El 8 de febrero del 2018, los representantes legales del Instituto ratificaron la denuncia, aunque solicitaron que fueran agotados los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal
Las apariciones en público de Alejandro Gertz Manero, en estos tres primeros años del sexenio, han sido escasas. De la presentación más reciente del fiscal general en la República en la conferencia mañanera han pasado 18 meses.
Faltaban dos semanas para la declaratoria formal de la contingencia sanitaria por la pandemia. El gobierno federal había emprendido acciones enérgicas para castigar abusos de los poderosos que contaron con la connivencia de la alta burocracia peñista y devolver al pueblo lo robado por los corruptos.
Dos días antes de la captura de Emilio Lozoya, Gertz Manero acudió al salón tesorería del Palacio Nacional para entregar al Ejecutivo federal dos cheques —por 2,000 millones de pesos— ofrecidos por los hermanos André, Max y Moussa El-Mann Arazi.
Entonces no se sabía que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda había solicitado congelar las cuentas bancarias de los accionistas principales de Fibra Uno, dentro de la indagatoria por el pago hecho por el Infonavit, a mediados del 2018, de 5,088 millones a la empresa Terla Realty, como indemnización por la cancelación del programa Movilidad Hipotecaria.
Un programa ideado en la administración de Alejandro Murat que canceló su sucesor, David Penchyna Grub, quien prefirió evitar una controversia judicial… y de paso, salvaguardar la propiedad intelectual del Infonavit. A un costo exorbitante.
La administración lopezobradorista había determinado, desde la transición, recuperar lo que el consejo de administración encabezado por Penchyna pagó, por presuntos daños y perjuicios. Cuando Carlos Martínez Velázquez tomó las riendas del Instituto, los abogados ya habían acudido a la FGR para solicitar la acción de la justicia, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 8 de febrero del 2018, los representantes legales del Instituto ratificaron la denuncia, aunque solicitaron que fueran agotados los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
Y es que una semana antes, los hermanos El-Mann Arazi ofrecieron un acuerdo reparatorio. Estaban implicados porque una parte de la indemnización a Terla transferida a un fideicomiso 366 del Banco Ve por Más, bajo su administración.
El 20 de febrero, a través de un escrito presentado por su representante legal, negaron tener responsabilidad penal alguna en los hechos y reiteraron su oferta de dar por concluida la controversia, previa devolución de 2,000 millones de pesos a la FGR. Ese día, en calidad de imputados, comparecieron Max y André El-Mann Arazi y solicitaron la aplicación del criterio de oportunidad. En caso de haber causado un daño a la Federación por las conductas en las que indirectamente participaron, sostuvieron, este quedaría reparado con la entrega de dos cheques de caja, cada uno por 1,000 millones de pesos, de BBVA Bancomer.
El 20 de septiembre de ese año, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal y dos meses después, el apoderado legal del Instituto, Jesús Vázquez Bibian, impugnó esa determinación. Finalmente, la jueza radicó la causa —bajo el expediente 75/2018— y ordenó una investigación más exhaustiva sobre la acusación.
En noviembre del 2020, la FGR, a cargo de Alejandro Hertz Manero, le solicitó a la CNBV una opinión de delito sobre si los principales accionistas de FUNO, los hermanos El-Mann Arazi debieron o no reportar como hecho relevante a las bolsas de valores. La respuesta llegó el 25 de enero del 2021.
Y es que, dictaminó el organismo regulador, al no informar sobre el bloqueo de sus cuentas, su comparecencia ante el ministerio público y el acuerdo reparatorio, incurrieron en una violación a la fracción II del artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores.
La investigación contra los hermanos Zaga Tawil sigue abierta. Y también está pendiente la actuación de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
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