Por burdos, los intentos resultan fallidos. Todos proceden de direcciones de correo electrónicas cuyos propietarios originales son personas o instituciones con nombres latinos pero que remiten a otras direcciones para conseguir información sobre “un negocio que podría interesarte”
Por burdos, los intentos resultan fallidos. Todos proceden de direcciones de correo electrónicas cuyos propietarios originales son personas o instituciones con nombres latinos pero que remiten a otras direcciones para conseguir información sobre “un negocio que podría interesarte”.
Los buscadores son —depende de la época— presuntos descendientes del dictador libio Muamar Gadafi o de banqueros nigerianos fallecidos o de militares estadounidenses desplegados en Afganistán. En las semanas recientes, estos cazadores de incautos ofrecen 750,000 a las cuentas elegidas, provenientes de “fondos de ayuda” por el Covid-19.
El remitente es una direcció[email protected], aunque hace la oferta en nombre de la fundación Conrad N. Hilton.
Para hacer phising, la ciberdelincuencia se vale de cualquier fórmula que resulte creíble a las potenciales víctimas. De tanto en tanto, el SAT emite alertas sobre los avisos electrónicos que tratan de obtener información bancaria de los contribuyentes, a veces con ofertas falsas de exenciones fiscales, otras con improbables requerimientos o actualizaciones. A la CNBV y la Condusef toca proteger a los usuarios de los servicios bancarios y financieros, y la aplicación de una nueva normativa enfocada esencialmente en el levantamiento de bases de datos biométricas.
Nada más. La Auditoría Superior de la Federación concluyó —después de analizar las políticas públicas aplicadas entre 2015 y 2019, inclusive— que no existe una política integral o estrategia de gobierno para atender el problema. Y lo que es peor: la legislación federal, al igual que la de la mayoría de las entidades federativas, no contempla un tipo penal que sancione el robo de identidad y únicamente se persiguió cuando se vincula con otro tipo de delitos, como el caso del fraude.
Para combatir a la ciberdelincuencia, primero deberían instaurarse medidas legislativas necesarias para tipificar como delito la introducción, alteración o supresión deliberada e ilegítima de datos informáticos que genere datos no auténticos con la intención de que sean utilizados como auténticos con el propósito de obtener de forma ilegítima un beneficio económico, pero México no formó parte de dicho convenio.
La supervisión de la Condusef —señala la ASF en la Cuenta Pública 2019— ocurre hasta que el usuario presenta su reclamación, lo que implicó que privilegia el enfoque reactivo y no el preventivo. El año pasado, de las 63 instituciones de crédito obligadas a cumplir con el uso de datos biométricos, 55 presentaron planes de trabajo para la validación de la identidad de los usuarios ante la CNBV, los cuales fueron aprobados y se revisó su avance trimestralmente. Y las ocho restantes tuvieron que dar inicio con la verificación biométrica a partir del 1 de enero del 2019; la inspección del regulador reveló que sólo supervisó a dos de esas ocho entidades.
El sistema financiero mexicano estima que al menos 54 millones de personas en el país —68% de la población de entre 18 y 70 años— cuentan con al menos un producto financiero. Sobre el número real de personas víctimas de suplantación de identidad, no hay mayores referencias, más que la ENIF 2018 del INEGI, que refirió a 5.810 de usuarios afectados por algún problema de clonación de tarjetas, robo de identidad o fraude.
El año pasado, en todo el sistema financiero mexicano se presentaron 61,015 reclamaciones vinculadas con una posible suplantación de identidad, de las cuales 54,469 (89.3%) quedaron registradas en el Buró de Entidades Financieras y sólo el restante 10.7% (6,546) en Condusef; de éstas, en 86.2% (5,640) se registró un criterio de resolución.
A favor del usuario resultaron 59.2% (3,341) y 40.8% (2,299) desfavorable; no obstante, el porcentaje de resolución a favor disminuyó en 15.1 puntos porcentuales, respecto de 74.4% del 2016; en tanto que el monto reclamado ante la Condusef ascendió a 215 millones de pesos, de los cuales se restituyó 49.1% (105.5 millones), dicho porcentaje descendió 33.0 puntos porcentuales respecto del 82.1% abonado en el 2018.
“Existe la necesidad de fortalecer las medidas que buscan proteger los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros y reducir su vulnerabilidad, toda vez que la falta de una política integral o estrategia de gobierno que atienda el problema”, concluyó la ASF.
Esa instancia también identificó “deficiencias” en la oportunidad en la atención a los quejosos: los plazos de las gestiones electrónicas sobrepasaron los 10 días hábiles estipulados para ese proceso, así como los 60 días hábiles en la solicitud de la emisión de dictámenes, y para el proceso de conciliación no se definieron plazos, en consecuencia, la evaluación de su procedencia se llevó a cabo en un rango entre uno y 257 días hábiles, por lo que en caso de pasar por todos los procesos de defensa y de acuerdo con los tiempos de atención registrados en el 2019, los usuarios podrían tardar desde 54 días hasta 604 días hábiles tratando de resolver su inconformidad antes de iniciar su solución ante las autoridades judiciales.
Efectos secundarios
RECETA. The Financial Times reveló los términos de una conversación entre Andrés Manuel López Obrador y su homólogo argentino, Alberto Fernández, quienes habrían conversado —el año pasado— sobre Donald Trump. “Con él puedes hacer lo que quieras, simplemente no digas nada, no te metas en una confrontación y estarás bien”, aconsejó el mandatario mexicano. En vísperas del Súper martes, la vigencia de esa receta podría verse alterada dramáticamente: la publicación británica cree que si el candidato demócrata, Joe Biden, derrota al republicano, Argentina tendrá un mejor trato. ¿Y México?
REGIOS. La elite empresarial regiomontana ha quedado exhibida en sendos documentales —The Vow, transmitido por HBO y Seduced, de Starz TV— sobre ESP, los cursos impartidos por el guru Keith Raniere y sus socios mexicanos Emiliano Salinas, Alejandro Betancourt y Alejandra González Anaya, además del DOS y la secta que esclavizó a una docena de mujeres. Otra historia de ese calibre actualmente está en curso e involucra al empresario Agustín Villarreal Budnik, dueño de la firma Ladrillera Mecanizada y pastor de una iglesia cristiana, quien fue expulsado de esa congregación.
El escándalo rodea a esa familia, por la disputa de hangar entre padre e hijos e implica investigaciones por un presunto secuestro. Villarreal Budnik también es el presunto protagonista de un audio donde, con su abogado, planea entregar un soborno a funcionarios judiciales de Nuevo León, en el caso de su acusación contra su hermano.
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