La búsqueda de justicia no repara el daño que la negligencia, en caso de haberlo, ha causado a las familias de los afectados
Una vez que la tragedia ha dejado una huella profunda entre la comunidad, conocer las causas de la caída del templete en el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García se convierte en una urgente necesidad, no sólo para hacer justicia sino para que no vuelva a ocurrir.
La muerte de nueve personas y 189 heridos debe ser motivo suficiente para conocer todos los detalles que ocasionaron este mal momento para los mexicanos.
Todo organizador de un evento masivo debe estar informado sobre el pronóstico del clima. Es de elemental requisito considerar las tendencias, verificar y hasta cruzar información, por la seguridad de los asistentes.
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó “lluvias, chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo” en la zona noroeste del país. Para Nuevo León reportó oportunamente que de las 3 hasta las 6 de la tarde, donde se tenía programado el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro, y Jorge Álvarez Máynez, se previó viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, así como posible formación de torbellinos o tornados.
Por su parte, Conagua informó que desde la tarde del miércoles 22 de mayo, notificaron a la población sobre el viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con condiciones para la formación de torbellinos o tornados.
La plataforma de Conagua alertó horas antes de la tragedia en el campo de beisbol “El Obispo” sobre tolvaneras, caída de árboles y anuncios publicitarios, pero Álvarez Máynez aseguró ayer que no se trató de un “fenómeno previsible”. Son días de huracanes, de trombas, de vientos huracanados.
Quien realizó el evento fue el equipo de Lorenia Canavati, que contrató a la empresa Proaudio del Norte, propiedad de Víctor Gutiérrez, que inició sus actividades hace 23 años. Dicha empresa ya había trabajado con Canavati en 2022, en un evento llevado a cabo en Monterrey.
Por su parte el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, señaló que no recibieron alertas de Protección Civil del estado, es decir, responsabiliza a Samuel García. Pero Protección Civil no tiene razón alguna para estar informada sobre los eventos masivos.
El alcalde, que no pertenece a ningún partido, informó que Protección Civil municipal y estatal revisaron el estadio porque se tenía planeada la asistencia de 10 mil personas, pero no asistió ni la mitad.
Está claro que la organización del evento corrió por cuenta de Movimiento Ciudadano, partido que debió hacerse cargo de los gastos de hospitalización, funerales e indemnizaciones; sin embargo, es el gobierno del estado el que está pagando estos gastos, como si se tratara de un evento oficial, y asumiendo así su responsabilidad, lo cual lo hace corresponsable de la tragedia, como si se tratara de parte de las actividades propias del gobierno que encabeza Samuel García, quien no desaprovecha oportunidad para aparecer frente a los medios como si estuviera en campaña.
Es decir, si el gobierno estatal asume responsabilidades, el incidente se inscribe dentro de las negligencias que acusan algunos al accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, hecho que los candidatos de Movimiento Ciudadano tienen muy presente en el momento de desprestigiar a los candidatos de Morena.
Dentro del espectro político si el evento de la tragedia hubiera sido organizado por Morena, ya estarían puntuales los panistas tratando de extraer declaraciones de los familiares de las víctimas para exigir renuncias y encarcelamientos, como sucedió en el accidente del Metro. Los medios hubieran sacado a la luz pública el nombre de la empresa, el de los organizadores y hasta antecedentes de accidentes anteriores en los que se culpa a miembros del partido en el poder.
Motivo por el cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó formalmente a 10 exfuncionarios involucrados en la construcción de la Línea 12, enfrentan cargos por homicidio, lesiones y daño a la propiedad contra personas físicas, se estaría purgando una condena en promedio de 52 años.
El hecho de que sea el gobierno del estado quien asuma dichos gastos y no el partido que organizó el evento, tiene como objetivo darle carpetazo, porque el nombre de la empresa que colocó el templete fue escondido el mayor tiempo posible, como si hubiera contubernio con el partido. Huele a impunidad de los culpables.
El gobierno del estado cubrirá: gastos funerarios, administrativos, hospitalarios y de medicamentos. Seguimiento psicológico a los lesionados. Bastones, sillas de ruedas y muletas. Gastos de rehabilitación, cirugías, traslados, becas para los menores con familiares afectados, un fondo para las víctimas de la tragedia.
“Todas las cirugías, vamos a correr con el tema de gastos de rehabilitación, vamos a contar por supuesto con sillas de ruedas, bastones, medicamento, el tema psicológico”, dijo Samuel García.
La tecnología para colocar templetes, además de que se instalan en unos cuantos minutos, tienen garantizada su solidez y cuidado de los asistentes; sin embargo, de esto nadie habla.
El incidente no deja de recordar aquel atentado del crimen organizado del 25 de agosto de 2011, a finales del sexenio de Felipe Calderón, cuando por no pagar derecho de piso fue incendiado el Casino Royale, con un saldo de 52 muertos.
Por ese hecho hay 25 detenidos, de los cuales 9 han recibido condena. Siete están prófugos y tres murieron. Ente los detenidos no está el propietario del casino, Raúl Rocha Cantú, donde se encontraron cerradas las puertas de emergencia por cajas de refrescos.
Ante este tipo de eventos debe haber culpables y responsabilidades, con nombre y apellido. Lo que es imperdonable es tomar este tipo de desgracias para politizarlas y ha sido el PAN y sus seguidores quienes, de nuevo, realizaron una política carroñera, empezando por Emilio Álvarez Icaza, seguido de Héctor de Mauleón, la actriz Laisha Wilkins, Pedro Ferriz Híjar y otros personajes que después borraron sus comentarios de las redes pero pudieron ser grabadas para ser señalados no sólo como insensibles sino como carroñeros.
La búsqueda de justicia no repara el daño que la negligencia, en caso de haberlo, ha causado a las familias de los afectados. Esperemos que esto sea una advertencia para que nunca más vuelva a suceder algo así.
PEGA Y CORRE. – Cuando una lucha social es legítima se busca el apoyo popular pero no se provoca su rechazo como sucede con las acciones de la CNTE, que desde hace unas semanas actúa contra la cotidianeidad de los mexicanos. Esta vez se manifestaron frente al INE para reprochar que se gasten más de 22 mil millones de pesos en materia electoral y el gobierno federal no pueda otorgar un aumento directo al salario base de los docentes…
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