¿Será que ciertos grupos vinculados a Woldenberg, Lorenzo y otros exconsejeros desean mantener su influencia y control en el INE?
Han pasado 12 meses desde que comenzó la cascada de cambios en la estructura del INE que puso a prueba el liderazgo de la presidenta consejera, Guadalupe Taddei Zavala. Los mandos superiores del organismo autónomo habían renunciado a sus cargos incluso antes de su designación, en solidaridad con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
Ambos se habían confrontado con el Ejecutivo federal, por las restricciones al presupuesto y sus salarios producto de la austeridad republicana. El contralor del INE persiguió al director de administración y el funcionario que Taddei Zavala seleccionó para esa posición estratégica —Ignacio Ruelas, exvocal ejecutivo en Aguascalientes— apenas estuvo 90 días en funciones.
El mismo día que Ruelas renunció al INE, el Órgano Interno de Control suspendió al titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Ambas vacantes engrosaban un hueco mayor en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General: Taddei había sometido —el 21 de junio— dos propuestas que no transitaron.
La normatividad vigente faculta a la Presidencia del Consejo General proponer al Consejo a la persona que habrá de ocupar la Secretaría Ejecutiva, quien deberá contar con dos terceras partes de los votos del pleno para acceder al cargo. Para el nombramiento de los Directores Ejecutivos y las personas titulares de Unidad, se requiere un mínimo de ocho votos, de 11 posibles.
Para esquivar la inoperancia de la estructura operativa y completar el estricto cronograma, en la víspera del proceso electoral 2023-2024, Taddei Zavala nombró ocho encargados de despacho. Así, Claudia Edith Suárez Ojeda pudo ocupar la posición que abandonó Ruelas durante tres meses y llegar a la Secretaría Ejecutiva mientras los consejeros electorales construían los consensos para validar un “mecanismo extraordinario” que garantizaría la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales del INE.
Este se materializó en el acuerdo INE/CG686 del 15 de diciembre del 2023, que fue impugnado por las representaciones del PRI, Morena y el PT, respectivamente. La sala superior del Tribunal Electoral dejó sin efectos el plazo de 30 días impuesto a la consejera presidenta para proponer a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, así como las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que quedaron desocupadas. Igualmente, eliminó el plazo de 12 meses como límite temporal a los encargados de despacho.
Claudia Edith —experta en temas administrativos— ha cumplido con decoro y eficacia como encargada de la Secretaría Ejecutiva. Incluso en las actuales circunstancias, que la obligaron a ausentarse del pleno. El Consejo General del INE está en condiciones de acordar las designaciones de los titulares de las posiciones vacantes, sin establecer más limitante que el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 38, párrafos 1 y 2, así como 52, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con excepción del relativo a no ser ni haber sido miembro del Servicios Profesional Electoral durante el último proceso electoral federal ordinario, resulta evidente que, tratándose del nombramiento de personas que se encarguen temporalmente de los respectivos despachos, se debe cumplir con los mismos requisitos, por haberse considerado por el legislador, necesarios para el desempeño de la función, de ahí que no podrían imponerse requisitos menores, pero tampoco exigirse condiciones mayores, ya que ello implicaría exceder los límites establecidos por el legislador.
Es sorprendente que aún se cuestione la intención de la Consejera Presidenta de implementar cambios, algo que es común cuando un nuevo funcionario asume el cargo. ¿Qué intereses hay detrás de este bloqueo? ¿Será que ciertos grupos vinculados a Woldenberg, Lorenzo y otros exconsejeros desean mantener su influencia y control en el INE?
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