Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas encabezan la lista, que completan Ramón Pequeño y Lizette Parra Salazar. Ninguno en el servicio público actualmente
Han pasado seis meses de la aprehensión en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno calderonista. Y desde entonces, corren ríos de tinta sobre sus comparecencias ante el juez Brian Cogan en la Corte de Nueva York: su declaración de no culpabilidad, su (improbable) colaboración con la fiscalía, sus fallidos intentos por obtener un arraigo domiciliario, mientras transcurre el juicio…
Sobre lo que sabe del Cártel de Sinaloa y lo que calla el exhombre fuerte del calderonismo sobre la corrupción del aparato policiaco, mucho se ha especulado. En la Cuarta Transformación, apenas y se confirmó su internamiento en un centro de reclusión en Brooklyn, casi de inmediato exigieron las cabezas de los jefes policiacos incrustados en la FGR y la Guardia Nacional que colaboraron cercanamente con García Luna.
Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas encabezan la lista, que completan Ramón Pequeño y Lizette Parra Salazar. Ninguno en el servicio público actualmente. Ninguno, con vínculos con la 4T. A nivel local sólo quedan Maribel Cervantes, titular de Seguridad Ciudadana en el gobierno del Estado de México; Omar García Harfuch, jefe de la policía en la CDMX, y Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes.
Este último, junto con Cárdenas Palomino, ahora está en la mira. Formado originalmente en la PGR, se incorporó en el 2007 a la Unidad de Inteligencia de la Agencia Federal de Investigación y después a la Policía Federal, donde fungió primero como director de Operaciones Encubiertas y después como titular del área de Situaciones Tácticas en la Coordinación de Operaciones Especiales.
Sánchez Mendoza pasó ocho años en la PFP. En el sexenio peñista fue designado coordinador de Investigación Técnica y Operación y posteriormente fue comisario jefe de la Policía Federal, hasta el 2014, cuando fue enviado como titular de las Fuerzas Federales a Puerto Escondido, Oaxaca.
Allí permaneció hasta junio del 2018, cuando se incorporó al equipo del gobernador panista Martín Orozco, con la misión de conjuntar los esfuerzos policiacos de los 10 municipios y el gobierno estatal, pero sobre todo con la tarea de frenar los secuestros que volvieron a golpear al empresariado hidrocálido.
Sin demasiada presencia mediática, logró construir una buena imagen en aquella entidad no obstante los resultados modestos de su gestión… hasta la detención de su exjefe. Los medios locales de inmediato hicieron eco de sus vínculos con el exsecretario de Seguridad Pública calderonista y dieron cuenta de la ubicación de Aguascalientes en el Top 5 de entidades con mayor presencia del crimen organizado, según el semáforo de Delitos de Alto Impacto correspondiente al primer trimestre del 2020.
En vísperas del inicio del juicio a García Luna en Nueva York, volverán los señalamientos sobre sus excolaboradores. ¿Quiénes podrían ser sospechosos de estar involucrados en promover o tolerar el ascenso del Cártel de Sinaloa? En Aguascalientes se habla de un video que podría traer nuevas revelaciones. ¿Quiénes estarán involucrados? ¿Hasta qué punto todos estos años de “guerra contra el narcotráfico” han descompuesto las capacidades del Estado para hacer frente al reto de la inseguridad? ¿Surgirá una nueva línea de investigación? Pronto, sabremos a dónde se dirigen las investigaciones y qué otros nombre surgen.
Efectos secundarios
REPROCHES. El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello dijo que el INE se vio “forzado y sorprendido” por el decreto presidencial que devolverá –a partir del viernes– poco más de 18 minutos de tiempos fiscales diariamente a los concesionarios de los medios electrónicos. Para la autoridad electoral, definió, esa decisión unilateral del Ejecutivo federal redunda en una indebida cancelación de impuestos. “Se trata de recursos de la nación mexicana y que se han devuelto a particulares por una decisión unilateral, eso es justamente lo que se está impugnando ante la Suprema Corte de Justicia”, explicó.
RECONVERSIÓN. Un millón de botellas de plástico donadas por Coca Cola México fueron transformadas por PetSat –la planta recicladora más grande del mundo– en gránulos de pellets, que posteriormente a través de un proceso de extrusión y termoformado, fueron empleados en la fabricación de más de 200,000 caretas de protección calibre .20, que serán distribuidas entre profesionales de la salud que enfrentan al Covid-19.
ULTIMÁTUM. Manaña vence el plazo para la Comisión de Hacienda en el Senado, que recaba opiniones sobre el proyecto de la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, que sustituiría a la Ley Federal de Metrología y Normalización, actualmente en vigor. Pero la petición de diversos organismos empresariales para analizar la iniciativa con expertos en la materia en Parlamento Abierto, simplemente no procedió. El miércoles el morenista Ricardo Monreal atendió a la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial y se volvió a insistir para discutir este proyecto, pues de aprobarse afectará a la industria, comercio, empleos y a todos los servicios que se manejan en nuestro país, además de propiciar la entrada de organismos internacionales para acreditar y certificar normas, entre otras repercusiones.
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