Las asociaciones electorales del 2021 permiten, a nivel local, que los partidos políticos convoquen a militantes y simpatizantes a los procesos de elección de candidatos. En el lenguaje de los opositores a Morena, esta apertura se traduciría a la participación de externos en las contiendas del PRI, del PAN o del PRD
Las asociaciones electorales del 2021 permiten, a nivel local, que los partidos políticos convoquen a militantes y simpatizantes a los procesos de elección de candidatos. En el lenguaje de los opositores a Morena, esta apertura se traduciría a la participación de externos en las contiendas del PRI, del PAN o del PRD.
El primer caso —fallido, por cierto— ocurrió en San Luis Potosí, donde el acuerdo cupular dejó en manos del PAN nominar al candidato que respaldará el bloque opositor: el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, respaldado por el PRD y un cúmulo de encuestas, compitió contra el senador Octavio Pedroza… y sufrió una dolorosa derrota.
Bajo esa misma modalidad, el expriista Ernesto Gándara buscará ser acogido por el panismo sonorense. Los dirigentes partidistas y los líderes sociales adscritos a Sí por México están dispuestos a ir contra Morena en los comicios federales y en las 15 entidades que renovarán gubernaturas el próximo 6 de junio.
La buena voluntad de los negociadores dejó en manos blanquiazules proponer al candidato que apoyará el resto en Sonora, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí y Tlaxcala; mientras que el PRI llevará mano en Campeche y Sinaloa, y el PRD, en Michoacán.
Los acuerdos cupulares evitarán otros incidentes bochornosos en Baja California, donde el empresario y exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, decidió correr por otra ruta, y el PAN reservó el registro sólo para mujeres. Ante la declinación de la senadora Gina Andrea Cruz, quedaría abierta la ruta para una representante de la sociedad civil, que podría ser la empresaria Carolina Aubanel y la periodista Adela Navarro.
Panistas y priistas habían acordado, para Sinaloa, que la nominación recaería en el tricolor. Y mientras transcurrían las negociaciones con otras formaciones políticas, Morena resolvió su proceso interno, con la designación del senador Rubén Rocha Moya como coordinador estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y precandidato único de facto.
La bronca entre los morenistas por la imposición —denunciada por Gerardo Vargas y el químico Luis Guillermo Benítez— podría ser un punto de inflexión, si los partidos de Sí por México mantienen una estrategia conjunta de alto contraste. Una propuesta sin anclajes con los grupos hegemónicos y que pudiera llamar al voto joven es una apuesta ganadora. Y más, si contaba con el respaldo del gobernador priista, Quirino Ordaz.
Una situación ad hoc para el secretario estatal de Educación, Juan Alfonso Mejía, con una impecable hoja de vida: graduado en La Sorbona, formado en las oficinas de Salvador Vega y Alonso Lujambio, también cuenta con amplio trabajo local, constatable desde que fue secretario del ayuntamiento de Mazatlán y dirigente del PAN sinaloense. Antes de incorporarse al gabinete quirinista, trabajó como director de Mexicanos Primero.
Pero justo esta última cualidad se convirtió en un negativo. “Es muy cercano a Claudio X. González”, comentaban entre la cúpula priista poco antes de que el consejo político del PRI en Sinaloa acudiera a una sesión extraordinaria —el 12 de diciembre— para aprobar que el candidato a la gubernatura fuera definido en una Convención de Delegados. Una reciente reforma del Estatuto partidista dio a Alito Moreno facultades para ratificar ese acuerdo y emitir la convocatoria al proceso interno, lo que ocurrió justo hace un mes.
El pasado martes 12, el CEN abrió el proceso de registros y dado que el formato de convención seleccionado por los priistas sinaloenses “promueve la participación de militantes y simpatizantes”, habilitó un periodo de registro para aquellos aspirantes que no estuvieran afiliados al tricolor. Los dirigentes de otras organizaciones partidistas, legisladores o funcionarios públicos renunciarían a sus cargos, al momento de inscribirse en la contienda priista. Antes, debían entregar una carta de intención ante la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI, a más tardar el domingo 17.
Agotado el plazo, Juan Alfonso Mejía no se inscribió. La siguiente fase del proceso se agotará el próximo viernes 22, entre las 11:00 y las 13:00 horas, con el registro de los aspirantes priistas. Aquellos interesados deberán acreditar ante esa instancia contar con el respaldo de 25% de la estructura territorial, o de 25% de los consejeros políticos nacionales radicados en la entidad, o de 10% del padrón de militantes. Si la Comisión de Procesos Internos validara dos o más registros, de inmediato comenzará la precampaña, que se extenderá hasta el 31 de enero.
Hay dos interesados: el senador Mario Zamora Gastélum y el líder estatal del PRI, Jesús Valdez. El parlamentario, electo en el 2018 como primera minoría —quien hubiera llegado al gabinete si José Antonio Meade hubiera triunfado en el 2018— contra el exalcalde, exsecretario del gabinete estatal y actual dirigente priista. Marito y Chuy pertenecen a la misma generación de priistas sinaloenses, que arrancaron su carrera después del fenómeno peñista.
Ambos son millenials y coincidieron en el Congreso sinaloense, hace una década. Uno, con formación tecnócrata y vínculos en el medio financiero nacional. El otro, carismático y con amplio trabajo territorial. Sin ser cercanos, pueden llegar a acuerdos, dicen políticos de viejo cuño. “Ahora, Quirino tiene la última palabra”.
¿Y una carta oculta? Gonzalo Gómez Flores, secretario general de gobierno; Javier Lizárraga Mercado, secretario de Desarrollo Económico; y Ricardo Madrid, secretario de Desarrollo Social, están en la baraja que el mandatario sinaloense pondrá en la mesa del presidente del CEN priista, quien procurará una candidatura ganadora más que un quirinista en el poder.
Y es que no pasa desapercibido que el abanderado morenista, Rocha Moya, fungió como coordinador de asesores del gobernador priista.
Efectos secundarios
OLVIDADOS. La primera línea de la batalla contra el coronavirus es la prioridad en el Plan Nacional de Vacunación. Al personal que trabaja en los hospitales Covid-19 —médicos, de limpieza y administrativos— se han sumado los servidores de la Nación y los voluntarios que integran las brigadas del Operativo Correcaminos. ¿Y los paramédicos? ¿Y las enfermeras y los médicos de las clínicas y hospitales privados? ¿Y los policías? ¿Y los trabajadores de los servicios funerarios? A las exigencias de estos conglomerados se suma la voz del Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico, que urgió a la inmunización del personal que atiende al público en laboratorios de análisis clínicos y gabinetes de imagenología.
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