Alejandro Gertz Manero obtuvo indicios, desde finales del 2019, de la estratagema que buscaba afectarlo, con la divulgación de detalles ominosos del litigio que había emprendido contra la expareja de su hermano Federico
Alejandro Gertz Manero obtuvo indicios, desde finales del 2019, de la estratagema que buscaba afectarlo, con la divulgación de detalles ominosos del litigio que había emprendido contra la expareja de su hermano Federico.
Activistas sociales y mercadólogos acompañaron a los hijos de Laura Morán en esa primera fase, después de que decidieran visibilizar su conflicto. El presunto despojo del patrimonio del finado Gertz Manero llegó a las páginas de medios internacionales, a los que faltó explorar a profundidad ese caso y recoger las versiones del fiscal, quien decidió abstenerse de participar en un circo mediático.
Blanco de ataques deliberados, desde entonces el titular de la FGR sabía que detrás de las intenciones de tumbarlo había funcionarios de la Cuarta Transformación que buscaban ocupar su lugar y controlar otras posiciones estratégicas, vacantes. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación había renunciado Eduardo Medina Mora y llegarían Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
El ala progresista en la SCJN tendría como cabeza al ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Y el Consejo de la Judicatura Federal también recibiría a nuevos integrantes vinculados a la Cuarta Transformación.
Pocos ascensos de figuras formadas en el PJF. Para la depuración del aparato de procuración y administración de justicia, el Ejecutivo confiaría en Gertz, Zaldívar, su entonces secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, y su consejero, Julio Scherer Ibarra.
La bandera del combate a la corrupción del antiguo régimen estaba incólume. Y la judicialización de los “casos de alto impacto”, en ciernes. “Le están apostando a tumbar al fiscal”, resumió ayer el Ejecutivo federal tras ser cuestionado sobre las grabaciones filtradas en la víspera y los reclamos a Gertz Manero formulados por actores políticos y representantes sociales.
La ofensiva mediática contra el exrector de la Universidad de las Américas abarca otros casos, además del litigio contra la expareja de Federico Gertz Manero y sus hijos. Entre ellos están la disputa entre los herederos de la familia Jenkins, las actuaciones penales contra Teófilo y Rafael Zaga Tawil y el caso Odebrecht.
La evolución patrimonial del fiscal de la República quedó expuesta, antes de que se divulgaran las evidencias del espionaje telefónico al que ha sido sujeto recientemente. Sus expresiones sobre el proyecto de sentencia sobre el amparo tramitado por Alejandra Cuevas Morán han tomado una ruta confrontativa con la SCJN, que obligó a una manifestación pública de los ministros.
“El Pleno de la Suprema Corte reitera que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos”, enfatizó el inusual pronunciamiento. “Todos los asuntos de su competencia se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas en las que las ministras y ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”.
Entre la FGR y la SCJN han surgido diferencias notables. Las investigaciones contra Alejandro Ríos Camarena Rodríguez y Carlos Antonio Alpízar Salazar —ambos eran altos funcionarios en el Consejo de la Judicatura Federal e integrantes del primer círculo del ministro presidente— estarían entre los agravios más serios.
Las expresiones del Fiscal en el audio filtrado recientemente habrían modificado drásticamente los escenarios. Ahora empieza a circular información sobre los abogados de Gertz. Además de los subprocuradores Juan Ramos —cuya voz se escucha en los audios filtrados el pasado fin de semana— y Germán Castillo Banuet, estaría el penalista Víctor Olea Peláez, actual vicepresidente de la BMA, quien además sería uno de los principales impulsores de los expedientes contra Juan Araujo y otros tres litigantes.
Efectos secundarios
ENREDADOS. Con más votos obtenidos en las elecciones del 2021 y más municipios gobernados que el PAN y el PRD, la cúpula priista festejó el 93 aniversario de la fundación del partido tricolor y reiteró su intención de defender su bastión en el Estado de México, con un candidato emanado de sus filas, en las elecciones por la gubernatura que se celebrarán el 4 de junio de 2023. Una de las primeras en levantar la mano es la diputada federal, Ana Lilia Herrera, aunque podría tropezar incluso antes de emprender el vuelo. En un evento realizado el pasado fin de semana en Tultitlán convocado por el alcalde de Cuautitlán, Aldo Ledezma, contó con la presencia de apenas medio centenar de mujeres.
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