En ese periodo naufragó la propuesta de convertir a la institución en un banco de desarrollo, que se llamaría AgroFin
Dañada desde el sexenio anterior, la sede central de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero mantiene sus puertas abiertas pero sus servicios muy restringidos.
El personal que atiende a los solicitantes de créditos está en mudanza, mientras que un centenar de ejecutivos de las coordinaciones regionales esperan el pago de sus liquidaciones, unos por su ingreso al programa de retiro voluntario, otros porque sus contratos expirados ya no fueron renovados “por razones de austeridad”. Y la mayoría de los mandos medios y superiores, en trabajo remoto, para evitar la cuarta ola de contagios.
El trabajo a distancia ha sido la nueva normalidad. Y es que el director general, Baldemar Hernández Márquez, ha despachado los asuntos de su competencia desde el sureste del país —a veces en Villahermosa, a veces en Mérida—, por sus intermitentes incapacidades médicas, no todas atribuibles a sus contagios de SARS-CoV-2.
Si la mudanza será definitiva o si la sede central de la FND —en la colonia Escandón— será reforzada, todavía no hay definiciones. Todo depende de las decisiones de la Secretaría de Hacienda.
Paradojas de la contingencia sanitaria: para los agroindustriales arrancó un periodo de bonanza, con incrementos en los precios de alimentos y aumento de las exportaciones que ahora se verá afectado por la subida del tipo de cambio y del costo de las primas de seguros por los desastres naturales. Para los pequeños productores del campo mexicano, sin acceso a los créditos, a los seguros y a la tecnificación, las buenas cosechas nomás no llegan.
Mientras, la “tabasqueñización” de la institución cumplió 18 meses. Baldemar Hernández Márquez asumió las riendas, en lugar de Javier Delgado, tras de un paso discreto por la coordinación de los centros integradores del bienestar. Ambos cargos han sido designaciones presidenciales directas.
De la CEPCI a la FND, sin escalas. Con Hernández Márquez llegó María Isabel Montoya a la Dirección Adjunta de Administración, quien anteriormente estuvo en la dirección de procesos y estructuras organizacionales de los centros integradores.
Pero una cosa es dirigir las tareas de los servidores de la Nación y otra, muy distinta, del personal de campo que gestiona y cobra los créditos para los productores agropecuarios. Los empleados por outsourcing y el personal de estructura fueron sometidos a un “trato de terror” con amagos de despidos por ausencias injustificadas, sin importar la contingencia sanitaria, que contrasta con las excepciones para los mandos medios y superiores, con acceso continuo a pruebas Covid.
La política laboral en FND lleva un semestre de ajustes. Antes de que concluyera el 2021, los empleados de las oficinas centrales y las coordinaciones regionales contratados por outsourcing fueron obligados a firmar sus renuncias. La mayoría no fue recontratado, “por órdenes superiores”.
Con una baja sensible en la colocación de créditos y una expansión de la cartera vencida, la FND está al borde de la parálisis. Además del retraso en las adecuaciones de la nueva sede —un inmueble ubicado frente al Jardín Morelia en la Roma Norte, propiedad de la Secretaría de Economía— hay complicaciones mayores en la mudanza: el correcto funcionamiento del core bancario, un pendiente del sexenio anterior que se agravó en el bienio que Javier Delgado dirigió esta agencia gubernamental.
En ese periodo naufragó la propuesta de convertir a la institución en un banco de desarrollo, que se llamaría AgroFin. En el último año, el equipo de Hernández Márquez enfiló sus acciones a la implementación del llamado Crédito Seguro —creado por instrucciones presidenciales— que sería tramitado en los Centros de Desarrollo Integral, modalidad que se tradujo en la caída en la colocación de la FND.
El desorden administrativo ha propiciado controles más estrictos de las autoridades más hacendarias. Y aunque la decisión de enfocar la asignación de crédito al sector agropecuario más que a los pequeños productores, ha servido al titular de la institución a estrechar lazos con los gobiernos estatales, también ha generado críticas dentro del sector.
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