Desde entonces, los bajacalifornianos han visto el desplazamiento de los cuadros políticos formados por el PRI y por el PAN
Definido que Jaime Bonilla entregará la gubernatura de Baja California en el 2021, ya arrancó la sucesión. El dirigente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, tendrá que definir si incursiona en las lides electorales en su estado natal o enfoca sus esfuerzos a la articulación del frente nacional opositor.
Hace tres décadas, la alternancia en el poder político comenzó en aquella esquina del mapa nacional. El PRI nunca pudo recuperar el poder y si el empresario Jorge Hank Rhon conquistara la nominación tricolor, podría extender a 32 años su ausencia del Ejecutivo estatal.
Desde entonces, los bajacalifornianos han visto el desplazamiento de los cuadros políticos formados por el PRI y por el PAN. La unción de Morena materializó el ascenso de nuevos actores y, también, evidenció la injerencia de poderosos grupos económicos, mismos que buscarían incidir en la carrera por la gubernatura que se definirá justo dentro de un año.
En este periodo, uno de los grupos empresariales más socorridos por los políticos es el de la familia Zaragoza, cuyas filiales almacenan y distribuyen más de 80% del gas que se consume en la entidad.
Fuentes de la 4T en Baja California identificaron a un grupo de políticos que tendrían el respaldo de los hermanos Zaragoza, en pos de la gubernatura: el coordinador de los programas federales en la entidad, Jesús Alejandro Ruiz Uribe; el actual alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz; y el fiscal general del estado, Guillermo Titi Ruiz.
En el extremo opuesto –ubican– estarían dos de los principales aspirantes a la candidatura morenista y un diputado federal del extinto Partido Encuentro Social, quienes se han pronunciado en contra de las prácticas monopólicas y han tocado el tema de la libertad de mercado en la entidad: la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmedo; y el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan.
En 2018, cuando era diputada federal, la hoy alcaldesa de la capital cachanilla presentó un exhorto en San Lázaro relativo a las prácticas monopólicas en la comercialización de gas LP en su estado, en el que documentaba que 11 de las 18 plantas que está operando en el estado pertenecen a Zeta y a Silza, de la familia Zaragoza.
Por su parte, el secretario de Economía, Mario Escobedo Carignan, también ha señalado que en Baja California existe un monopolio del gas que evita la libre competencia del mercado, y por ende genera que los precios sean los más altos del país. A partir de sus declaraciones, el funcionario estatal ha sido blanco de ataques que tratan de pegarle en su credibilidad, vinculándolo sin pruebas, a tratar de beneficiar a algunas empresas que han luchado para romper el histórico monopolio.
Otro actor político que se ha posicionado en contra del monopolio del gas es el diputado del PES, Héctor Cruz Cuéllar, quien incluso ha tenido confrontaciones directas con el alcalde de Tijuana, a quien ha señalado de proteger al grupo económico de los Zaragoza.
En vísperas del arranque formal del proceso electoral, el INE elegirá al consejero presidente provisional del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Efectos secundarios
DESHONRADOS. A un mes de la intoxicación de pobladores de La Montaña de Guerrero que consumieron aguardiente –al menos 15 fallecieron–, agentes de la Fiscalía de Morelos realizaron un cateo en una bodega en el municipio de Puente de Ixtla y descubrieron que había más de 7,000 botellas de las marcas más consumidas de whisky, tequila y licor de agave en aquella zona del país, que eran rellenadas con alcohol adulterado, según consta en la carpeta de investigación JO-UEDD/1452/2020. Mientras las autoridades judiciales deslindan responsabilidades, los representantes legales de la empresa propietaria de la marca de licor de agave Rancho Escondido, exigieron al gobernador Héctor Astudillo y a las autoridades sanitarias de Guerrero dejar de difamar irresponsablemente la marca y el producto de nuestros representados. Hace una semana, la Comisión estatal para la protección de riesgos sanitarios recomendó a la población no consumir ese producto, no obstante que ese mismo día, la Cofepris realizó una inspección en la planta de Rancho Escondido en Tonaya, Jalisco, que arrojó un puntaje de 96, de 100 puntos posibles. En la última semana, decenas de licorerías y tiendas de conveniencia han retirado los productos, por instancias de los funcionarios de Guerrero. “Ninguna autoridad responsable puede salir a lanzar infundios sin consecuencias”, consideró el abogado Marco Antonio Del Toro, “de no corregir lo afirmado, emprenderemos acciones legales en su contra que serán presentadas ante las distintas autoridades judiciales e incluso legislativas. Debe cesar toda afirmación o insinuación que lesione la marca registrada de nuestros representados y su patrimonio. Lo contrario significaría favorecer a quienes dañan la industria, la salud y la vida de las personas con la adulteración y la falsificación impune”.
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