Para expedir las políticas y reglas conforme a las cuales se otorgarán viviendas en arrendamiento social, la Asamblea General y el Consejo de Administración del Instituto tendrán hasta 180 días
Al cabo de medio siglo, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores se ubicaba como el cuarto banco hipotecario del orbe, pero por instrucciones superiores, se alejó de los parámetros de eficiencia: con una cartera vencida cercana al 20% de su colocación, decidió frenar los juicios contra sus deudores morosos.
El Infonavit parecía más banco que institución de seguridad social. Y trataba a sus afiliados más como clientes que como derechohabientes. Entre las herencias del neoliberalismo, una de las más perniciosas eran las red de despachos de cobranza que quebró en el sexenio lopezobradorista, aunque quedó pendiente acabar con los pasivos laborales: tan solo por prestaciones a los empleados de la institución había 2,135 millones de pesos en los estados financieros con los que cerró su gestión Carlos Martínez Velázquez. Allí también aparecían 10,341 millones adjudicados para viviendas que no se habían comercializado.
¿La insolvencia puede ser una limitante? También, las estructuras anquilosadas que los antecesores de Octavio Romero Oropeza y Marcos Manuel Herrerías (nuevo secretario general) no terminaron de desmontar. La desaparición de las direcciones sectoriales y la pérdida de la tri paridad en los órganos colegiados finalmente ocurrirá, cuando la reforma constitucional quede sanciona en San Lázaro. Del viejo Infonavit solo quedará Rafael Riva Palacio Pontones, quien lleva 47 años al frente del sindicato nacional.
El diálogo entre la directiva entrante y las organizaciones sindicales ha sido nulo. Nadie, en representación de Romero Oropeza, acudió al brindis navideño de los trabajadores del Instituto, por lo que no escucharon la declaración de guerra de Riva Palacio.
Las métricas bancarias ya no serán la determinante, sino el mandato de protección social de dar vivienda a las personas con menos recursos y —por ende— con más riesgo financiero. Con un mandato ampliado —la construcción, la administración inmobiliaria, el arrendamiento social y la planeación urbana—, el Infonavit reportará su situación operativa, contable y financiera previamente dictaminada por una auditoría externa directamente al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal de manera anual.
El Consejo de Administración quedará facultado para decidir sobre las inversiones que realice el Instituto y los financiamientos que obtenga para su operación. El plan financiero se podrá ajustar para darle “flexibilidad operativa” a la directiva del Instituto, que quedará habilitada para celebrar cualquier tipo de instrumento jurídico para la consecución de sus fines tales como contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, los cuales podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por el derecho privado.
Los transitorios de la minuta que discutirá la Cámara baja estipulan que durante los 30 días siguientes a la entrada en vigor del decreto de reforma, deberán quedar renovados los órganos del Instituto, lo que implica que tanto los sindicatos como la iniciativa privada deberán elegir a nuevos representantes, lo mismo que el Ejecutivo federal. Al terminar ese lapso también deberá nombrarse a un nuevo auditor interno.
Esta reingeniería implicará, en primera instancia, que el presupuesto del Instituto para el ejercicio 2024 continuará aplicándose en el ejercicio 2025, considerando la inflación estimada para esa anualidad, hasta que se hayan renovado los órganos internos. Entonces, Asamblea General votará el nuevo presupuesto, que deberá contemplar el pago de indemnizaciones para los trabajadores de los órganos que se extinguen con motivo de este Decreto.
Para expedir las políticas y reglas conforme a las cuales se otorgarán viviendas en arrendamiento social, la Asamblea General y el Consejo de Administración del Instituto tendrán hasta 180 días.
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