En vísperas de la visita presidencial a Mulegé, también estuvo en tierras sudcalifornianas el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, quien estuvo acompañado por el gobernador morenista Víctor Manuel Castro
Raquel Buenrostro estuvo de gira por la península sudcaliforniana. A media semana amaneció en Guerrero Negro, donde realizó un minucioso recorrido por las instalaciones de Exportadora de Sal, la paraestatal que explota la principal mina a cielo abierto de esa materia prima.
Una visita, previa a la gira que realizará el Ejecutivo federal a la salinera ubicada en la Bahía Ojo de Venado. Pendiente, el cumplimiento de las instrucciones presidenciales para rescatar a la empresa, amorcillada por una incómoda sociedad con Mitsubishi y una baja en la productividad. La planta laboral ha visto pasar cuatro directores y tres secretarias de Economía sin encontrar respuesta a sus reclamos.
Dos de esos funcionarios —Gregorio Cavazos y Raúl Franco Morones— fueron designados por la exsecretaria Tatiana Clouthier. Apenas duraron un año, cada uno, en el cargo.
Con una capacidad instalada para producir 9 millones de toneladas métricas de sal cada mes, que podría ampliar hasta 15 millones de toneladas si desocupara las 4,000 hectáreas actualmente inundadas por salmuera residual, ESSA apenas alcanzó a generar 2.5 millones, el mínimo indispensable que debe entregarse al corporativo nipón.
Buenrostro había recibido informes alarmantes sobre la solvencia financiera de la paraestatal incluso antes de llegar a Economía. Y es que como titular del SAT congelar sus cuentas, ante pagos pendientes por créditos fiscales generados entre el 2008 y el 2013, por ajustes en los precios de venta de los que se benefició Mitsubishi.
En el epicentro de los problemas que afronta ESSA, la política tarifaria ahora mismo es motivo de una controversia entre la directiva, encabezada por Carlos Patterson Olivas desde hace tres meses y el Consejo de Administración. En la última sesión de ese órgano deliberativo, el funcionario invocó a la fracción III del artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para negarse a informar sobre el “pago por demoras” en los embarques de los buques de Mitsubishi en la Isla de Cedros.
“El consejo solo puede autorizar el pago por servicios prestados, no así los pagos”, argumentó Patterson Olivas, obligado a entregar un informe —a más tardar el próximo 30 de junio— sobre las tarifas por pronto despacho y el pago por demoras convenido con la firma japonesa.
En vísperas de la visita presidencial a Mulegé, también estuvo en tierras sudcalifornianas el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, quien estuvo acompañado por el gobernador morenista Víctor Manuel Castro.
Efectos secundarios
¿DESPLAZAMIENTOS? La disolución del consejo de expertos electorales reclutado por el Frente Cívico Nacional revivió las críticas por el protagonismo desbordado de un árbitro virtual y ocultó otras fisuras que han surgido entre los dirigentes partidistas y los representantes de la sociedad civil. El veto de estos últimos a dos de los aspirantes —los exgobernadores Alejandro Murat, de Oaxaca, y Silvano Aureoles, de Michoacán— resultó un búmeran. Pronto se sabrá si continúan por el sendero que caminó Lilly Téllez.
¿OLVIDADIZOS? Horacio Duarte e Higinio Martínez estuvieron —aunque en la retaguardia— en el plantón de AMLO para exigir el recuento de votos de la elección presidencial del 2006. Por lo mismo, extraña sobremanera el emplazamiento que han formulado a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México para que —“a la brevedad”— declaren a Delfina Gómez gobernadora electa, no obstante que el Tribunal Electoral local aún desahoga las impugnaciones en tres distritos. La legislación vigente contempla hasta el próximo 15 de agosto como plazo límite, pero Morena quiere iniciar cuanto antes la entrega-recepción.
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