Ese fabuloso poder económico y político se suma al monopolio que tienen los militares sobre el poder de las armas
Fue una mala semana para el Ejército mexicano:
1.- El subsecretario de Gobernación lo apuntó como autor de un crimen de Estado, en el informe sin tachaduras de este gobierno, sobre la desaparición de los 43 estudiantes del caso Iguala en 2014.
2.- Pese a manejar la quinta parte de los 8 billones de pesos del Presupuesto Nacional, y los negocios más grandes del Estado, se supo que se le mataron 14 efectivos, porque un helicóptero quedó sin gasolina.
También fue de una coincidencia de espanto el relato de cómo murieron los 43 de Iguala, con la publicación el informe de la ONU sobre el trato del Ejército a la oposición, bajo la dictadura de Venezuela.
“Seis seguían vivos. Los asesinaron días después, por órdenes del entonces coronel del Ejército José Rodríguez”, escribió la periodista Peniley Ramírez, tras obtener el informe de Gobernación.
“Los crímenes de lesa humanidad, cometidos por agentes y militares de los niveles más altos, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad”, indica el documento de la ONU sobre Venezuela.
La lección de ambos casos es similar: nunca acaba bien la militarización de una sociedad, como ya ocurrió, y como intenta aquí el actual gobierno.
Aunque aquí se entiende la presencia militar en las calles como temporal, para combatir al crimen. Pero eso no es militarización. Militarización es que el Ejército controla 26 instituciones civiles.
Y maneje un descomunal presupuesto en total opacidad, construya aeropuertos, puertos y plantas industriales civiles y sea la mayor empresa del Estado: Grupo Olmeca, que mueve 300 mil millones de pesos.
Además de la industria de medicamentos, que administre aeropuertos civiles, aduanas, y construya las obras del presidente, con ganancias extra a los 770 mil millones que recibe de nuestros impuestos.
Ese fabuloso poder económico y político se suma al monopolio que tienen los militares sobre el poder de las armas: una mezcla como para provocar terror, como ya provoca en Venezuela, según la ONU.
Bueno: qué no harían hoy si, en 2014, cuando no tenían ni remotamente el poder ni la exposición pública de fuerza política que tienen hoy, hicieron lo que dice el informe revelado por Peniley Ramírez:
En los chats: criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos.
He ahí el peligro de un Ejército impune, blindado al escrutinio público, con el pretexto exagerado de que todo a su alrededor es asunto de seguridad nacional. En democracia, el Ejército debe ser vigilado.
El #NoAlaMilitarizacion no puede ser parte de la raja política. Tiene que ser en serio.
Porque se trata de no llegar a ser Venezuela.
O Cuba.
Minuto a minuto
