Ante el escenario adverso, también se ha confirmado que además de los dos fondos estadounidenses, existen intereses de dos despachos de abogados, Creel-García Cuellar y Covington, para llevar el caso hasta las últimas consecuencias del arbitraje internacional
A mediados del año pasado, antes de cualquier polémica pública, el embajador Esteban Moctezuma Barragán atendió a los representantes legales de SacTum, la empresa estadounidense que explota un banco de materiales pétreos en Playa del Carmen, en la Riviera Maya.
La filial de Vulcan Materials tiene ciudadanos mexicanos en su cuerpo directivo y su representación legal. Y en primera instancia habían acudido a la embajada de Estados Unidos en México para requerir apoyo ante lo que consideraron embates de las autoridades de Quintana Roo y la Profepa. Con la Secretaría de Economía había escasa interlocución desde que acudieron al arbitraje internacional, a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los primeros acercamientos, de acuerdo con fuentes familiarizadas con este caso, ocurrieron con el empresario Daniel Chávez, presidente Grupo Vidanta y asesor honorífico del Ejecutivo federal para los proyectos de infraestructura, quien a finales del año pasado intervino en las negociaciones con el sector hotelero sobre el trazo del Tren Maya; en la localización y construcción del aeropuerto de Tulum, y recientemente en la propuesta de transformación de los tres terrenos de Calica y el puerto de Punta Venado, frente a Playa del Carmen en un proyecto turístico que abrirá grandes oportunidades de negocio para los desarrolladores turísticos de la zona.
La prioridad, entonces y ahora, era evitar que las operaciones fueran suspendidas. Entre grandes inversionistas de Vulcan Materials están Blackrock y Vanguard. A los directivos de SacTum sorprendió entonces la brusquedad del embajador Moctezuma Barragán, pero no asumieron mayores problemas. Mal diagnóstico.
En el último trimestre, el CEO de Vulcan Materials, Tom Hill, ha sido recibido en Palacio Nacional. Ambas ocasiones, por intermediación del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Derivado de la postura de las autoridades mexicanas, tienen claro que sólo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha tenido una actitud de entendimiento.
Y es que no fue casualidad que mientras se tenía la reunión fue filtrada una carta de los senadores pedían al presidente estadounidense Joe Biden aplicara medidas inmediatas contra la retórica empresarial de López Obrador, algo que fue mal recibido en Palacio Nacional.
Las negociaciones de Vulcan Materials con los funcionarios mexicanos para lograr un acuerdo han sido infructuosas. Y justo hace un mes, el presidente instruyó a la Semarnat a frenar la extracción de materiales pétreos en la zona de Playa del Carmen y la exportación vía marítima de piedra caliza y derivados desde Punta Venado hacia el sur de Estados Unidos. Lo cierto es que la compañía estadounidense tiene todos los permisos para realizar su actividad e incluso unos días antes habían recibido el permiso aduanal por tres años por parte del SAT.
Las presiones no han cesado. Ante el escenario adverso, también se ha confirmado que además de los dos fondos estadounidenses, existen intereses de dos despachos de abogados, Creel-García Cuellar y Covington, para llevar el caso hasta las últimas consecuencias del arbitraje internacional.
Efectos secundarios
ULTIMÁTUM. Para insistir en su exigencia de un ajuste en la tarifa mínima para peseros, microbuses y taxis de alquiler, pero sobre todo para forzar una respuesta de las autoridades capitalinas, el FAT cerrará este jueves diferentes vialidades de la capital de la República. “Si movilizar a un usuario en los transportes del Gobierno de la Ciudad como la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en 2020 era de 13.59 pesos, por qué quieren que nosotros lo movamos con sólo 5 pesos”, cuestionan los transportistas. Y agregan que el costo por mover a ese mismo pasajero en el Trolebús es de 30.14 pesos. ¿Será? Los dirigentes de FAT aseguran que hay una total falta a la palabra de los subsecretarios de Gobierno y del Transporte, Ricardo y Luis Ruiz, respectivamente, además de Martí Batres que los respaldó en las reuniones sostenidas el pasado abril.
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