Este proceso comenzó el 29 de noviembre del 2018, cuando Dominion Smart Innovation y Mexel interpusieron una demanda en contra de SAP, radicada ante el Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, bajo el expediente 1205/2018
El respeto al Estado de Derecho y a los tratados internacionales es una de las exigencias más recurrentes a la Cuarta Transformación, por parte de las cúpulas empresariales y los representantes de la sociedad civil. Las reglas de la competencia, pero sobre todo el respeto a las inversiones, es una exigencia al gobierno en turno.
Entre los particulares, los reclamos pueden ser incluso más virulentos en las argumentaciones y onerosas, las reclamaciones económicas por daños y perjuicios ante las afectaciones a negocios en ciernes y contratos cancelados. Justo ahora, a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llegado un litigio sobre propiedad intelectual que por su cuantía podría sentar un precedente para la industria de las TIC’s y la comercialización de productos informáticos.
La parte demandada es la firma alemana SAP, que en dos instancias previas ha sido condenada a regresar más de 200 millones de pesos que recibió de dos usuarios de sus programas, quienes reclaman otros 400 millones, por daños y perjuicios por el ofrecimiento reiterado de licencias de uso de software empresarial, bajo premisas y cálculos que resultan exagerados, por no decir que irreales
Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán decidir si atraen el amparo D.C. 465/2022 por la denuncia de fraude interpuesta por Dominion Smart Innovation y Mexel, ambas dirigidas por Michel Yehuda. Desde hace más de cuatro años se ha mantenido vigente un embargo de bienes dictado en contra de SAP, que ya es definitivo, equivalente a más de 10 millones de dólares por estimarse que efectivamente defraudó a las empresas mexicanas.
Este proceso comenzó el 29 de noviembre del 2018, cuando Dominion Smart Innovation y Mexel interpusieron una demanda en contra de SAP, radicada ante el Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, bajo el expediente 1205/2018.
SAP está entre los principales productores de software para gestión de procesos de negocio y desarrollo de soluciones que facilitan el procesamiento eficaz de datos, así como el flujo de información entre las organizaciones. Una de sus aplicaciones más exitosas es frecuentemente utilizada por gobiernos municipales y estatales para la recaudación de impuestos.
Dominion y Mexel denunciaron un presunto fraude al quejarse de que repetidamente adquirieron licencias de uso de software para un mercado inexistente, ofrecido bajo premisas y números totalmente sobredimensionados o de plano falsos.
Posteriormente dictaron sentencias de primera y segunda instancia imponiendo una condena en contra de SAP no sólo respecto de los 10 millones de dólares objeto del embargo, sino además agregando intereses legales causados, gastos, costas y una condena específica por concepto de daños punitivos, que se cuantificaron discrecionalmente en un importe equivalente a 50% de la condena principal.
Desde que se admitió a trámite la demanda, se decretó la medida cautelar solicitada por ambas empresas para que se garantizara el pago de los 10 millones de dólares erogado para usar las licencias de SAP les vendió. Posteriormente, la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictó sentencias en las cuales resolvió confirmar no sólo el otorgamiento de las medidas cautelares, sino además en dos ocasiones, condenar a la gigante alemana por las prestaciones que les fueron reclamadas. Pero horas antes de que fuera sesionado el asunto en el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil, los representantes de SAP solicitaron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el amparo D.C. 465/2022 fuera atraído por el máximo tribunal.
Es el último recurso legal para SAP en este caso que de una simple controversia suscitada entre particulares respecto a la actualización de una responsabilidad civil extracontractual que ocasionó daños y perjuicios, podría generar un precedente aplicable a otras firmas del ramo, si sus clientes reclaman sobreprecios y cotizaciones exageradas.
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