El ambiente de polarización inhibe a los actores políticos a entender en su justa dimensión las decisiones que toman y los acontecimientos de impacto
Los eventos se desencadenan con singular sorpresa en el arranque del año. Dos de ellos son simbólicos de lo que en el horizonte parece un esperanzador nuevo momento del país: la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte y la detención en Sinaloa de Ovidio Guzmán. Ambos eventos, muy diferentes en cuanto a su naturaleza, coinciden en un aspecto muy relevante: el imperio de la legalidad.
El papel de la Suprema Corte no es oponerse a ningún otro poder. Con razón a muchos preocupaba que la renovación en la presidencia de la Corte pudiera significar su sometimiento al presidente de la República. Aunque la Corte es un órgano colegiado, su presidencia es relevante más allá de la representación institucional que en ella recae o la conducción de los trabajos del Pleno. El perfil profesional y la actuación de la ministra Piña invitan al optimismo sobre la continuidad de muchas de las acciones positivas durante la presidencia del ministro Zaldívar y, por otra parte, reafirma la condición de la Corte como garante de la supremacía constitucional
Sería deseable que una vez comenzado con tan buen viento, 2023 fuera el año de la legalidad. Pero esto corresponde no solo a la judicatura; también es necesario que sociedad, autoridades y actores relevantes de la vida pública participen de este empeño. Las diferencias son parte de la normalidad democrática, incluso las que se dan entre autoridades, entre poderes públicos o de los ciudadanos y sus gobernantes. El ámbito para su atención son los procesos judiciales, lo importante entonces es que éstos tengan curso con estricto apego a la ley y que las autoridades judiciales actúen con rigor para hacer valer la constitucionalidad.
El ambiente de polarización inhibe a los actores políticos a entender en su justa dimensión las decisiones que toman y los acontecimientos de impacto. El fatalismo y el ánimo de confrontación es lo que impera. Frente a esta realidad, lo que el país requiere es un reencuentro con la legalidad a manera de dar certeza de derechos. La política por naturaleza genera tensiones; no obstante, su expresión y actuación debe ser atemperada por el acuerdo que en 2023 debemos reafirmar todos, el del estricto cumplimiento de lo que ordena la ley.
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