Con 15 gobernadores y 30 legislaturas que han entrado en funciones en el último cuatrimestre, la vinculación entre la ASF y las instancias locales requiere de eliminar suspicacias y realinear esfuerzos
El eslabón más débil en el combate a la corrupción está en las estructuras municipales. Salvo contadas excepciones, los gobiernos locales son ineficientes en la recaudación de impuestos y la estabilidad de sus finanzas depende de las transferencias presupuestales de la Federación.
La revisión del gasto de las instancias estatales y federales también es materia de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo trabajo ocurre al mismo tiempo que las revisiones de las auditorías estatales. El organismo designado por la Cámara de Diputados a nivel federal, bajo la dirección de David Colmenares Páramo, ha apostado por nuevas herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial para fiscalizar a los tres órdenes de gobierno.
A escala municipal, la ASF ha propiciado el funcionamiento de un sistema de colaboración que permitirá para seleccionar franjas de la administración pública municipal. Y también ha buscado suscribir convenios de colaboración con los organismos estatales.
Con 15 gobernadores y 30 legislaturas que han entrado en funciones en el último cuatrimestre, la vinculación entre la ASF y las instancias locales requiere de eliminar suspicacias y realinear esfuerzos.
Hace dos semanas, el auditor de Puebla, Francisco Romero Serrano, emplazó a Colmenares Páramo a formar un “frente común” entre la ASF y las entidades locales de fiscalización. “El combate a la corrupción requiere de coordinación, armonización, profesionalización y participación ciudadana”, planteó el funcionario durante una sesión Parlamento Abierto, convocada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Durante la sesión, media docena de auditores presentaron un pliego de recomendaciones, pero sobre todo un largo listado de acciones por ejecutar. Y es que además de la revisión de las cuentas públicas, está la fiscalización del gasto público con una preocupante distorsión: tres cuartas partes de las auditorías que realiza la ASF —73.7% — están dirigidas a los estados y municipios, y solamente 26.3% a las dependencias federales.
En sentido inverso, las entidades locales de fiscalización revisan y fiscalizan 90% de los recursos públicos de las haciendas estatales, mientras que el alcance de la ASF es de 10% de los recursos que llegan a los estados y municipios.
Paradojas de la fiscalización: la lupa con la que la ASF revisa a las instancias locales es seis veces más que a la Federación. Pero los recursos que deja de revisar por la ASF podrían llegar a 25% de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ante los diputados federales y el Auditor Superior de la Federación, los auditores estatales hicieron énfasis en que los expedientes remitidos a la Auditoría Superior de la Federación, han sido regresados sistemáticamente, ya que no son generados por la ASF y no son sujetos de seguimiento. Eso significa que todos los hallazgos de las auditorías estatales no pueden ser sujetos de sanción en el ámbito local, ya que la atribución la tiene la ASF. Inclusive habiéndose entregado expedientes de auditoría con carácter de denuncia, no se atienden por la instancia federal.
Adicionalmente, requirieron a la Auditoría Superior de la Federación que se retomen los trabajos de armonización legal y de procedimientos de auditoría como parte de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), ya que su última reunión fue en mayo del 2019. Además de retomar los trabajos del Sistema Nacional de Fiscalización, que han estado pendientes desde el 2020.
De igual forma, manifestaron que el 2 de diciembre del 2020, la ASF dio por terminado unilateralmente el convenio de colaboración que se tenía para revisar coordinadamente las participaciones que forman parte de los recursos que utilizan los estados y municipios, el cual se había suscrito en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
También manifestaron la necesidad de revisar el marco jurídico que rige la fiscalización superior en todo el país, lo que podría traducirse en una Ley General de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior.
Efectos secundarios
OPCIONES. Cancelados por el INE, las bases de Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario trabajarán para insistir en la conformación del octavo partido político con registro nacional. Mientras ocurre esa nueva intentona, sus dirigentes acordaron ir juntos a los comicios locales de los próximos años. Y así ocurrirá en Aguascalientes, donde FxM obtuvo el registro local y el año próximo se renueva la gubernatura. Las negociaciones con esa intención están en curso e involucran a José Fernando González Sánchez, Hugo Eric Flores Cervantes y Gerardo Islas.
POLÉMICA. El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, desatendió las voces que le urgían a designar al titular de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica antes del asueto decembrino. Esos señalamientos, más bien, sugerían la ratificación de Hugo Quintana Espinosa, quien hace tres años llegó a la dirección de esa institución. El reglamento interno del IPN, dispone en su artículo 168 que los directores de las Escuelas durarán en su cargo tres años y podrán ser designados por una sola ocasión para otro periodo. Y en este caso, hace cuatro meses hubo votaciones y 75% de la comunidad se expresó a favor de la ratificación del director saliente. Pero el expediente de Quintana Espinosa está sujeto a un escrupuloso análisis, sobre todo la parte concerniente a los manejos presupuestales. Las pesquisas sobre irregularidades administrativas y una auditoría en curso son un factor determinante. Una parte de la comunidad de la ESIME —que con sus tres unidades es la escuela más grande del Politécnico— ha expresado su temor ante una eventual toma de las instalaciones por parte de simpatizantes de Quintana. Otras cuatro escuelas politécnicas —sin directores ratificados— estarían en esa misma ruta.
Minuto a minuto
