La alternancia en México se materializó en 1997, con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en las primeras votaciones por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
La alternancia en México se materializó en 1997, con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en las primeras votaciones por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El G-8 negociado por Santiago Creel y Porfirio Muñoz Ledo en la casona de Esopo terminaría por romper la hegemonía priista en San Lázaro en ese trienio, pero un gobierno de izquierda en la mega urbe sería el hito que marcaría el asalto a Los Pinos instrumentado al amparo de la figura de Vicente Fox en el 2000.
Cárdenas ganó su cargo en las urnas. Fox llegó a la gubernatura de Guanajuato cinco años antes, como efecto de la concertacesión salinista que permitió la unción de Carlos Medina Plascencia, ante las acusaciones de fraude esgrimidas por Muñoz Ledo.
A punto de cumplirse 23 años de esa transición. En la víspera de la entrega-recepción, Óscar Espinosa Villarreal había designado a su secretario particular, Eduardo Maza, y su coordinador de asesores, Gabriel Díaz Rivera, como enlaces con los cardenistas. Un antropólogo y sociólogo, para dialogar con Javier Garza, Jesús González Schmall y Armando López-Fernández.
Cárdenas sería el primero en designar a una mujer (la economista Rosario Robles) como secretaria de Gobierno. Y también innovó, con un diseño de una Oficina del Jefe de Gobierno como apoyo en el cumplimiento de sus responsabilidades.
En el 2000, con la unción de Andrés Manuel López Obrador, a esa posición llegó René Bejarano, pero el expresidente nacional del PRD ampliaría un modelo de gestión que privilegiaría la contención de la violencia sobre la negociación con los grupos políticos.
Bejarano y el secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, darían seguimiento a esa agenda; mientras que el staff del Jefe de Gobierno —su secretario privado, Alejandro Esquer; su jefe de logística, Nicolás Mollinedo; y su vocero, César Yáñez— ayudaría al desahogo de los asuntos cotidianos con el apoyo de un equipo de asesores que incluía a personajes tan disímbolos como los Pepes —Barberán y Zamarripa—, López-Fernández y Nacho Marván.
Los primeros estaban instalados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Los segundos, en una casita de San Ángel. ¿Y Marcelo Ebrard? Originalmente designado por AMLO para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, tuvo que esperar la ratificación del presidente Fox, quien temporalmente concedió que Leonel Godoy fungiera como responsable del despacho. La estancia del jefe de la policía en el DF estaba sujeta a los caprichos de Los Pinos.
Ese formalismo, pero sobre todo la necesidad de optar por una estrategia distinta a la aplicada por el gobierno federal, llevó al político tabasqueño a implementar una tropicalización del COMPSTAT, el modelo aplicado en Boston, Los Ángeles y Nueva York por William Bratton.
La teoría de las ventanas rotas, desarrollada por Robert Kelling y James Q. Wilson, el sustento del modelo que buscaba reducir los índices de criminalidad en aquellas mega urbes. COMPSTAT, además de la recopilación de estadísticas sobre los delitos de alto impacto, consistía en reuniones con los jefes de policía distritales en las que se evaluaba su desempeño, de acuerdo a un calendario específico, y se les premiaba o les regañaba.
El modelo AMLO tuvo un añadido que resulta ahora característico: convocaba al gabinete de gobierno, seguridad pública y procuración de justicia —Ortiz Pinchetti, Godoy, Ebrard y el procurador Bernardo Bátiz tenían asientos permanentes— a juntas mañaneras, que terminaban a las 7:00 horas. Y de allí, a la conferencia de prensa…
Ente los staffers que acudían a esa reunión estaba Rosa Icela Rodríguez, quien había aceptado la dirección de participación ciudadana, en la secretaría de Gobierno, aunque pertenecía al equipo de René Bejarano. En la coordinación de asesores, Ebrard, Marván y López-Fernández desarrollaron un modelo unificador para hacer frente a la criminalidad en la CDMX: todas las dependencias y unidades del gobierno izquierdista debían cumplir con metas y obligaciones.
En términos territoriales, la unidad básica eran los comités vecinales (1,350 en aquella época) y después, los 16 delegados. En medio estaban las agencias del ministerio público y los módulos de seguridad pública, y para enlazar a la Procuraduría y a la SSP, el modelo AMLO habilitó las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (llegaron a ser 97 al final del sexenio lopezobradorista).
Una estrategia de inteligencia policial y un amplio trabajo vecinal de construcción de redes de seguridad estaban en la base del modelo, con el que se logró contener y luego bajar la incidencia delictiva en la CDMX. Entonces, Rosa Icela fue comisionada a coordinar el trabajo de las fuerzas gubernamentales en Tepito, la Buenos Aires y la Doctores.
Han pasado tres lustros. El modelo AMLO para combatir al crimen organizado fue corregido y aumentado por Alfonso Durazo, empero, no contó con el respaldo de los gobernadores. Allí comenzó el conflicto que ha llevado a la Alianza Federalista a radicalizarse. Pero esa es otra historia. Y una, al margen, es la opinión del alto mando castrense en el relevo en SSP, que favorecía a Omar García Harfuch, pero la intervención de Claudia Sheinbaum llevó a Rosa Icela al gabinete presidencial.
Efectos secundarios
MISTERIOSOS. Jaime Bonilla cumplió un año como gobernador de Baja California. La mitad de su mandato. Mientras se prepara para otras misiones, que ocurrirán en el mediano plazo, el mandatario morenista hizo un corte de caja: ha cumplido 93 de los 100 compromiso que formuló al asumir el cargo y en vísperas del arranque del proceso electoral, advirtió sin destinatario evidente: “¡Ya basta de oportunistas disfrazados de servidores públicos! El que quiera servir al pueblo debera hacerlo desde abajo, respetando su voz y atendiendo sus necesidades de manera inmediata. No hay más tiempo para la improvisación barata, aquella que pretendía ganar espacios, perdiendo lo más sagrado de un ser humano: la palabra empeñada”.
IMPREVISTOS. En el semáforo de riesgo sanitario, Sonora está en amarillo pero con un incremento de contagios de 22% en la última semana, y para evitar caer en naranja, el Consejo estatal de Salud sugirió la implementación de un paquete de medidas al Ejecutivo y al Legislativo; pidió disponer los cambios normativos que hagan obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y todas las interacciones sociales. No obstante, la gobernadora Claudia Pavlovich —quien había regresado a Hermosillo después de un recorrido por la sierra alta— tendrá que acuartelarse, tras de dar positivo a Covid-19.
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