Trump estuvo a punto de dar una inédita instrucción a las fuerzas armadas para que decomisaran todas las máquinas de votación, las analizaran y extrajeran información
Estados Unidos, la democracia más grande del mundo, estuvo mucho más cerca de lo que usted pueda imaginar de un golpe de Estado.
Aferrado a no abandonar la Casa Blanca ni el poder, el ex presidente Donald Trump y radicales republicanos que le apoyan, estuvieron a punto de revocar el resultado de la votación popular, argumentando un “fraude electoral” y “robo de la elección” sin presentar evidencia alguna.
Bajo la estrategia republicana, de la que también fue parte la insurrección armada, misma que investiga el Departamento de Justicia como una conspiración y acto de sedición, Trump estuvo a punto de firmar una orden ejecutiva para que las fuerzas armadas “procedieran a decomisar de inmediato todas las máquinas de votación en los estados de Georgia, Arizona, Michigan, Wisconsin, Nuevo México y Pensilvania”, con el argumento de “reportes” (elaborados por sus partidarios) sobre el “descubrimiento de suficiente evidencia de interferencia internacional en la elección de 2020”, cuando las máquinas no estaban conectadas a Internet.
El borrador, no firmado, señala que “las máquinas de votación, usadas en numerosas elecciones, sin problema alguno, ahora estaban controladas e influenciadas por agentes extranjeros, países e intereses” y que fueron “diseñadas para generar intencionalmente altos números de errores que generaron fraude electoral”.
Trump se refería a los sistemas de votación electrónica de Dominion Voting Systems, Smartmatic, Electronic Systems & Software, Hart Inter Civic, Clarity Election Night Reporting, Edison Research, Sequoia, Scytl y prácticamente todas las máquinas de votación electrónica, argumentando “interferencia a través de Internet”, a pesar de que no estaban en línea.
Con esta orden ejecutiva que decidió no firmar, Trump estuvo a punto de dar una inédita instrucción a las fuerzas armadas para que decomisaran todas las máquinas de votación, las analizaran y extrajeran información, citando el Código Federal título 42, secciones 1974 a 1974e.
Instruía también al director nacional de Inteligencia a realizar una evaluación 7 días después y un reporte final no después de 60 días, que debía entregar al presidente y a los secretarios de Estado, del Tesoro, de Defensa, de Seguridad Interna y al procurador general y ordenaba la creación de un fiscal especial para “supervisar la operación e instituir procedimientos civiles y criminales, basados en la evidencia recolectada” dando los “recursos necesarios para realizar ese trabajo”, como marca la Constitución”.
El borrador de la orden ejecutiva cita el Artículo 2 de la Constitución, sección 1, órdenes ejecutivas 12333 y 13848, los memorándums presidenciales 13 y 21 de Seguridad Nacional, la Ley de Emergencia para Poderes Económicos Internacionales y la Ley de Emergencias Nacionales.
Mientras Trump y su equipo amenazaban, intimidaban y presionaban ilegalmente a gobernadores republicanos y a funcionarios electorales, casi implorando “aunque fueran unos pocos votos más, necesarios para ganar la elección”, los gobernadores y la mayoría republicana, que controla más de 39 legislaturas estatales, preparaban, en el más absoluto silencio, los siguientes pasos para consolidar el intento de golpe de Estado de Trump.
Bajo la guía de Rudy Giuliani, Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump, la abogada Sidney Powell, John Eastman y otros abogados, se reunían para coordinar e implementar acciones, como las sesiones secretas, sin convocar a los delegados legalmente nombrados al Colegio Electoral, que representarían y votarían por Joe Biden, “declarando la ausencia de los electores y nominar sustitutos”, que luego, de manera ilegal, votarían para dar la victoria al expresidente, en estados donde el voto popular favoreció a Biden.
En los “certificados” apócrifos, que además fueron enviados a los Archivos Nacionales, los republicanos aclaran al principio:
“Nosotros los signatarios, bajo el entendimiento de que posiblemente después se determine que somos electores del presidente y vicepresidente legalmente nombrados, certificamos el resultado de la votación del estado…”
Los republicanos también prepararon el borrador de cartas para cada gobernador, que serían firmadas y enviadas cuando se recibiera la orden de la Casa Blanca, una vez que el vicepresidente Mike Pence decretara dudas e invalidez de los resultados electorales de esas entidades durante la sesión conjunta de las dos Cámaras del Congreso.
Ahora mismo, fiscales federales revisan los “certificados” apócrifos que “dan la victoria a Trump” en los estados que perdió, y que fueron enviados por las legislaturas estatales republicanas a los Archivos Nacionales, a mediados de diciembre, a fin de fincar responsabilidades y en su caso proceder de acuerdo con la ley.
Algunos de los certificados apócrifos fueron enviados a los líderes republicanos de cada uno de esos estados, a fin de conocer las razones detrás de esa decisión y posiblemente más detalles de la conspiración y acciones ilegales, para imponer ilegalmente, un presidente no elegido por la mayoría de los estadounidenses.
Héctor Balderas, procurador general de Nuevo México, ha expresado su satisfacción, porque el Departamento de Justicia analiza los preocupantes hechos criminales, que afectan la integridad del proceso electoral.
Esos documentos, recurso desesperado de los republicanos por pisotear la voluntad popular, inyectando a millones de estadounidenses la falsa idea de un “fraude electoral”, a pesar de que los departamentos de Seguridad Interna y de Justicia consideraron que eran las elecciones más concurridas y más limpias de la historia, también están siendo investigados por el Comité Selecto de la Cámara Baja, que indaga quienes son los responsables directos e intelectuales del ataque al Capitolio, del que más de 730 personas han sido consignadas.
Para fortuna del pueblo estadounidense y de la democracia de esta superpotencia, eso no ocurrió, gracias a la forma en que influyó el ex vicepresidente Dan Quayle, quien convenció a Pence de que haber actuado así, habría sido ilegal y contra la Constitución, dejando todo este montaje, sin efecto.
En lugar de la “sucia victoria” que buscaban, Rudy Giuliani y la abogada Sidney Powell, enfrentan una demanda por difamación por más de 1.300 millones de dólares.
Pero el descubrimiento y revelación de los actos criminales de los republicanos, para satisfacer a Trump, tristemente no han detenido las mentiras, con las que atrapan a millones de personas mal informadas, entre ellos, millares de latinos que creen las mentiras que les dicen.
Desafortunadamente, a pesar de que muchos republicanos involucrados en estas acciones están cooperando, entregando evidencia y testificando ante el Comité Selecto que investiga el asalto al Capitolio, la mayoría republicana en las dos Cámaras del Congreso, lejos de respetar su juramento, siguen apoyando a Trump.
Texto original publicado en LA Times y difundido con autorización del autor
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