La Auditoría Superior de la Federación formuló observaciones sobre 7 mil 700 millones de pesos erogados entre 2011 y 2017 por distintas instancias de Sedesol y la Sedatu
La Auditoría Superior de la Federación formuló observaciones sobre 7,700 millones de pesos erogados entre 2011 y 2017 por distintas instancias de Sedesol y la Sedatu. Y es que las pesquisas apuntaban a una sofisticada trama para fabricar expedientes que sustentaran los entregables de los estudios y servicios supuestamente realizados por las instituciones públicas contratadas por los funcionarios de esas dependencias en ese periodo.
Las indagatorias abarcaron contratos firmados por Jorge Carlos Ramírez Marín en Sedatu y José Antonio Meade Kuribreña en Sedesol, pero el hilo conductor fue la revisión del desempeño de los colaboradores de Robles Berlanga.
Al tratarse de compañías y asociaciones fachadas, los expedientes tuvieron que ser armados ad hoc para simular que las obras, los servicios y los productos auditados se realizaron o se entregaron, refiere un exfuncionario de la administración peñista. El equipo de Rosario coordinó a las empresas fantasmas y también, de la contratación, pago y armados de expedientes. Al principio, los auditores cayeron en la trampa.
Los rosaristas eran, en orden de jerarquía: Ramón Sosamontes Herreramoro, su jefe de Oficina; Emilio Zebadúa, oficial mayor de la Secretaría; y Rocío Gómez Bolaños, en funciones de vocera. Las auditorías y posteriormente las carpetas de investigación versaron sobre subsecretarios y directores generales adjuntos de las principales áreas de ambas dependencias federales.
En una primera etapa, la contadora pública Claudia Gabriela Morones Sánchez —exempleada de la ASF y exdirectora de recursos materiales en Sedesol y Sedatu— concentró la atención de los investigadores. Si bien dejó la función pública en el 2016, no causó baja entre los rosaristas; sólo cambió de lugar en la ventanilla de trámites y se convirtió en prestadora de los servicios que antes contrataba. Por asesoría en el pago de proveedores o la coordinación de recursos financieros y materiales para el aprovechamiento de los recursos disponibles, recibió ingresos a partir de ese año y hasta que finalizó el sexenio peñista.
Morones Sánchez también fungió como comisaria de Factores y Servicios Humanos Lizpog, fundada ese año por Lizette Prado Ordóñez y Lizette Chávez Zaragoza. La primera, hermana del director de adquisiciones y contratos de Sedesol-Sedatu mientras Robles Berlanga estuvo a cargo de esas dependencias.
Zebadúa González fue el superior jerárquico de Morones Sánchez, Prado Ordóñez y Sonia Angélica Zaragoza González, quienes despachaban en unas oficinas ubicadas en la colonia Nueva Anzures, en la delegación Miguel Hidalgo. Las oficinas alternas de la secretaria y su oficial mayor estaban ubicadas en la calle de Tennyson, en Polanco.
Solamente por convenios firmados entre siete instituciones educativas y la Sedesol fueron interpuestas seis denuncias penales, entre 2015 y 2016, por la ASF. Luego vendrían las denuncias por los convenios suscritos en Sedatu. Los involucrados: 16 funcionarios que pasaron por ambas dependencias, que firmaron 28 convenios por 3,258 millones de pesos con universidades y organismos de comunicación estatales, entre 2013 y 2016.
Por el convenio entre Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México, por 124 millones de pesos, se fincaron responsabilidades penales contra Morones, Prado y Zaragoza. Los excolaboradores de Zebadúa trataron de responsabilizar de esas decisiones al excoordinador de delegaciones, Simón Pedro de León, pero el juez de control decidió no ejercer acción penal contra ese funcionario, de origen zacatecano y cercano a Ramón Sosamontes.
En convenios investigados por la ASF y denunciados ante la Fiscalía aparecían las firmas de subsecretarios y del oficial mayor. En Sedesol, Zebadúa firmó los primeros convenios protocolarios con las universidades de Morelos, el 1 de marzo del 2013, y del Estado de México, el 6 de mayo de ese mismo año. Al amparo de esos convenios fueron contratados estudios y servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre, por 1,195 millones de pesos. La Cuenta Pública 2013 comprobó que dichos servicios no se cumplieron y que presuntamente hubo una “simulación de operaciones”. En Sedatu fueron al menos 12 convenios, que entre 2015 y 2016 sumaron otros 1,024 millones.
Efectos secundarios
AMPARADOS. Con seis de los 50 estados de la Unión Americana todavía en el conteo de los votos, Joe Biden lidereaba —al cierre de este espacio— la carrera por la Presidencia de la nación más poderosa del orbe. La confianza entre los demócratas subió en el transcurso de la primera jornada postelectoral, mientras que Donald Trump amenazaba con demandas en Pennsylvania y Michigan, además de requerir un recuento de votos en Wisconsin. Si las tendencias confirman el triunfo del exvicepresidente de Barack Obama, dos abogados serán los nuevos húespedes de la Casa Blanca: Biden obtuvo su título en la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse en 1968 —esa institución no está en el Top 14 de las escuelas de leyes en Estados Unidos y sería el primero en más de una centuria en alcanzar la primera magistratura—, mientras que Kamala Harris se graduó de la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California en 1989.
ENFRENTADOS. Los pilotos y los sobrecargos de Aeroméxico han pactado con la empresa un plan de retiros voluntarios para amainar los recortes en ciernes (si la Corte de Estados Unidos lo autoriza, prescindirán de 1,800 empleados). Las tripulaciones y el personal de tierra de Interjet han decidido tomar las calles, ante los constantes incumplimientos de los nuevos dueños de la aerolínea, que han decidido pagar otras deudas que el salario de sus empleados. Y mientras, VivaAerobus y Volaris han lanzado agresivos programas de promociones para generar un flujo adelantado de ingresos… ¿y sus trabajadores? Las aerolíneas de bajo costo también tienen plantillas con contratos laborales muy castigados, que les permite ofrecer tarifas por debajo del promedio del mercado. Esta situación representa un riesgo adicional a la permanencia de las empresas aéreas y los usuarios; sobre todo si consideramos que no hay condiciones de una mejoría en el ritmo de la actividad económica en los próximos meses.
OMISIONES. Por el monto —apenas 90 millones de pesos— resulta un contrato pequeño dentro de la Secretaría de Salud. Pero la limpieza de las instalaciones de esa dependencia federal generó una inusual disputa entre los proveedores de tales servicios. Hace un mes, el titular del OIC, Ángel Rodríguez Alba, recibió una denuncia de un exempleado de una de las licitantes, que revelaba detalles de una supuesta colusión que habría beneficiado a Grupo Relissa y en la que además figuraba Tecnolimpieza Delta.
@aguirre_alberto
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