La pandemia obligó al cierre de sucursales, pero la solicitud de préstamos prendarios en los últimos tres años ha registrado una tendencia al alza, que ha permitido extender a 1.2 millones su base de clientes
El Monte de Piedad está al borde de la insolvencia. La renegociación del contrato colectivo entre los representantes de los 2,500 afiliados al sindicato y la directiva de vetusta institución de asistencia privada fracasó, a pesar de la mediación de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.
Sin visos de acuerdo, al menos en el corto plazo, la parte patronal está en vísperas “de tomar decisiones difíciles, pero responsables” que permitirán mantener la operación cotidiana de las sucursales de esta, la casa de empeño más grande de México.
La pandemia obligó al cierre de sucursales, pero la solicitud de préstamos prendarios en los últimos tres años ha registrado una tendencia al alza, que ha permitido extender a 1.2 millones su base de clientes. Para brindarles servicios, contaban con una plantilla de trabajadores —completada por 2,000 empleados de confianza—, que cuestan casi 2,000 millones de pesos anuales.
Hace dos años, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad exigieron un aumento de sueldo, pero los administradores de esa entidad no accedieron a cumplir con esas pretensiones no obstante la amenaza de huelga que quedó frustrada por decisión de la asamblea sindicalista.
Ante el agravamiento de los problemas de liquidez, los administradores de la IAP iniciaron la campaña #SalvemosalMonte y reiteraron su decisión de tramitar una demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para solicitar la extinción del contrato colectivo de trabajo.
¿Los costos laborales o las inversiones en bonos están en el fondo de los problemas financieros del Monte de Piedad? Lo cierto es que desde el año pasado se han implementado medidas de choque —entre ellas, el cierre definitivo de 18 sucursales en distintas entidades del país y una inflexible reducción de la plantilla laboral— sin tomar en cuenta a los sindicalizados. Los trabajadores de confianza han sido reubicados en otras sucursales.
El Nacional Monte de Piedad asegura que el costo de las prestaciones económicas contempladas por el contrato colectivo de trabajo es “insostenible”, sin embargo reportaron 1,980 millones de pesos de ganancias.
Con un patrimonio estimado en 26,350 millones de pesos y activos valuados en 33,795 millones, los sindicalizados exigen una revisión exhaustiva de los informes financieros entregados al SAT. Y particularmente, las “actividades adicionales”, incluidas fideicomisos y colocaciones, a través de intermediarios financieros.
Una controversia incluso de mayor magnitud actualmente ocurre en la Beneficencia Pública, donde los administradores del patrimonio de esa institución juarista entregaron 1,350 millones de pesos a una financiera peninsular que lleva cinco meses sin cubrir el capital y los intereses. Ante el impago, deberán intervenir las autoridades judiciales.
Efectos secundarios
¿INOCULACIONES? Hay señales ominosas en otras áreas del sistema financiero. La liquidación de Accendo es —como el desfalco a la Beneficencia Pública— un asunto que se revisa minuciosamente en Palacio Nacional. Y allí está también el litigio emprendido por el empresario Rafael Zaga Tawil contra la división fiduciaria de Actinver, por 1,000 millones de pesos. Un juez civil de la CDMX dictó la medida cautelar solicitada y la institución deberá reservar esa cantidad en su contabilidad. El caso Terla aun no concluye.
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