Tenemos dos leyes eléctricas en el aire y una incertidumbre monumental en el terreno. En la práctica, eso se ha traducido en un desplome de la inversión privada
Tenemos dos leyes para el sector eléctrico, pero ninguna se aplica a cabalidad. Una se aprobó en 2013 y estaba pensada para detonar millonarias inversiones privadas. La otra se aprobó en 2021 y es parte central del nacionalismo energético que impulsa el presidente López Obrador. Cada una representa una visión de lo que deben ser las actividades de generación, transmisión y distribución de la electricidad. ¿Qué papel deben desempeñar las empresas privadas y cuál es el rol que corresponde a la CFE? Ése es el dilema. Eso es lo que está resolviendo el Poder Judicial mexicano. Eso es una de las cosas que están impugnando nuestros socios comerciales en el T-MEC.
La Ley del 2013 buscaba otorgar protagonismo a la inversión privada en la generación de electricidad. Mantenía para la CFE el monopolio en transmisión y distribución, pero la ponía a competir en condiciones inéditas con empresas privadas en la generación. Cuando digo inéditas, quiero decir para México. En la inmensa mayoría de los países que tienen un nivel de desarrollo medio o alto, es normal que haya competencia. Las empresas dominantes no han desaparecido, pero han debido ponerse en forma para resistir el embate de los nuevos jugadores. La competencia no es un fin, sino un medio. El objetivo es lograr los máximos niveles de inversión e innovación en un sector que es fundamental para la competitividad de los países, además de un instrumento para cumplir objetivos sociales y garantizar la seguridad en el abasto.
Si quisiéramos lograr un crecimiento sostenido de la economía de 2.4% anual, necesitaríamos inversiones en el sector eléctrico por el equivalente a 7,500 millones de dólares anuales durante los próximos 15 años, según cálculos de la Comisión de Energía de la Cámara Internacional de Comercio. En total, son 112,000 millones de dólares. Si agregamos las inversiones necesarias para acelerar la transición energética y alejarnos de los fósiles, podríamos llegar a un total más cercano a los 130,000 millones de dólares en 15 años.
Las inversiones en el sector eléctrico son fundamentales para asegurar las inversiones relacionadas con el nearshoring. Las empresas del sector automotriz, por ejemplo, demandan abasto eléctrico que sea generado por fuentes renovables, a buen precio y con suministro seguro. Esta industria, incluyendo sus proveedores, es el mayor generador de empleos y divisas en el sector manufacturero de exportación. Para abastecerlo, se necesitan cuantiosas inversiones en generación, trasmisión y distribución.
¿Qué parte de esas inversiones las debe hacer la CFE y cuánto corresponde al sector privado? La respuesta a esta cuestión depende, entre otras cosas, de cuál es la ley de la que estamos hablando. Tenemos dos leyes para el sector eléctrico, pero las dos están en el limbo. La ley aprobada en 2021 busca reservar para la CFE el 54% del mercado eléctrico mexicano y un máximo de 46% a las empresas privadas. No se puede aplicar porque varias empresas se ampararon.
En teoría, ahora está vigente la ley del 2013 en donde las empresas privadas pueden invertir sin límites en la generación de energía eléctrica. En la práctica, no es así. La Comisión Reguladora de Energía se convirtió en un Doctor No de película. Entre 2019 y 2022, negó un total de 213 permisos para actividades de generación y suministro eléctrico. De un total de 554 solicitudes, sólo aprobó 100, de acuerdo con un trabajo hecho por la investigadora Ana Lilia Moreno, de México Evalúa. Otro aspecto a destacar es que el Centro Nacional de Control Eléctrico otorga prioridad a la producción de la CFE para subirla a la red eléctrica. De acuerdo con la ley del 2013, el orden de despacho debería dar prioridad a la energía que tuviera menor costo y que fuera producida con fuentes renovables. En la red, tenemos otra cosa.
En las decisiones de la CRE y el Cenace hay una actitud de discriminación hacia los privados, se quejan los representantes de las empresas de Estados Unidos y Canadá. Los gobiernos de esos países han activado el mecanismo de consultas, contemplado en el T-MEC, para resolver la situación. Las consultas empezaron hace poco más de año y medio y en cualquier momento podríamos entrar en otra fase, en la cual tendríamos un panel de resolución de controversias integrado por jueces independientes, con facultades para determinar una sanción multimillonaria contra quien resulte responsable.
Tenemos dos leyes eléctricas en el aire y una incertidumbre monumental en el terreno. En la práctica, eso se ha traducido en un desplome de la inversión privada. Según el trabajo de México Evalúa, entre 2019 y el tercer trimestre del 2022 se acumularon apenas 2,800 millones de dólares. Esto se compara con los 10,000 millones que se dieron entre 2014 y 2018. ¿Podremos salir de este laberinto en un año electoral… o en el año siguiente?
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