La creación de la Fiscalía General de la República y las acciones judiciales contra mandos superiores de las anteriores administraciones serán sustentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como compromisos cumplidos justo cuando concluye el primer tercio de su sexenio
La creación de la Fiscalía General de la República y las acciones judiciales contra mandos superiores de las anteriores administraciones serán sustentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como compromisos cumplidos justo cuando concluye el primer tercio de su sexenio.
La Cuarta Transformación ha sido un catalizador del combate a la corrupción. Y con la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes también habrá cumplido con las ofertas de campaña, de acabar con la impunidad.
La Fiscalía avanza en las investigaciones de la Estafa Maestra, ¿pero y la corrupción de OHL? ¿Y el caso Lava Jato, que desveló la llegada de dinero ilícito a la elección presidencial del 2012, por los sobornos entregados a Emilio Lozoya por directivos de Odebrecht en México?
Sobre estos temas versa el libro Corrupción y el escándalo de Lava Jato en América Latina. Su editor, Paul Lagunes, buscó trascender los reportes periodísticos y analizar los expedientes judiciales abiertos contra la constructora brasileña Odebrecht en 11 países del hemisferio. Un esfuerzo que demoró casi dos años y que contó con la coedición de Jan Svejear, para conjugar las voces de académicos, periodistas, ganadores del premio Pullitzer; entrevistas con el juez del caso Lava Jato y el fiscal brasileño, además de textos de los intelectuales Susan Rose-Ackermann, Albert Fishlow y Connor Warhman, quien en su colaboración —Competing to be corrupt— demuestra que Odebrecht escogió países latinoamericanos donde había mayor permeabilidad a la corrupción, sobre todo en la asignación de obra gubernamental.
Pero Odebrecht no operaba igual en esos países, como demostraron las investigadoras Catherine Greene, de la Extractive Industries Transparency Iniciative y Raquel Pimienta, de la Fundación Getulio Vargas, quienes contribuyeron al libro con un estudio comparado entre las reacciones de México y Perú, ante las evidencias surgidas de Brasil a finales del 2015.
Los extremos. En aquella nación andina, Odebrecht llevaba cuatro décadas: fue el primer país al que amplió su presencia global y llegó a concentrar 80% de los proyectos de obra pública, tras de construir la Carretera Interoceánica y el Metro de Lima. Un importante actor en el mercado de infraestrutura que tuvo el tiempo para extender su influencia entre funcionarios, legisladores y dirigentes partidistas.
Los cuatro presidentes peruanos elegidos desde el retorno a la democracia han estado implicados en el escándalo de corrupción: Alan García tuvo un final funesto y los dos últimos mandatarios —Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra— tuvieron que renunciar ante el cúmulo de denuncias y evidencias.
Odebrecht no acumuló una década en México y sus esfuerzos estuvieron enfocados en los servicios otorgados por Petróleos Mexicanos. Las investigadoras detectaron que la Auditoría Superior de la Federacióm identificó irregularidades en esos contratos en el 2010, pero esas alertas no pasaron a mayores y no tuvieron consecuencias. Ese año comenzaron a fluir los sobornos a los funcionarios de Pemex y los contratos siguieron otros seis años, no obstante los retrasos y los sobreprecios.
A diferencia de Perú, en México ya existía una normativa en materia de transparencia y derecho a la información y estaba en vísperas de una reforma estructural anticorrupción —derivadas del Pacto por México— que se vio catalizada por las sospechas desatadas por la cancelación de obras en el 2014.
Un año después, luego de la acción legislativa, nacería el Sistema Nacional Anticorrupción. Un marco institucional que ante las evidencias surgidas en el caso Lava Jato sería determinante, esperaban las investigadoras. “Se podrían esperar procedimientos más rápidos y respuestas más efectivas pero pasó todo lo contrario”, ilustró Catherine Greene, “y desde entonces la investigación sólo ha derivado en sanciones administrativas”. La sanción a Odebrecht, pero con efectos sólo a posteriori. Multas impuestas a los directivos de la empresa pero no emprende acciones contra los funcionarios de Pemex. Prolongadas investigaciones contra la empresa pero sin determinar la acción penal… hasta ahora.
Las indagatorias de la ASF y la Función Pública han quedado atrás. Ahora todo ha quedado en manos de la Fiscalía General de la República.
La lucha contra la corrupción en un ambiente hostil. Y los medios cumplieron un papel ambigüo en el seguimiento del caso. A menudo —sostienen los autores— adoptaron una postura acrítica y sin acceso a expedientes clasificados, sólo divulgaron la información entregada por las autoridades.
Además del análisis de las contrastantes respuestas de México y Perú a Lava Jato, el libro apunta hacia las reformas políticas necesarias para evitar un escándalo similar en el futuro y propone una hoja de ruta para terminar con Lava Jato.
En una presentación virtual del libro, Fabiola Navarro, coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lamentó que el cambio de régimen no haya arrojado avances sustantivos en el caso Odebrecht.
La captura de Emilio Lozoya en España y su posterior extradición fueron signos esperanzadores, pero las negociaciones del exdirector de Pemex con la FGR para acceder al criterio de oportunidad y su arraigo domiciliario son —a juicio de la especialista— “muy preocupantes”.
¿En México pronto hablaremos de un Lava-Fiscal? “No se entiende por qué está incrustado todavía el poder Judicial, por qué no hay juicios” derivados de las denuncias por el caso Odebrecht, insistió Navarro, al igual con su crítica contra el “derecho premial” en las indagatorias y la utilización discrecional de la figura de testigo colaborador.
Efectos secundarios
CONTRIBUCIONES. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, acudió a la sede del Congreso estatal para entregar su tercer informe de gobierno en una sesión solemne, sin invitados especiales ni grandes contingentes, por la emergencia sanitaria. Eso y la crisis económica fueron los principales planteamientos del mandatario priista, quien resaltó los acuerdos tomados el sector privado para mantener en marcha la economía local y preservar las fuentes de empleo. No obstante, Riquelme reconoció que sin coordinación con la Federación es imposible avanzar, aunque sin equidad, nada es posible.
COORDINACIONES. Ante el riesgo de un rebrote de contagios de Covid-19, el Consejo Estatal de Salud de Sonora acordó la implementación de un mapa regional de riesgo epidemiológico, que servirá para anticipar las acciones de los actores gubernamentales y sociales, además complementar las decisiones del Consejo de Salubridad General sin frenar la marcha de la entidad.
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