso fueron los propios jueces que vendieron sus amparos y favores a los delincuentes quienes los condenaron a muerte porque, en su calidad de trasladados, no libran la pena de muerte.
La petición de extradición de algunos de los procesados como es el caso de Rafael Caro Quintero, quien tiene 40 años de ser solicitado su caso en Estados Unidos, y por medio de amparos, aplazamientos y triquiñuelas de jueces, en complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se realizaba dicho envío.
Hay quienes preguntan el motivo por el cual no se habían trasladado a Estados Unidos los delincuentes, la razón estriba en el poderío que encanaba la Suprema Corte de Justicia que aplicaba recursos jurídicos para evitarlo.
La podredumbre del Poder Judicial tiene en este caso una muestra de cómo estaba a favor de la delincuencia un poder que podía posponer indefinidamente el proceso que tienen como límite 45 días para resolver una extradición.
Ya iniciaron las audiencias en Estados Unidos de los líderes de los cárteles. Los primeros en comparecer ante un juez estadounidense fueron Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, y Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, por quienes la Fiscalía de aquel país solicita la pena de muerte por los delitos de conspiración y tráfico de drogas, así como lavado de dinero y homicidios, incluido el de Enrique Kiki Camarena.
El Gabinete de Seguridad cuenta con información de que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de un acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos.
La ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte, Norma Piña, rechazó las acusaciones. Tras reafirmar su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho la ministra expresó en un comunicado su total disposición para que, en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones.
Para este operativo se desplegaron a tres mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República a través de la Agencia de Investigación Criminal.
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que el marco legal por el que se realizó esta operación sin precedentes es el artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución Mexicana, así como la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
García Harfuch confirmó que, en un operativo realizado en Atajeas de Covarrubias, Jalisco, fue detenido Abraham N, Don Rodo, identificado como hermano de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, junto con tres personas más.
Se considera que los trasladados serían 30, con la salida de la esposa de Nemesio Oceguera, alias El Mencho, Rosalinda González, quien fuera liberada el 27 de febrero del Cefereso 16, de Michapa, Morelos. La liberó la jueza federal, Perla Fabiola Ayala Estrada, debido a su buena conducta.
Los fiscales señalan que el cargo uno conlleva una sentencia mínima obligatoria de cadena perpetua y la posibilidad de la pena de muerte si el acusado es condenado, mientras que los otros delitos conllevan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima legal de cadena perpetua.
La evidente muestra de la corrupción de jueces, magistrados y ministros del antiguo poder judicial quedó al descubierto, luego de que mantenían una red de corrupción que implicaba la mayoría de ellos haciéndolos cómplices de triquiñuelas.
Así también esta corrupción se extiende a niveles más sensibles de la sociedad como es el caso de lo que ocurría en el Mecanismo de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual cuenta o contaba con jueces corruptos para evitar que los periodistas ejerzan sus derechos a ser protegidos, como es el caso del juez del 7o distrito en el Estado de Veracruz, Ricardo Mercado Oaxaca, encargado de este tipo de actividades para adelgazar permanentemente la lista de los protegidos por dicha instancia, entre otras actividades ilícitas que anteriormente eran permitidas, sin discriminar delitos ni sus consecuencias en la salud de la población.
La situación generalizada de la corrupción entre los jueces no hubiera tenido raíces tan profundas sin la complicidad de las autoridades que fueron testigos silenciosos de tantos fraudes.
Porque para fraudes el Mecanismo de la Segob se pintaba solo, todavía en el sexenio pasado sobrevivía una serie de anomalías que la nueva directora, la maestra Tobyanne Ledesma Rivera debe conocer, como es el caso de la vigilancia que realizaban los escoltas del Servicio Federal de Protección que subcontrataba el Mecanismo para dar santo y seña de la vida privada de los periodistas “protegidos” por el Mecanismo.
El subsecretario Félix Arturo Padilla Medina, presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo, deberá informar lo que sucede adentro de esas oficinas, donde se expone constantemente la vida de los comunicadores por negligencia, austeridad e incapacidad.
Volviendo al Servicio de Protección Federal que a principios del sexenio anterior encabezó el expanista Manuel Espino Barrientos, se dedicaba a cuidar residencias y ahora esos mismos escoltas los habilitan para resguardar la integridad de los comunicadores, pero además con la consabida encomienda de la infiltración espiando a los que deben proteger, desprotegiendo a los peligran y desacatando amparos ganados, con la ley en la mano, por los comunicadores que ante el desamparo del retiro de los servicios del Mecanismo se vieron en la necesidad de recurrir a las leyes para que le regresaran un servicio que garantiza su vida, como el caso del amparo No. 663/2023, en el estado de Veracruz.
Dentro de los muchos fraudes del Mecanismo está la empresa a la que se le alquilan algunas de las herramientas como es el botón de pánico y los teléfonos satelitales, que es tan inútil como costosa, adquirido a una empresa de seguridad cuyo propietario es Genaro García Luna, llamada RCU.
El lamentable papel que realizó Enrique Irazoque debe quedar claro para evitar que se repitan tantas muertes violentas de periodistas que son tragedias familiares que en el Mecanismo solo representaron cifras.
La red de complicidades del Poder Judicial apenas empieza a verse una mínima parte, tardarán años los mexicanos en informarse realmente todos los delitos escondidos tras las togas.
PEGA Y CORRE. – Los terrenos que estaban destinados para la empresa Tesla en Nuevo León están en litigio, esto nunca lo advirtieron ni las irresponsables autoridades ni los ingenuos compradores que deberán ratificar el compromiso o los vendedores regresar el dinero adelantado…
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