Los machetazos del Frente de Defensa de los Pueblos de la Tierra que se opusieron al avance de las obras en San Mateo Atenco y a las expropiaciones de Enrique Peña Nieto han quedado reivindicados, después de tres lustros de lucha
A la mitad del camino, la Cuarta Transformación suma 184 áreas naturales protegidas. Las dos últimas han alcanzado ese estatus, por decreto presidencial, en los últimos tres meses. La Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, antecedió a la reciente declaratoria, el Lago de Texcoco.
Los machetazos del Frente de Defensa de los Pueblos de la Tierra que se opusieron al avance de las obras en San Mateo Atenco y a las expropiaciones de Enrique Peña Nieto han quedado reivindicados, después de tres lustros de lucha.
Los pueblos originarios optaron por el rescate del principal vaso regulador hídrico del Valle de México, en vez del ultramoderno aeropuerto que quedó inconcluso, oculto por una barda perimetral —construida por el Ejército— y con millones de toneladas de concreto en el subsuelo.
Una decisión tardía, después de las afectaciones derivadas del NAIM. ¿Más vale tarde que nunca? Ahora ya no se podrá alterar o destruir ecosistemas de la vida silvestre, el desarrollo de fraccionamientos inmobiliarios o nuevos centros de población, nuevas obras de explotación o exploración minera, modificar el entorno natural de los vestigios históricos o arqueológicos en el Lago de Texcoco.
Pero, ¿qué sentido tiene declarar una zona 100% impactada como Área Natural Protegida? Y sin consultar a las comunidades originarias, esta vez. Sobre todo porque fueron incluidas 11 núcleos agrarios de cinco municipios mexiquenses: Atenco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Ecatepec.
Bien por el rescate del Lago de Texcoco, con su inclusión en el catálogo de las Áreas Naturales Protegidas. Pero Oceana —ONG enfocada al cuidado de la fauna en el del Alto Golfo de California— urgió a mejorar las acciones de conservación sobre ballenas y tortugas, ante el incremento en el número de varamientos y la disminución de nidos y liberaciones de los quelonios.
En Veracruz y Tamaulipas las actividades portuarias y de extracción de petróleo causan estragos en tortugas Carey y Lora, la más amenazada del mundo. En el Golfo de Ulloa la minería prospectiva y pesca con redes de enmalle afecta principalmente a tortugas Caguama.
En el caso de la conservación de ballenas, las Islas del Golfo de California, Espíritu Santo y Bahía Loreto recibieron “mal” como calificación, pues la Ballena Azul y Rorcual común están en peligro de extinción y vulnerable, respectivamente, según la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El rescate del área protegida de Guerrero Negro debe ocurrir, por instrucción presidencial. Pero en este caso específico, las acciones de conservación están supeditadas a las definiciones sobre la Exportadora de Sal.
Antes de que acabe la semana sesionará el Consejo de Administración de la paraestatal. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se ha hecho cargo de esa instrucción presidencial y encargaría la operación del plan Guerrero Negro al expriista Raúl Xavier González Valdés, quien hace seis meses asumió la dirección de administración y finanzas del emporio salinero y carece de la ratificación de la Secretaría de Hacienda. ¿Y el actual director general, Gregorio Cavazos?
Como en muchos otros casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver sobre la validez de los decretos que protegen a la Sierra de San Miguelito y al Lago de Texcoco.
Efectos secundarios
PENDIENTES. Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están por resolver sobre el amparo D.C. 465/2022 que gestionó la firma SAP para retrasar el proceso de demanda por fraude en su contra por parte de Dominion Smart Innovation y Mexel, que dirigen Michel Yehuda. Desde hace cuatro años tienen un embargo de bienes dictado en su contra, que ya es definitivo, equivalente a más de 10 millones de dólares (más de 200 millones de pesos), posteriormente le dictaron sentencias de primera y segunda instancia, por ello el proceso le podría costar 30 millones de dólares.
¿CHIVO EXPIATORIO? Al interior del IPN buscan dar una imagen de falsa estabilidad. Y es que no aminan los rumores sobre la salida de Noel Miranda Mendoza de la dirección de Recursos Materiales, luego de la cuestionada asignación de contratos para la prestación de diversos servicios. El responsable del área de administración, Javier Tapia, estaría dispuesto a sacrificar a su colaborador para frenar las indagatorias del OIC del Politécnicos, que reporta a la Función Pública, y del área correspondiente de Hacienda. Esos funcionarios están en la mira por la asignación de un contrato por más de 300 millones de pesos a Joad Limpieza y Servicios.
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