¿Qué va a decidir el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto al futuro de la política monetaria de Estados Unidos? No lo sabemos. ¿Qué rumbo van a tomar las guerras de Ucrania contra su invasor Rusia y de Israel en contra del grupo terrorista Hamás? Tampoco es posible saberlo. … Continued
¿Qué va a decidir el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto al futuro de la política monetaria de Estados Unidos? No lo sabemos.
¿Qué rumbo van a tomar las guerras de Ucrania contra su invasor Rusia y de Israel en contra del grupo terrorista Hamás? Tampoco es posible saberlo.
¿Habrá recesión en Estados Unidos?
Lo que sí tenemos claro es que, en el Senado de la República, la mayoría que obedece a los dictados del presidente Andrés Manuel López Obrador va a aprobar antes de una semana una Ley de Ingresos para el 2024 que va a poner en serio riesgo financiero al país durante el próximo año y los años por venir. Eso es un hecho.
Cuando estalló la crisis económica en diciembre de 1994 muchos analistas justificaron que no la vieron venir porque no había información disponible del manejo financiero del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Hoy, está a la vista que el Paquete Económico del 2024 es un riesgo serio para la estabilidad macroeconómica de México y así lo hacen saber no pocos expertos.
El problema es que el discurso que domina es el de la voz presidencial que se encarga de encaminar la discusión hacia otros terrenos que le son rentables, como denostar al poder Judicial.
Las alertas llegan de todos lados, por supuesto de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pero también de alguno o algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México.
Una de tantas advertencias, que además es clara y comprensible, es la del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Algo extraño, porque este centro depende del Consejo Coordinador Empresarial que debe tener una lumbalgia terrible de tantas caravanas que le hacen a López Obrador.
Lo cierto es que el CEESP describe con mucha calidad técnica que el brutal monto de deuda pública adicional que quiere la Secretaría de Hacienda de López Obrador, y que con los ojos cerrados le aprueba su mayoría legislativa, de 2 billones de pesos, es de más del doble de lo presupuestado para inversión física.
La deuda se usa para sostener el gasto corriente y esto lleva a la insostenibilidad de las finanzas públicas. Seguro que esas matemáticas las pueden ver los expertos fiscales del gobierno, pero prefieren voltear a otro lado.
La herencia de este régimen a quien sea que gobierne a partir de octubre del próximo año será un padrón turbio de programas asistencialistas difícil de modificar y una larga lista de proyectos caprichosos de infraestructura que lejos de tener aportaciones al crecimiento requerirán enormes transferencias de subsidios para su funcionamiento.
Pero, incluso antes de que un siguiente gobierno se tenga que preocupar por cómo reequilibrar lo que ahora se rompe frente a todos en el régimen actual, podría estar corriendo el 2024 cuando lleguen las señales de alerta de las firmas calificadoras y con ellas el impacto negativo en los mercados financieros.
Pocas veces se había hecho una advertencia tan a tiempo y pocas veces también se había ignorado con tal descaro lo que muchos expertos ven venir.
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