Aquí hay un dato interesante: en la pasada administración se llegó al punto más alto de las negativas a entregar información con 113 mil casos; nada más le digo que fueron el doble de la administración peñista
LIC. RAQUEL BUENROSTRO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO:
La corrupción es el incumplimiento
del pacto de justicia.
Marcelo E. Albornoz
Celebro el impulso que la actual administración está dando a la digitalización de los trámites que los ciudadanos a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Sin duda será un ahorro para la administración pública y ayudará a combatir la corrupción al disminuir al mínimo el trámite ante ventanilla. Es un paso interesante hacia lo que ahora se llama gobierno abierto.
Mejor todavía es la propuesta de expandir esta política hacia estados y municipios, porque según datos de la OCDE, solo unas cuantas entidades aplican la digitalización y el gobierno abierto.
Sin embargo, y no es porque ande buscando el prietito en el arroz como diría mi abuela, ojalá que dicha Agencia tenga la capacidad de diseñar la plataforma pensando en los usuarios. Lo comento porque desde que empezó esto de los portales de las secretarías, su arquitectura interna suele seguir la lógica de la dependencia y no del ciudadano, eso sin contar con que sus motores de búsqueda son algo deficientes. Para muestra, acabo de tener una experiencia bastante fallida con el Instituto Nacional de Derechos de Autor.
Pero como decía, es un paso adelante en el gobierno abierto mientras la 4T da un enorme paso hacia atrás con la muy posible desaparición del INAI, cuyas atribuciones recaerían en la Secretaría a su cargo (SABG). Me explico:
Según ha declarado la presidenta Sheinbaum, la Plataforma Nacional de Transparencia no desaparecerá y los ciudadanos podremos solicitar a la SABG lo mismo que hasta ahora se hace ante el INAI; de ser así, dudo mucho que haya ahorros como ofreció el expresidente, porque alguien tiene que hacer esa chamba y la actual SABG no cuenta con el personal para realizarla. Pero bueno, ya sabemos que a Don Andrés le encantaba inventar historias.
Siguiendo las corrientes internacionales, desde principios de siglo México entró a la corriente de la transparencia; por ejemplo, si googleamos SHCP+presupuesto 2023, nos lleva a un micrositio donde encontramos las ligas o los documentos sobre el paquete económico, la cuenta pública, etc., etc. desde 2009 a la fecha. Pero “la transparencia presupuestaria va más allá de divulgar la información presupuestaria relevante de manera oportuna y sistemática”, nos dice la OCDE. También se deben cumplir también normas de claridad, exhaustividad, oportunidad, accesibilidad y usabilidad de los informes públicos. Y eso no ocurre. No vayamos lejos, ayer mismo México Evalúa, a través de cuenta en X, hacía un “respetuoso llamado” para que los documentos del Paquete Económico 2025 se hagan públicos, a fin de poder analizarlos.
Por otra parte, un gobierno abierto no es verdaderamente tal si no hay rendición de cuentas. A lo que voy es que cualquier ciudadano puede más que menos averiguar cuánto se gastó en algún programa y en números redondos; si se gastó bien, con eficiencia y con probidad es donde nos topamos con una densa niebla. Lo cierto es que la pasada administración se caracterizó por la opacidad y fue solo a partir de solicitudes de información hechas a través del INAI que las organizaciones civiles pudieron obtener los datos necesarios. Aquí es donde el trabajo del INAI ha cobrado relevancia.
Mire, doña Raquel, la administración foxista terminó con 172 mil solicitudes de información y dos décadas después se ha multiplicado casi por 10, pues en el sexenio recién terminado llegaron a un millón 972 mil de solicitudes. Estamos hablando de que en el INAI se gestionaron 759 requerimientos diarios, según el estudio más reciente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (14/11/2024).
Justo es decir que, a lo largo de la existencia del INAI y en la mayoría de los casos, los sujetos obligados daban respuesta. Pero hay algunos sujetos que no lo hacían o que no atendían todas las solicitudes. Para que nos entiendan los lectores que nos acompañan, los sujetos obligados son todas las entidades públicas que por ley deben proporcionar información pública, desde el IMSS hasta la Secretaría del Bienestar o PEMEX.
Aquí hay un dato interesante: en la pasada administración se llegó al punto más alto de las negativas a entregar información con 113 mil casos; nada más le digo que fueron el doble de la administración peñista. Ante tales negativas, el INAI interpuso un recurso, el cual por ley tiene carácter vinculatorio.
Al no ser empleado del Poder Ejecutivo, al INAI le tenía sin cuidado si los secretarios o subsecretarios se enojaban cuando se les había interpuesto un recurso. Me pregunto si usted va a tener el mismo margen de maniobra o si está dispuesta a jugarla igual.
Si su respuesta es afirmativa, le deseo suerte, porque se va a echar encima a medio gabinete.
Con la colaboración de Upa Ruiz
X: @upa_ruiz
X: @Lmendivil2015
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