Hace 10 años, el Pacto por México presumía de los consensos que detonaron la ola reformadora del peñismo: primero, la educativa, pero sobre todo la modificación al marco legal que permitiría la inversión privada (nacional y extranjera) en el sector energético
Hace 10 años, el Pacto por México presumía de los consensos que detonaron la ola reformadora del peñismo: primero, la educativa, pero sobre todo la modificación al marco legal que permitiría la inversión privada (nacional y extranjera) en el sector energético.
Muy poco duraría el boom petrolero. Fue en ese contexto, que los directivos de firma texana Monterra Energy —una joint venture entre KKR y Grupo GP— decidieron abrir una oficina satélite en la Ciudad de México, para “perseguir oportunidades de inversión” en las áreas de trasporte, distribución, almacenamiento de hidrocarburos, generación de energía eléctrica y servicios petroleros,
El único activo de infraestructura que pudo erigir la compañía erigida por Arturo Vivar y Michael Williams quedó radicado en Tuxpam, Veracruz. Servitux —una terminal de almacenamiento de hidrocarburos— alimentaría el poliducto que conectaría a ese puerto del Golfo de México con la refinería de Tula. El proyecto requería una inversión de 667 millones de dólares, pero quedó trunco hace tres años.
Seis meses antes de que concluyera el sexenio peñista, Monterra obtuvo la autorización de la Comisión Reguladora de Energía para operar, por 30 años y justo tres meses después del inició operaciones —la noche del 13 de septiembre de 2021— fue clausurada.
La Cuarta Transformación ya había emprendido su peculiar rescate de la soberanía energética, que plantearía —en última instancia— la “nacionalización” de la industria eléctrica y se materializaría en la compra de los activos de Iberdrola en territorio nacional.
Monterra Energy denunció presuntas violaciones al T-MEC, recurrió al arbitraje internacional y reclamó una indemnización, al tiempo que entabló una discreta negociación con la directiva de Petróleos Mexicanos, que —en la misma línea que lo pactado entre CFE e Iberdrola— ofreció adquirir la terminal de almacenamiento de Tuxpam. La transacción requiere 320 millones de dólares y el visto bueno de la CRE y la Secretaría de Energía.
La rehabilitación de la planta requerirá otra inversión adicional y la capacidad financiera de la empresa paraestatal podría verse aún más comprometida. Adicionalmente, hay otras implicaciones políticas —los antecedentes de conflictos de interés, los escollos regulatorios y la dudas sobre la transparencia de la operación— que ensombrecen el panorama. ¿Estamos ante el primer gran escándalo del segundo piso de la Cuarta Transformación?
Efectos secundarios
LIDERAZGO. N+ alcanzó el primer lugar entre los productores de contenidos noticiosos, con más audiencia en la televisión abierta y digital en México, de acuerdo con el ranking de comscore. En julio, 24.2 millones de usuarios se informaron a través de la multiplataforma del canal informativo 24/7 de Grupo Televisa.
PRECEDENTE. Hubo 201 jueces y magistrados del Poder Judicial federal que votaron contra la propuesta de sumarse al paro de labores iniciado por los empleados de la SCJN. Y con ellos, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien propuso al resto de los integrantes del Tribunal Pleno atraer la controversia entre las dos partes, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Pleno sesionó ayer en privado y decidió suspender su trabajo, con el voto en contra de Esquivel Mossa y las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes propusieron sesionar a distancia, dado que se cuenta con una lista de 28 proyectos ya distribuidos en el Pleno y en las salas, suman más de 200 asuntos. Por primera vez en nuestra historia constitucional, los tribunales federales permanece deliberadamente cerrados.
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