Si todo apunta a que el gran legado de este gobierno habrá de ser la lucha contra la corrupción, ésta debe desarrollarse a través de los medios institucionales y las reglas que norman el proceso.
El combate a la corrupción es mandato democrático y exigencia tan ineludible como impostergable. Resulta ejemplar que el presidente López Obrador haya encarado públicamente el tema y defina posición por la legalidad en ocasión de la divulgación de un video en el que hay una supuesta entrega de dinero entre un funcionario de gobierno y un hermano del mandatario.
La igualdad ante la ley es principio fundamental. Abatir la corrupción es esencialmente una acción de legalidad, no es suficiente la denuncia pública, se requiere que las instancias de autoridad y jurisdiccionales intervengan con apego a la ley y garantizando el debido proceso, para que las sentencias tengan sustento estricto y exclusivo en la ley.
El país vive momentos cruciales. La crisis sanitaria, su severo efecto en la economía y la persistencia de la inseguridad plantean un escenario más que complicado. Dar curso a la lucha contra la corrupción se enmarca en este contexto, especialmente por la denuncia del ex director de Pemex. El curso adelante es el de la legalidad a través de la actuación de la Fiscalía General de la República, dirigida por un funcionario acreditado por su talento, honestidad y profesionalismo.
Poco, muy poco ayuda la sanción administrativa a la organización Nexos cuando está acompañada de un ostensible acto publicitario en la pretensión de dañar la reputación de la empresa y la honorabilidad de sus propietarios y directivos. Un evidente acto de intimidación y represión hacia uno de los medios más prestigiados, conducido por Héctor Aguilar Camín, uno de los escritores más destacados del México contemporáneo.
Si todo apunta a que el gran legado de este gobierno habrá de ser la lucha contra la corrupción, ésta debe desarrollarse a través de los medios institucionales y las reglas que norman el proceso.
Todos los actores, incluidos los partidos, la sociedad civil y el gobierno, deben respetar y respaldar el desempeño del fiscal y, en su momento, del órgano jurisdiccional. Sin prejuicios, toca a la FGR investigar y debe hacerlo con la ley en la mano, por la vía del derecho, que es la ruta que construyó la sociedad para alcanzar la justicia.
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