Las unidades son vaciadas, pero también desmenuzadas. Hay reportes en Puebla sobre los lugares donde es posible conseguir refacciones robadas de tractocamiones, de la marca más vendida en el mercado
El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, presentado por el Inegi, corrobora lo que distintas organizaciones de auto transportistas y empresas de seguridad han registrado puntualmente: cruzar por la red carretera de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México es altamente riesgoso para las unidades que trasladan distintos enseres. Y ni la Guardia Nacional ni las corporaciones policiacas de esas demarcaciones han podido establecer mecanismos de coordinación para frenar los asaltos o recuperar la mercancía.
Los ataques a auto transportistas en la red carretera federal derivan en tres tipos penales: privación ilegal de la libertad (en su modalidad de secuestro exprés), robo a mano armada y cada vez con más frecuencia, en homicidio. Los choferes deben presentarse ante las fiscalías para presentar las denuncias correspondientes, para que proceda el pago de las pólizas, que cada vez resultan más caras. Y las aseguradoras también tienen reportes sobre los incidentes, con las reclamaciones del pago respectivo.
Las unidades son vaciadas, pero también desmenuzadas. Hay reportes en Puebla sobre los lugares donde es posible conseguir refacciones robadas de tractocamiones, de la marca más vendida en el mercado.
En el Altiplano, el autotransporte está bajo riesgo latente: ocho de cada 10 incidentes de este tipo son con violencia en el Estado de México; nueve de cada 10 lo son en Puebla. Cuando hay disparos, 70% de los operadores de las unidades resultan lesionados.
La vigilancia de la red carretera nacional es competencia de la Guardia Nacional y de hecho, la división que sustituyó a la antigua Policía Federal de Camino tiene más elementos y más unidades. Pero es justo este sexenio cuando se han roto los récords. Actualmente se registra un promedio de 324 unidades asaltadas por mes, en los últimos 12 meses.
El último año del sexenio peñista quedó registrado como el más violento, con 13,068 reportes de robo. En el primer trienio de la presente administración hubo un decremento, que los especialistas atribuyen a las medidas de aislamiento por la Covid-19. La reactivación económica a partir del 2021 derivó en un incremento en la incidencia de los asaltos a los auto transportistas hasta el año pasado, que quedaron registrados 9,181 casos.
Se trata de un fenómeno regional, que involucra a un número específico de estados de la región centro-occidente del país y se focaliza en las autopistas (57D México-Nuevo Laredo) en los tramos que cruzan por los estados de México, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Y la autopista 150D, en Puebla, donde actualmente se registra la incidencia más alta.
Ante la descoordinación de las corporaciones policiacas, los empresarios han ensayado distintas soluciones: desde la vigilancia con escoltas para los tráilers nodriza y el uso de “retardantes” (equipos especiales para evitar el abordaje de las unidades) hasta los blindajes y los “sistemas esclavos” con fibra óptica. O cerraduras especiales y sistemas de seguridad electrónica permiten monitorear el avance de las unidades en tiempo real.
Efectos secundarios
DESFASADOS. La carta y su anexo —ocho cuartillas con 95 nombres y firmas— llegó al mediodía del pasado miércoles 6. El oficio INAI/COP-AAM/368 contenía la segunda solicitud de audiencia con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, o “con la persona de su equipo de transición que tenga a bien designar” y “colaborar en la construcción del nuevo andamiaje institucional y legal” en materia de acceso a la información y la protección de datos personales. Ni esa manifestación de interés ni las ocho cuartillas con el pronunciamiento conjunto del Inai y los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia sobre la iniciativa de reforma constitucional sirvieron de mucho. Sheinbaum dejó al Poder Legislativo esa decisión.
¿PREJUICIOS? Sin pena ni gloria, el “encuentro nacional” convocado por los organismos gremiales para analizar la problemática de la vivienda social. Y es que en la víspera de la reunión habría salido una instrucción tajante, desde la oficina del titular de la Sedatu para no atender la invitación, a fin de no caer en “proselitismo indebido”. Los funcionarios federales dejaron solos a Alfonso Ramírez Cuéllar y César Yáñez, quienes acudieron en representación de la presidenta electa.
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