Aunque un poco tarde, el Poder Judicial ha salido a decir su verdad. Las dos conferencias de prensa de esta semana ya recibieron el mote de “la contramañanera” y no es para menos
EN C. PAULINA SILVA RODRÍGUEZ,
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:
Nadie tiene el monopolio sobre
la Constitución, ni un poder, ni un partido.
Magistrado José Rogelio Alanís
Aunque un poco tarde, el Poder Judicial ha salido a decir su verdad. Las dos conferencias de prensa de esta semana ya recibieron el mote de “la contramañanera” y no es para menos.
En la conferencia de ayer y en relación con los casos a los cuales se refirió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como ejemplo del comportamiento criticable de los impartidores de justicia, en ningún momento dijeron que la funcionaria había mentido o manipulado la información, sino que era necesario precisar los datos. Nada de descalificaciones, solo se atuvieron a bases legales para sus dichos.
El problema ahora para el Poder Ejecutivo es que va a tener que medirse más en el uso de la posverdad. Lo primero y más importante es que en las mañaneras -las del sexenio pasado y las actuales- siempre se hace referencia a unos cuantos casos penales de alto perfil mediático, siendo que en los juzgados se trata un millón 200 mil casos a nivel federal y de todas las materias; habría que sumar los de juzgados locales.
El magistrado José Rogelio Alanís hizo referencia a lo que los medios han calificado de “la puerta giratoria” y con datos demostró que, en la gran mayoría de los casos, los jueces fallan a favor de las fiscalías para que los acusados permanezcan en prisión preventiva mientras se presentan a juicio. Paradójicamente, en las mañaneras se les ha criticado por mantener a la gente tras las rejas y sin sentencia.
Uno de los casos citados por doña Rosa Icela es el de Rafael “N”; supongo que se refierió a Caro Quintero. Efectivamente, cuando llegó la solicitud de extradición a EUA, un juez le concedió la suspensión ante tal medida y lo hizo, porque “los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo establecen que se debe conceder la suspensión. Y esa norma la definió el Legislativo,” explicó Alanís. En consecuencia, no hubo ninguna irregularidad; tocaba a la fiscalía recurrir esa medida.
A lo largo de la conferencia y conforme los magistrados fueron desbaratando los argumentos acusatorios en contra del Poder Judicial, quedó evidenciado que doña Rosa Icela desconoce la ley; ella no es abogada, pero debería tener mejores asesores para escoger los casos “paradigmáticos”.
Por ejemplo, critica que un juez supla las deficiencias de la defensa de un acusado, siendo que tanto la Constitución como la Ley Amparo establecen que no solo lo puede hacer, sino que lo debe hacer en aras de que el indiciado tenga la mejor defensa posible. Tal postura garantista beneficia, sobre todo, a quienes no pueden pagar un litigante privado y se atienen a la defensoría de oficio.
El magistrado Juan José Ramírez hizo precisiones sobre el caso de los científicos que fueron acusado penalmente por el CONAHCYT. Pese a haber sido exhonerados en primera instancia, la FGR no cerró la carpeta de investigación. Los científicos solicitaron un amparo y el magistrado Ramírez lo concedió, además de ordenar el cierre del caso. ¿Qué otra cosa debía hacer? Por lo que pudimos ver en medios, eso enfadó mucho a don Alejandro Gertz Manero y a su muy amiga, María Elena Álvarez-Buylla, entonces directora de CONAHCYT.
No me extiendo más sobre los demás casos y las aclaraciones expresadas sobre las decisiones que en su momento tomaron los jueces. Lo único que se puede concluir al escuchar a los magistrados es que la posverdad siguen campeando por Palacio Nacional en aras de enfrentar a “los enemigos” de la 4T y eso no son buenas noticias para el país.
Ya solo permítame, doña Paulina, un último comentario. Un reportero de Canal 11 (perdón que no haya retenido su nombre) preguntó a los magistrados si no era un contrasentido su esfuerzo, siendo que la Reforma al Poder Judicial estaba aprobada. Al respecto, la magistrada Adriana Ortega respondió que “las conversaciones democráticas no se agotan. En la democracia no hay últimas palabras.” Solo falta que el Poder Ejecutivo considere que se trata de una conversación y que se ha de dar sobre bases democráticas.
Por su parte, el magistrado Alanís explicó que diversas “personas han recurrido a los jueces a través del amparo, de la acción de inconstitucionalidad, etc., para que los jueces se pronuncien sobre si la reforma es conforme o no a los principios más profundos y más importantes de esa Constitución.”
Y me quedo con sus frases finales sobre las suspensiones ordenadas sobre la reforma al Poder Judicial: “las suspensiones se atacan o se acatan”. Esto es, si a una de las partes -como es el caso de la presidenta- no le parecen las suspensiones, tiene dos opciones: recurrir y refutar jurídicamente la suspensión (atacarla) u obedecerla (acatarla), porque “el cumplimiento de la ley es de lo que se trata la República.” Pretender un tercer camino, como es no cumplir la ley, significa salirse de la República.
Quiero creer que la doctora Claudia Sheinbaum no tomará el tercer camino.
Con la colaboración de Upa Ruiz
X: @upa_ruiz
X: @Lmendivil2015
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