De ahí su estrategia estatista para reventar a pequeños y medianos empresarios, negándoles ayudas durante la crisis de la pandemia. “Si tienen que quebrar, pues que quiebren”, advirtió el presidente
Batres, el jefe de una de las cinco familias que controlan el país, quitó de la Constitución capitalina el principio de “respeto a la propiedad privada”. Lo que sigue es que pueda ser ocupada por quien la necesite, toda propiedad cuyo dueño no ocupe ni rente.
Sí, para que nos vayamos entendiendo: una hermana de Batres que es ministra de la Corte, pidió encarcelar a los magistrados de circuito y a los jueces de Distrito por estar contra la reforma judicial del jefe de su hermano.
La decisión del jefe de la familia Batres amenaza la seguridad jurídica de los propietarios de inmuebles en CDMX, pero en especial los que sean considerados enemigos del gobierno. En traducción libre: “Ni te muevas, que te desplumo”. A lo Fidel Castro.
Lo que sigue es la Ley de la Patada en la Puerta, que está en el programa de Podemos, el partido populista español financiado por Nicolás Maduro: “Quien no ocupe ni rente alguna vivienda de su propiedad, ésta puede ser ocupada por alguna persona necesitada”.
Lo curioso es que después de fundar Podemos, su líder, el comunista Pablo Iglesias, se compró en 800 mil dólares un chalet en las afueras de Madrid, con una extensión de 260 metros cuadrados habitables, dos mil metros de jardín y alberca.
Maduro también va detrás de cuatro millones de viviendas de venezolanos que no las viven, porque se han ido del país en espera de que mejoren algún día las actuales crisis económica y de seguridad. Como no las habitan, pues exprópiese.
La convocatoria está disfrazada de “censo”, pero es un operativo para ubicar inmuebles desocupados y llenarlos con usurpadores; e inmuebles en desuso para legalizar las ocupaciones de viviendas ajenas, por parte de sus seguidores.
Aquí, Morena ya planteó que cada dos años el INEGI tenga acceso a la información bancaria y fiscal de la población, pueda verificar su patrimonio inmobiliario y financiero, y así medir la desigualdad en el país.
¿Pero para qué? Si bajo su actual marco legal, el INEGI puede realizar encuestas sobre desigualdad sin violar las garantías básicas de propiedad privada, y del derecho constitucional de los ciudadanos a no ser molestados.
Pero la propuesta va de la mano con el proyecto del jefe del Ejecutivo de que “el Estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional” y de freno (o entorpecimiento en todo lo posible) de la participación de la inversión privada.
De ahí su estrategia estatista para reventar a pequeños y medianos empresarios, negándoles ayudas durante la crisis de la pandemia. “Si tienen que quebrar, pues que quiebren”, advirtió el presidente.
Ya acabó el principio de propiedad privada.
Sí, para que nos vayamos entendiendo.
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