Su afinidad con el salinismo se disipó en el 2000, cuando la dirigencia petista se incorporó plenamente a la coalición partidista que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia. En los años previos, Anaya y AMLO —quien encabezó al PRD entre 1996 y 1999— habían negociado candidaturas comunes en Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala
Entre el magisterio y la lucha de masas, el abogado Ricardo Garza Cantú cumplió con una primera etapa de trabajo político entre Zacatecas y su natal Nuevo León, hasta 1990 cuando se afilió formalmente al Partido del Trabajo. En esa formación cumplió una larga carrera en cargos de representación popular —síndico en Monterrey, diputado local y tres veces, diputado federal— a lo largo de dos décadas. Hasta el 2015, cuando se hizo cargo de la coordinación nacional de esa fuerza partidista.
Si bien tiene una dirección colegiada, el PT ha obedecido a los designios del fundador y líder vitalicio del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, Alberto Anaya Gutiérrez, quien reclutó a muchos camaradas en la UANL —Garza Cantú, entre ellos— y otros, en el trabajo comunitario en los ejidos de Coahuila, Chihuahua y Durango, como Adolfo Orive, Rubén Aguilar y los hermanos Alejandro y Óscar González Yañez.
Su afinidad con el salinismo se disipó en el 2000, cuando la dirigencia petista se incorporó plenamente a la coalición partidista que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia. En los años previos, Anaya y AMLO —quien encabezó al PRD entre 1996 y 1999— habían negociado candidaturas comunes en Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala.
A partir de entonces, el PT respaldó las iniciativas políticas y electorales de López Obrador. A cambio, dos décadas de bancadas en el Congreso de la Unión por las que Anaya ha pasado intermitentemente, de la antigua casona de Xicoténcatl a San Lázaro, a la que llegará en septiembre próximo para convertirse en coordinador parlamentario por séptima ocasión.
Ricardo Garza Cantú emprendió una ruta distinta hace tres años, cuando ingresó al servicio exterior por gestiones de Anaya Gutiérrez. Y es que el PT había pedido a la Cuarta Transformación que uno de los suyos fuera designado como embajador en El Salvador. Sus nexos con el FMLN fueron estrechos incluso antes de que esa formación partidista se consolidara como la principal fuerza opositora en aquella nación centroamericana (1992-2009) y llevara a Mauricio Funes a la presidencia.
Garza Cantú estuvo entre los operadores petistas que ayudaron al Frente desde entonces. En ese periodo entre sus interlocutores frecuentes estuvo Othón Sigfrido Reyes Morales, quien presidió la Asamblea Legislativa de El Salvador entre el 2011 y el 2015 y se convirtió en uno de los objetivos de la campaña anticorrupción del gobierno de Nayib Bukele, hace dos años.
Hace 10 días, Reyes fue imputado por la fiscalía salvadoreña como presunto responsable de lavado de dinero, peculado, estafa agravada e incumplimiento de deberes. Y ayer apareció en la llamada Lista Engel, generada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que refiere a una veintena de altos funcionarios y empresarios de El Salvador, Honduras y Guatemala presuntamente vinculados a actos de corrupción, impunidad o debilitamiento de la democracia. En ese listado figuran los expresidentes Álvaro Colom, de Guatemala, y Pepe Lobo, de Honduras.
Reyes Morales llegó a México antes de la pandemia gracias a las gestiones de Garza Cantú y Alberto Anaya, quienes llevaron su caso al despacho de la secretaria Olga Sánchez Cordero. Luego de obtener asilo político, el político salvadoreño se refugió en Nuevo León. Y desde allí mantiene una incesante presencia en las redes sociales.
Efectos secundarios
PENDIENTES. El gobierno federal presume de haber brindado atención a todos aquellos que requirieron hospitalización, luego de ser diagnosticados como casos graves de la Covid-19, y de haber dotado del personal y el equipo necesario a las unidades médicas. Pero resulta que en la representación sur del IMSS en la Ciudad de México “fallaron” cálculos por 4 millones de pesos, correspondientes a penalizaciones por la ausencia de equipos relacionados con la compra de 100 ventiladores. La misma se originó en el Instituto que lleva Zoé Robledo, mediante la adjudicación directa con número AA-050GYR025-E227-2020, y según denuncias de la senadora panista, Xóchitl Gálvez, hubo especial predilección hacia la proveedora por parte del delegado Federico Marín Martínez.
TENDENCIA. Prácticas más sustentables es una de las motivaciones de las empresas de clase mundial. Grupo Lala, por ejemplo, invertirá alrededor de 650 millones de pesos en el próximo semestre para robustecer sus capacidades de ventas como lo es la renovación de su flota de venta y distribución integrando vehículos de mayor eficiencia energética y de menores emisiones de carbono, es así como el grupo está transitando a unidades híbridas de la cuales actualmente cuenta con 150 en funcionamiento. En esa ruta, Lala ha arrancado también un programa piloto de vehículos con cámara fría, impulsados por energía eléctrica. La compañía ya trabaja en la apertura de 500 nuevas rutas de venta que implicarán 700 nuevos puestos de trabajo a nivel nacional.
Minuto a minuto
