Además, la mayor parte de los empresarios expropiados son los mismos que, como premio de consolación, invierten en obras del actual gobierno
La economía está cinco por ciento abajo de la de 2018, por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuyo costo lo pagan quienes pagan impuestos, por concepto de cancelación de bonos, contratos rotos, juicios y demandas de empresarios expropiados.
Hay que insistir en que, el caso del aeropuerto de Texcoco, es el símil mexicano de la decisión con la que Hugo Chávez hundió a Venezuela por muchas décadas en abril de 2003, cuando despidió de tajo a 17 mil 871 altos profesionales de Petróleos de Venezuela.
Aquel error histórico de Chávez ha sido explicado por Ibsen Martínez:
Es ya un tópico de politología pop afirmar que Venezuela se jodió el lunes 27 de febrero de 1989, día en que estalló una inopinada ola de sangrientos motines y saqueos: el Caracazo que anunció el principio del fin de nuestro Estado social de derecho.
Yo tengo para mí, en cambio, que el país se jodió el día de abril de 2003 en que Hugo Chávez despidió, en retaliación y de un plumazo, a 17.871 altos gerentes y técnicos de alto desempeño, crema y nata de la petrolera estatal, su cerebro. Hablamos de casi la mitad de los trabajadores que la empresa empleaba por entonces. No hay en el mundo corporación alguna, petrolera o no, que pueda sobrevivir a tal hecatombe.
Aquí, el hoyo negro en el futuro de la bolsa del contribuyente es tal, que ya la Auditoría Superior de la Federación perdió la cuenta sobre el costo real de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, aunque la primera estimación fue de 331 mil 996 millones 517 mil pesos.
Sin embargo, aquel calculo cambió enseguida, porque el presidente protestó: “Los de la Auditoría Superior de la Federación están dando mal la información a nuestros adversarios, y no deben de prestarse a esas campañas”.
Al día siguiente, “los de la Auditoría Superior de la Federación” dijeron que se habían equivocado, fijaron el costo de la cancelación en 113 mil 327 millones de pesos y echaron a Agustín Caso, el auditor que hizo la primera cuenta.
Pero esta semana, “los de la Auditoría Superior de la Federación” volvieron a cambiar los números. Ahora el costo de la cancelación fue de 168.4 mil millones de pesos. Sin embargo, el gobierno asegura que son 100 mil millones de pesos.
Pero lo que sea se está pagando de nuestros impuestos, porque no existe dinero público. El gobierno no tiene dinero propio y, total, era una obra adelantada en un 30 por ciento y costeada por empresarios mexicanos.
Además, la mayor parte de los empresarios expropiados son los mismos que, como premio de consolación, invierten en obras del actual gobierno.
Es decir, que sólo desvistieron un santo para vestir otro.
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