¿Acaso no lo son quienes están actualmente en la herradura de la democracia?
En su penúltima mañanera del 2021, Andrés Manuel López Obrador mantiene su palabra: habrá reforma eléctrica en el próximo periodo ordinario de sesiones. Y para la apertura del segundo año de la LXV —en septiembre—, la propuesta de reforma electoral.
¿Iniciativa preferente? Para entonces ya habrán ocurrido las campañas en las seis entidades que renovarán gubernaturas. Y también, el ejercicio ciudadano sobre la permanencia de AMLO en Palacio Nacional. La probabilidad de que el INE convoque a la consulta sobre revocación de mandato es baja.
Y por lo mismo, la permanencia de los actuales consejeros electorales en el órgano autónomo será una de las grandes dudas a despejar en el primer semestre del 2022. El Ejecutivo federal propondrá un cambio de reglas, pero sobre todo un ajuste en el árbitro ante el desprestigio de los consejeros que se oponen a la consulta.
En el consejo general del INE –insistió– debe haber gente independiente, imparcial, prestigiada… y sobre todo honesta. ¿Acaso no lo son quienes están actualmente en la herradura de la democracia?
Han pasado tres décadas desde la “ciudadanización” del órgano electoral. Y un cuarto de siglo, de la reforma electoral que permitió la alternancia en el poder. Para el IFE –de acuerdo a testimonios validados por los actores políticos de la época–, los dirigentes partidistas habían accedido a proponer a sus candidatos bajo la premisa de construir consensos y esquivar vetos.
Felpe Calderón impulsó a Alonso Lujambio y Juan Molinar Horcasitas. El PRI tenía entre sus propuestas a Jorge Alcocer, ex militante del PSUM y ex dirigente del PRD, quien había acompañado a Jorge Carpizo en 1994 en las “conversaciones de Barcelona” que antecedieron a la reforma electoral salinista.
Ayer, el presidente López Obrador agregó algunos elementos inéditos a ese capítulo de la transición a la democracia. Emilio Chuayffet había sustituido a Esteban Moctezuma al frente de la Secretaría de Gobernación y el político tabasqueño acababa de desembarcar en la presidencia nacional del PRD.
Su antecesor, Porfirio Muñoz Ledo, había pactado con sus homólogos –Santiago Oñate, del PRI, y Carlos Castillo Peraza, del PAN– los términos de la reforma electoral, cuyos primeros esbozos surgieron de la iniciativa de los consejeros ciudadanos Jaime González Graf, Santiago Creel Miranda y José Agustín Ortiz Pinchetti.
La cimiente de esa generación reformista había surgido de las mesas del Grupo San Ángel, la plataforma ciudadana impulsada por Carlos Fuentes y Enrique Krauze que buscó evitar un “choque de trenes” en 1994 y a la que confluyeron muchos de los protagonistas de la política partidista de las siguientes dos décadas, entre quienes destacan: Adolfo Aguilar Zínser, Tatiana Clouthier, Amalia García, Elba Esther Gordillo, Demetrio Sodi, Jorge G. Castañeda y Vicente Fox, entre otros.
Las elecciones presidenciales de ese año convulso llevaron a Ernesto Zedillo a la Presidencia de la República. Y en enero de 1995, el gobierno federal y los líderes partidistas suscribieron un Acuerdo Político Nacional. El Seminario del Chapultepec —llamado así porque sus integrantes sesionaban en el Alcázar del Castillo— marcaría la hoja de ruta de lo que entonces se prometió como la “reforma electoral definitiva”.
Antes, las partes endurecieron posturas y ajustaron sus directivas. En septiembre de 1995, Roberto Madrazo llegó a la gubernatura de Tabasco y López Obrador inició un movimiento de resistencia civil pacífica para evidenciar la compra y coacción del voto. Y en febrero de 1996, el PAN se rebeló contra el fallo judicial que desconocía su triunfo en Huejotzingo, Puebla, donde ya gobernaba Manuel Bartlett Díaz.
Calderón y López Obrador llegaron a las dirigencias nacionales del PAN y del PRD en la primavera de 1996. La reforma electoral tenía que ser aprobada en el Senado de la República y el tramo final de las negociaciones –que les tocó concretar– era la integración del consejo general que entonces todavía presidía el Secretario de Gobernación.
El paso del tiempo había dejado instalada una historia: que Cárdenas había objetado la llegada de Alcocer al IFE –y su llegada a la presidencia del Consejo, como consecuencia obvia–, lo que permitió la unción de José Woldenberg.
AMLO tenía otros datos, que ahora hace públicos: antes de retirarse de la mesa de negociaciones, había dejado una lista de propuestas de consejeros ciudadanos. Y para la presidencia del IFE propuso al jurista Héctor Fix Zamudio y al entonces presidente del Colegio de México, Andrés Lira. Pero ambos declinaron, en el entendido que lo suyo eran las aulas, los seminarios y los libros.
Fix Zamudio –quizá no lo sabía entonces AMLO– se dio el lujo de rechazar tres ofrecimientos presidenciales (en sexenios distintos, por supuesto) para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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