Lo hace con conocimiento de causa, con el INE contemplando todo desde Palacio Nacional, usando eufemismos y en sentido contrario de todos los señalamientos de inequidad electoral que el hoy Presidente acusó durante décadas
Ahora mismo, el régimen viola las leyes electorales con la elección de su precandidato a la presidencia para las elecciones de junio del próximo año medio año antes de los tiempos legales.
Lo hace con conocimiento de causa, con el INE contemplando todo desde Palacio Nacional, usando eufemismos y en sentido contrario de todos los señalamientos de inequidad electoral que el hoy Presidente acusó durante décadas.
Y esto es posible porque así lo desea Andrés Manuel López Obrador. Cuando él quiere que algo suceda, simplemente ocurre. Porque a él nadie le puede venir con eso de que la ley es la ley.
Las afectaciones para el país por esta voluntad autocrática son muchas y se notan en el terreno social, en la inseguridad y en la economía. Pero no hay daño que no quede cubierto por el más grande halo de popularidad del político más carismático que ha visto México en décadas.
Pero la virtud del encanto contrasta dramáticamente con la profundidad de los daños provocados.
Una cosa es segura, aquel que se convierta en el “coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación” de Morena no tendrá, ni de lejos, un poco del encanto del actual Presidente y, por lo tanto, será más difícil que pueda sortear los efectos políticos de la destrucción en curso, si llega a convertirse en el siguiente Presidente.
Pero en lo que llega ese relevo, previsto por la Constitución para el 1 de octubre del 2024, todavía queda tiempo para profundizar lo que hoy vemos, con el agravante de que el ejemplo de Palacio Nacional se replica en el poder legislativo y en otros niveles de gobierno, como en los estados de la República.
Varios gobernadores del oficialismo se han sumado a la tarea de ser un peligro para México. La lista es larga y el espacio es breve, pero el lance del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, alcanza unos niveles de irresponsabilidad que encienden los focos rojos.
No sólo porque no entiende los efectos cambiarios y el comportamiento de los precios de los granos en los mercados internacionales de materias primas, sino por su llamado a usar la vía violenta.
Llamó a los grupos inconformes con los precios de los granos a tomar las plantas de las empresas procesadoras de maíz. Sí, llamó al uso de la violencia, a atentar en contra de la propiedad privada y los intereses de las empresas agroindustriales que operan en México. Y todo para compensar la impericia del gobierno de López Obrador que suspendió la compra de coberturas que beneficiaban a los campesinos.
La advertencia autoritaria de la 4T, en voz de Rocha Moya, ya tuvo acuse de recibo por parte de los representantes empresariales de Estados Unidos, de las propias empresas señaladas y de cualquier persona que entienda los riesgos del autoritarismo.
Mientras tanto, desde la mañanera, López Obrador reparte culpas a sus adversarios de siempre, tal como lo marca el manual de propaganda. Y desde ese enorme carisma que le garantiza que todo se le resbale, evita hacer un extrañamiento a un gobernador que llama a romper el Estado de derecho y desde esa omisión del jefe de Estado, abre la puerta para que el peligro para este país continúe.
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