La Secretaría de Economía, durante mucho tiempo Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, era una de las dependencias más importantes del gobierno federal ante la decisión de hacer de la apertura comercial un eje del crecimiento
La Secretaría de Economía, durante mucho tiempo Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, era una de las dependencias más importantes del gobierno federal ante la decisión de hacer de la apertura comercial un eje del crecimiento.
México se convirtió en un experto en negociaciones comerciales internacionales al grado de llegar a ser el país con más acuerdos comerciales. El hecho de que no se aprovecharan al nivel del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tenía que ver con la comodidad de los diferentes gobiernos de tener un mercado seguro al norte.
Por esa dependencia desfilaron verdaderos expertos en comercio interno y externo. Y si bien nunca fue proveedora de la política industrial con la que soñaban las Cámaras y sus Confederaciones, siempre se mantuvieron buenos niveles de interlocución.
La última gran proeza de la Secretaría de Economía se dio el sexenio pasado cuando el entonces secretario Ildefonso Guajardo tuvo que asumir una renegociación del TLCAN forzada por los arranques del populista presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En el camino, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder y en esa confusión de ser opositor de plaza pública y jefe de Estado, designó a un subsecretario de Relaciones Exteriores como el responsable de la negociación.
Por cierto, un papel desastroso el de Jesús Seade que logró destrozar muchas de las ventajas del T-MEC, en el nombre de las fobias ideológicas del gobierno que representaba.
Pero eso hizo que la Secretaría de Economía se borrara del mapa de la que había sido su principal y exitosa función.
El protagonismo de la Procuraduría Federal del Consumidor jaló los reflectores de los temas de comercio interno hacia sus mañaneras de los precios en las gasolinas. Y de política industrial ni hablar en un gobierno que realmente no tiene en buena estima al sector empresarial.
Así que la Secretaría de Economía se borró del mapa, por lo tanto, no puede sorprender que sea el espacio ideal para alguien con más expectativas políticas que técnicas en materia comercial.
Lo que inquieta es que alguien que ha aceptado con total obediencia esa marginación en el gabinete vaya en un futuro a encabezar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Más allá de la alta especialización que requiere una institución de ese nivel, es indispensable que cuente con funcionarios que no sucumban ante una instrucción presidencial.
No es posible descalificar por adelantado la labor que pudiera hacer Graciela Márquez Colín en el Inegi, pero está claro que el presidente López Obrador no se siente tan cómodo con la información objetiva que produce este Instituto que es tan contrastante con sus “otros datos”. Así que el peligro de sumisión existe.
Por la Secretaría de Economía hay poco que hacer en ese gobierno, pero al Inegi, a su autonomía, a su calidad de generar información abundante y confiable hay que defenderlo con todo.
Si este país no está en una crisis más profunda, que incluya daños financieros importantes, es en buena medida por la confiabilidad de sus instituciones autónomas. Esas a las que ahora parece quieren meterles mano.
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