Y peor que se va a poner, doña Raquel, pues con la eliminación de los organismos autónomos, entre ellos el INAI, ¿a dónde vamos a acudir los ciudadanos?
LIC. RAQUEL BUENROSTRO,
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:
Hay tres jueces agazapados en
todas las conciencias:
el honor, la verdad y la justicia.
Honoré Balzac
El domingo pasado, en El Universal, apareció una nota francamente deprimente -entre muchas otras- para los ciudadanos y, particularmente, los contribuyentes. Una persona pidió a la Secretaría del Bienestar (SB) le informara sobre los 2.7 billones (así, con “b”) de pesos que dicha dependencia ejerció el pasado sexenio, así como “el volumen de beneficiarios por entidad federativa y por programa”. Y con la pena de que la SB respondió de que esa información era inexistente.
Yo quisiera que alguien con cinco dedos de frente dentro de la SB me explicara por qué no tienen los padrones de beneficiarios; incluso si algunos de los recursos y ejecución de los programas se llevaran a cabo a través de los gobiernos estatales, es de suponer que, si una dependencia federal les entrega un buen de dinero, debe haber mecanismos de control y eficiencia del gasto.
No estamos hablando de un par de millones, doña Raquel, sino de 2.7 millones de millones de pesos; en ese mar de dineros, sustraer o desviar 200 o 300 millones, pues como que no se nota si no hay una vigilancia.
La verdad, doña Raquel, la SB se hizo pato y eso genera muchas suspicacias.
En la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación en 2021, la SB demostró contar con un Sistema de Evaluación del Desempeño para cada uno de los programas, así como Fichas Iniciales de Monitoreo y Evaluación y “mecanismos de coordinación implementados con las entidades federativas, municipios y alcaldías de la CDMX”. ¿Muy bien? A medias, señora secretaria, porque la Secretaría dispone de esos esquemas de control dentro de sus manuales de procedimientos, pero de ahí a que los implemente hay un gran trecho. Como decían en el Virreinato, “se acata, pero no se cumple”. Y la SB no es la única dependencia que opera con opacidad; al contrario, es la “norma” en la 4T.
Con estos datos, no es de extrañar que México ocupe el lugar 126 entre 180 países evaluados por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, por cuarto año consecutivo, pues nuestro país apenas alcanza 31 puntos un máximo de 100 posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023. O sea, reprobados y haciendo equipo con países como El Salvador y Togo, dicho sea con todo respeto a estas naciones.
Y no es que estos organismos nos tengan mala fe, pues otras evaluaciones dan los mismos resultados. Entre los países pertenecientes a la OCDE, México se ubica en el último lugar; y si nos atenemos a las economías del G20, nuestro país está en el penúltimo, solo por encima de Rusia caracterizada por ser un Estado mafioso.
Como seguramente usted sabe bien, en México no paramos por leyes. Es más, la legislación anticorrupción, pro-transparencia y rendición de cuentas, es muy buena y completa. El chiste es que se cumpla, doña Raquel. El punto viene a cuento ahora con la nefasta Reforma al Poder Judicial (RPJ), la cual no toca ni con el pétalo de una rosa a las fiscalías, siendo que ahí es donde empieza la impunidad y se fomenta la corrupción.
No vayamos lejos: la Fiscalía General de la República nos debe muchas explicaciones, pues si de los casos emblemáticos de corrupción no vemos resultados, pues mucho menos de los demás. Nada más hay que ver las carpetas de investigación abiertas en torno a la estafa de SEGALMEX, las cuales se han ido por el camino más fácil y por un monto muy menor de lo estafado. Lo mismo puede decirse sobre el caso Odebrecht y ya me imagino como anda la impunidad en los casos de corrupción a nivel estatal. Ni el mejor de los jueces puede proceder si no se le presenta un caso sólido por parte de una fiscalía.
No olvidemos que los recursos expoliados son nuestros impuestos y nunca se ha considerado que los contribuyentes somos las víctimas directas de la corrupción, sin demeritar al resto de los ciudadanos que no reciben todos los servicios públicos que debieran.
Los expertos internacionales en transparencia insisten en que los países interesados -en serio- en combatir la corrupción deben, primero que nada, fortalecer el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Solo que en México vamos para atrás en estos dos rubros, pues la violación del primero en el Legislativo es lo que ha permitido la vulneración de la segunda.
Y peor que se va a poner, doña Raquel, pues con la eliminación de los organismos autónomos, entre ellos el INAI, ¿a dónde vamos a acudir los ciudadanos?
Un dato final, licenciada Buenrostro: los países con mejor calificación en transparencia y rendición de cuentas son aquellos con las democracias más sólidas.
Lo que no acaba de entender la 4T es que la democracia no es alzar la mano en los mítines; eso es populismo.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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