En el foro académico, Toledo Manzur se pronunció por la nacionalización de los yacimientos de litio y pidió que se frene la agricultura en productos como la soya, porque, desde su punto de vista, devasta el medio ambiente
Más de una vez, producto de una advocación palmaria, a la conferencia mañanera de Palacio Nacional han llegado cuestionamientos a las posturas del secretario Víctor Manuel Toledo Manzur. La más reciente ocurrió la semana pasada, tras de que el titular de la Semarnat sugiriera nacionalizar los yacimientos de litio en México.
¿A título personal o en su calidad de integrante del gabinete de la Cuarta Transformación? Toledo Manzur había intervenido en un webinar organizado por la UNAM donde –a partir de la contingencia sanitaria por el Covid-19– los participantes discutieron sobre la pandemia, el post neoliberalismo y el futuro de América Latina.
Las reacciones de los industriales mineros fueron casi inmediatas, entre el repudio y el sobresalto. Particularmente, en Sonora, donde se localiza una de las reservas del mineral –materia prima para la elaboración de baterías eléctricas– más grandes del mundo, de acuerdo a los cálculos de investigadores de la firma Minning Technology. En el municipio sonorense de Bacadéhuachi, desde hace tiempo ya trabajan asociados, la canadiense Bacanora Minerals, con 77.5% de la inversión, acompañada de la china Ganfeng, con 22.5% del capital y esperan producir 35,000 toneladas de litio anuales.
En el foro académico, Toledo Manzur se pronunció por la nacionalización de los yacimientos de litio y pidió que se frene la agricultura en productos como la soya, porque, desde su punto de vista, devasta el medio ambiente.
¿Ojo por ojo? Toledo Manzur también ha sido blanco de cuestionamientos de líderes agroindustriales, por haber prohibido la entada de glifosato a México, en diciembre del año pasado, y su insistencia en endurecer el marco normativo y proscribir definitivamente el uso de ese herbicida en los campos agrícolas de México.
Justo hace un mes, académicos, investigadores, representantes de ONG y prestadores de servicios firmaron una carta de respaldo al secretario del Medio Ambiente, para luego advertir sobre sus probables efectos cancerígenos en humanos y otros efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica. La validez de esos argumentos ha sido cuestionada por el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, quien reclamó al titular de Sader, Víctor Villalobos, hacer válidas las autorizaciones de Cofepris.
En medio, la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la negligencia de las autoridades competentes al no restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad. Y ante la incertidumbre, muchos empresarios ya han buscado alternativas para desmontar la mala hierba.
El titular de Semarnat destaca, en el gabinete lopezobradorista, por su beligerancia hacia las compañías multinacionales dedicadas al cultivo y procesamiento de alimentos y bebidas. A estas batallas se ha sumado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien antes de la contingencia sanitaria por el Covid-19 había logrado derogar el etiquetado GDA –impulsado en 2010 por la industria del ramo– y sustituirlo por una advertencia similar a la que está vigente en Chile.
Toledo y López-Gatell están en la primera línea de la batalla de la Cuarta Transformación contra las multinacionales. Allí está, por ejemplo, el programa especial de carácter intersecretarial, en que participan las secretarías de Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Economía, Bienestar y el Conacyt, que busca instaurar sistemas alimentarios sanos desde la producción hasta el consumo.
La modificación del etiquetado que entrará en vigor el próximo octubre, y la eliminación gradual del glifosato y otros 40 plaguicidas, junto con la prohibición de los alimentos transgénicos (maíz, soya y algodón), son los primeros escarceos. Muy pronto, vendrá otra ofensiva… con la Procuraduría Federal del Consumidor como principal ariete.
Efectos secundarios
REACTIVACIÓN. Dentro de dos semanas, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Mario Delgado Carrillo, deberá tener listas las cuatro quintetas para ocupar el mismo número de asientos en el Consejo General del INE. El proceso para elegir a los nuevos consejeros ciudadanos quedó suspendido a mediados de marzo por la contingencia sanitaria, tras de que fueran seleccionados 60 candidatos, entre casi 300 aspirantes. El Comité Técnico Evaluador comenzará a entrevistarlos a partir de este lunes 6, vía Zoom. Y el 20 de julio, el Pleno será citado a periodo extraordinario, que tentativamente ocurrirá el miércoles 22.
¿FUEGO AMIGO? Armando Zazueta Hernández, delegado de los programas federales en Jalisco, nuevamente es protagonista de una polémica. Esta vez, por los señalamientos formulados por Angélica Eusebio Guzmán, encargada de dar seguimiento a personas vulnerables, quien asegura que no se han seguido los procedimientos adecuados para operar los programas de la Secretaría del Bienestar en le entidad, los cuales Zazueta Hernández sólo dicta de viva voz y cómo se le ocurra, sin contar con oficios o documentos donde se instruya al personal para llevar a cabo la entrega y acreditación de los programas.
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